El exdirector Tarrats sigue sin declarar ante el juez

El fiscal especialista en patrimonio histórico, Ignacio Monreal, presentó una denuncia en noviembre de 2016 en el Juzgado contra el exdirector del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) Francesc Tarrats, por haber mantenido cerrada la mayor parte de la Necròpolis Paleocristiana durante más de veinte años, privando a los ciudadanos de admirar un conjunto arqueológico único en el mundo. Han pasado dos años y el investigado todavía no ha declarado ante el juez instructor. Por una parte, porque solicita comparecer después de los testigos y, por otra, porque ha ido incrementando continuamente la lista de estos.
Después de años de diligencias abiertas, el fiscal vio indicios de criminalidad en la actuación de Francesc Tarrats al frente del MNAT. Y en su escrito era muy contundente en la actuación del procesado: «Por propia y sola voluntad decidió el cierre al público con carácter indefinido». Y todo, según el representante del Ministerio Público, por una rabieta.

La Fiscalía sostiene que el cierre tiene «incalculables consecuencias por privar de su disfrute a cualquier ciudadano», además de las pérdidas económicas ocasionadas por la no venta de entradas, así como por la degradación del espacio. Así, con el cierre al público, el conjunto ha sido y está siendo objeto de un abandono «inadmisible», especialmente en lo que se refiere al edificio del museo, tanto en su interior como en su exterior, fundamentalmente hasta las visitas de inspección de la Guardia Civil de los días 11 de septiembre de 2011 y 28 de octubre de 2014, asegura el fiscal. 

Durante las diligencias de investigación, el fiscal –además de encargar un informe a la Guardia Civil–, tomó declaración al propio Tarrats y a dos testimonios. Cuando el caso de judicializó, el magistrado del Juzgado de Instrucción 2 escuchó la declaración de diez testigos, entre ellos la esposa del propio Tarrats y un guardia civil. Ahora, el abogado del investigado –que es del Gabinet Jurídic de la Generalitat– ha solicitado que se tome declaración a doce personas más, entre ellos funcionarios, un catedrático de Zaragoza y Andreu Muñoz,  arqueólogo y director del Museu Bíblic. Una petición a la que piensa oponerse el fiscal al considerar por una parte de dichos testigos no son necesarios y, por otra, porque se trata de una maniobra para ir dilatando en el tiempo la instrucción del caso.