El edil de Urbanisme de Tarragona se opone a que la Ciutat de Repòs sea un resort

El gobierno de PSC, PP y Unió apuesta por el uso hotelero, pero el concejal recuerda que el POUM impide la gestión privada

19 mayo 2017 17:49 | Actualizado a 21 mayo 2017 15:27
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El futuro uso de la Ciutat de Repòs i Vacances – un espacio de 14 hectáreas de superficie propiedad de la Generalitat de Catalunya que está cerrado desde el 31 de diciembre de 2011– será de utilidad pública o no será. Así de claro se expresa el concejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona, Josep Maria Milà (PSC), quien recuerda que, pese al interés de varios grupos hoteleros privados por invertir en el emplazamiento situado junto a la N-340 frente a la playa Llarga, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) especifica que la zona está catalogada como «equipamiento de interés público o social», una condición que, a juicio del edil socialista, impide que el espacio sea gestionado por una empresa con ánimo de lucro.

Se da la circunstancia de que el nuevo equipo de gobierno formado por PSC, PP y Unió Democràtica se ha marcado como uno de los objetivos del pacto firmado el pasado 2 de febrero en Casa Canals que la antigua Ciudad Residencial se convierta en un centro de referencia turístico. Así lo pusieron de manifiesto tanto el alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) como Alejandro Fernández (PP) o Josep Maria Prats (Unió) durante el encuentro que mantuvieron el 12 de febrero con el Diari.

«Queremos que sea un resort de máximo nivel. Ahora bien, deberán cumplirse dos condiciones: que en el edificio que hay junto a la carretera se reserve un espacio para el centro cívico de Llevant; y que las instalaciones deportivas puedan ser de uso ciudadano», explicó ese día Ballesteros. Exactamente en la misma línea se expresó Fernández, quien especificó que «de esta forma volverá a ser lo que ya fue durante muchísimos años: un centro referente de turismo». Por su parte, Prats también apostó por el espacio hotelero y especificó que «deberá ser complementario con la Savinosa».

Pese a las intenciones hechas públicas hace meses por parte de los tres líderes del pacto de gobierno de la Plaça de la Font, ahora el concejal de Urbanisme muestra su oposición contra estas intenciones. «El POUM dice lo que dice: que la Ciutat de Repòs debe ser un espacio público, no privado. Se pueden querer poner muchas cosas, pero primero debe estudiarse el Plan General» remarca Josep Maria Milà.

De hecho, en el plan urbanístico que fue aprobado por unanimidad del pleno municipal del año 2013 –formado entonces por PSC, CiU, PP e ICV– se indica que la Ciudad Residencial está incluida en el Pla Especial Urbanístic 05. En este documento se remarca la «necesidad de concretar los usos y la volumetría a implantar dentro del recinto», a la vez que se exige que «deberá garantizarse el uso público de los terrenos, la preservación del patrimonio arquitectónico y del arbrado existente».

En concreto, según la planificación territorial de la ciudad, en un equipamiento público o social como el de la Ciutat de Repòs pueden preverse los siguientes usos: administrativo, educativo, universitario, tecnológico, deportivo, residencial colectivo (como residencias para persones mayores o universitarias), cultural, ocio, sanitario, religioso, aparcamiento, desechería, servicios funerarios o equipamiento histórico.

«La zona no es un lugar edificable para ser un hotel, y esto es lo que defendemos: que sea un equipamiento al servicio de la ciudad. Esperamos que la Generalitat tenga alguna solución plausible y que se adapte a esta circunstancia» explica Milà.

El representante del gobierno liderado por Ballesteros ve muy complicado cambiar el uso existente mediante una modificación urbanística. «Es complejo y sería horroroso que la ciudad perdiera un equipamiento público como éste» afirma el edil de la formación socialista, quien de esta forma cierra prácticamente la puerta a la posibilidad de que el espacio pueda albergar un uso turístico, que es lo que habían acordado en el pasado los representantes municipales con la Generalitat de Catalunya.

De hecho, un equipo técnico formado por miembros de ambas instituciones había iniciado los primeros trabajos para elaborar un plan especial y permitir que el entorno pudiera albergar un negocio privado destinado al ocio. Empresas como el Group Palas, Estival Park o Rosell habían mostrado interés por la finca, pero la lentitud burocrática frenó sus aspiraciones para invertir en la antigua residencial. Además, ahora parece que la entrada de Milà ha paralizado definitivamente esta orientación inicial para centrarse en lograr un uso más social.

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