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El difícil reto de volar solo tras crecer tutelado por la Generalitat

Con menos estudios que la media de sus compañeros de edad y sin un colchón familiar, asumir su independencia es una tarea complicada

Norián Muñoz

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Eva es extutelada y tiene una beca para seguir sus estudios de bachillerato en Artes Escénicas. Sueña con trabajar en musicales. Foto: pere ferré

Eva es extutelada y tiene una beca para seguir sus estudios de bachillerato en Artes Escénicas. Sueña con trabajar en musicales. Foto: pere ferré

Para la mayoría de jóvenes cumplir, por fin, los 18 años es sinónimo de un mundo de posibilidades que se abren. No obstante, la ansiada mayoría de edad no depara lo mismo a todos. En el caso de los jóvenes que han sido tutelados por la Generalitat, la fecha marca el momento en que la administración deja de tener obligaciones con ellos.

Les toca, pues, emanciparse, a una edad en la que la mayoría de los chicos ven lejano el momento de dejar la casa familiar. Valga recordar, por ejemplo, que en España sólo 1 de cada 5 menores de 30 años es independiente.

Francesc Balagué, jefe del Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la Generalitat, AJTET, reconoce que, incluso en el caso de los jóvenes «arropados» por su familia, la capacidad de llevar una vida autónoma con 18 años es «muy justa».

En el caso del Camp de Tarragona, el área que dirige atiende a 197 extutelados.Además, actualmente están bajo la tutela de la Generalitat 168 jóvenes que cumplirán la mayoría de edad entre lo que queda de 2015 y 2017.

En pisos compartidos

Entre los extuelados hay variedad de circunstancias; desde chicos que se encuentran en esa situación desde niños porque su familia no podía o no tenía medios para atenderles, hasta los que llegaron en la edad crítica de la adolescencia. También hay inmigrantes que ingresaron solos a España.

Apunta Balagué que para los extutelados existen, principalmente, tres tipos de ayudas. La primera es la ayuda de vivienda, que se presta en pisos tutelados con el apoyo de educadores. El piso es compartido hasta por cuatro jóvenes, a exepción de una residencia de Vila- Seca, con capacidad para doce. En el Camp de Tarragona sólo 26 extutelados están beneficiándose de este recurso. Balagué asegura que la posibilidad se les ofrece a todos, pero reconoce que hay quien, después de años de vivir en un centro, acaba «harto de las instituciones».

También tienen derecho a una prestación económica de 640 euros al mes si llevaban tres años tutelados al cumplir los 18 y siempre que suscriban un plan individual, una especie de pacto en el que se comprometen a dar pasos para encaminar su futuro. Si llevan menos de tres años tutelados al cumplir la mayoría de edad, la ayuda es por seis meses. El año que viene el plazo en estos casos se ampliará a nueve meses. La ayuda, pionera en España, se revisa trimestralmente para saber si el joven cumple con los objetivos que se han pactado. Se termina a los 21 años.

Los que quieren seguir estudiando pueden optar a una de las becas que desde 2009 convoca la Obra Social ‘la Caixa’ y que consta de 519,12 mensuales. Durante estos años el programa ha acogido a 130 jóvenes catalanes. Este curso 4 de los 47 participantes son de Tarragona. La beca termina a los 24 años o al acabar los estudios y es un recurso importante, teniendo en cuenta que estos chicos, por su propia historia de vida, suelen tener un nivel escolar y unos resultados académicos inferiores a los de sus compañeros.

Balagué reconoce que, aunque las medidas consiguen dar cierto soporte en un momento crítico, contar con ayudas durante dos o tres años más ayudaría a poder darles un apoyo mayor antes de exigirles volar solos.

A principios de año La Taula del Tecer Sector, que reúne a entidades sociales, presentó el informe «Jóvenes extutelados. El reto de la emancipación», en el cual advertía de la vulnerabilidad y estigmatización de estos jóvenes en comparación con los chicos de su misma edad y pedía un marco legal que garantice, en todos los territorios, la atención más allá de la mayoría de edad.

Denunciaban, además, el caso, paradójico, de los jóvenes inmigrantes. La legislación actual les obliga a tener una oferta laboral de jornada completa de un mínimo de un año para poder obtener un permiso de trabajo. En resumen, tienen residencia pero no un permiso de trabajo, situación que con frecuencia les empuja a la exclusión social.

Futuro incierto

Para conocer con más detalle lo que sucede una vez que acaba el período en que pueden recibir ayudas, Balagué explica que están preparando un estudio. Uno previo, realizado en la Universitat de Girona y publicado en 2013, encontró que en el 70% de los casos, los jóvenes recibieron una valoración positiva, es decir, cumplieron con éxito o de manera aceptable los objetivos que estaban previstos para ellos y casi el 30% fracasaba en los objetivos.

También apuntaba el estudio que el 47,5% terminaba su relación con el ASJTET tal como estaba previsto, el 28,4% pedía el alta voluntaria y en el 24,1% se rompía el proceso por falta de recursos para ofrecer al joven, incumplimiento y hasta huidas y defunciones.

Balagué reconoce que se ha avanzado mucho, pero todavía «tenemos mucho trabajo por hacer».

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