El fiscal investiga las quejas vecinales por ruido de la discoteca de la calle Major

El Ayuntamiento ya le abrió en diciembre un expediente sancionador

31 enero 2019 10:40 | Actualizado a 01 febrero 2019 17:04
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La Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada por una vecina de la calle Major de la ciudad contra la discoteca Bloomsbury por los ruidos y molestias que ocasiona al vecindario, una situación que se viene arrastrando desde hace varios meses. Paralelamente, el Ayuntamiento ha abierto un expediente sancionador a la empresa por haber hecho caso omiso a los requerimientos que le hizo para que adoptase una serie de medidas correctoras en el establecimiento. 

La situación se arrastra desde el mes de septiembre de 2017, cuando abrió la discoteca. Los afectados se quejaban de que por la noche no podían dormir por el elevado volumen de la música que sonaba en el interior y también por el ruido que hacían los clientes en el exterior, además de la suciedad que provocan en la calle. Finalmente, una de las afectadas presentó una denuncia ante la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Tarragona.

El representante del Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación y ha solicitado un primer informe a la Guardia Civil sobre las características de la discoteca, las distancias, altura, etc. Posteriormente se solicitará un informe a la Generalitat por el tema del ruido.

Incumplimientos
Con anterioridad, el pasado 4 de diciembre, el Ayuntamiento de Tarragona abrió un expediente sancionador a la empresa titular del establecimiento «por el incumplimiento del requerimiento del control periódico y de la adopción de medidas correctoras ordenadas por resolución de fecha 3 de octubre». En aquella fecha, el Consistorio instó a la empresa a adoptar dichas medidas y también se le requirió que aportase el control periódico favorable de la actividad. Y se le daba un plazo de un mes para que lo hiciera. También se le informaba que la multa aplicable a estos casos oscila entre los 1.001 y los 10.000 euros.

Pasaron las semanas y el pasado 27 de noviembre –casi dos meses después– se le volvió a requerir, a la vez que se le recordaba que, de no hacerlo, se iniciaría un expediente sancionador, que sería independiente y paralelo al mencionado procedimiento.

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