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¿El franquismo ha muerto?

La polémica. Cuando mañana se cumplen 42 años de la muerte de Franco, sectores de la sociedad catalana insisten en que el Estado español demuestra tics dictatoriales. Otros lo niegan con rotundidad

Xavier Fernández

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Manifestación en la Rambla Nova, el 8 de febrero de 1976, bajo el lema «Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia». Fue convocada por la Assemblea de Catalunya. FOTO del blog aboriginemag.com

Manifestación en la Rambla Nova, el 8 de febrero de 1976, bajo el lema «Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia». Fue convocada por la Assemblea de Catalunya. FOTO del blog aboriginemag.com

Presos políticos. Políticos presos. En este caso, el orden de los factores altera -y mucho- el producto. El independentismo y sectores de la izquierda aseguran que los líderes de la ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium, Jordi Cuixart; el vicepresident y los siete consellers de la Generalitat encarcelados por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están entre rejas por sus ideas políticas. Por contra, los partidos del 155 (PP, Ciudadanos y PSOE y PSC) lo niegan con rotundidad, presumen de democracia, defienden que en España hay separación de poderes y precisan que si esas diez personas están en la cárcel es por la gravedad de los delitos de los que se les acusa: rebelión, sedición, conspiración y malversación.

La inmensa mayoría de juristas rechazan que sea un encarcelamiento político, pero también muchos disienten de la dureza de la jueza Lamela, que dictó prisión provisional sin fianza para todos los encausados. Y, sobre todo, consideran que en ningún caso se les puede imputar el delito de rebelión puesto que el Código Penal establece que «son reos del delito de rebelión» quienes se alzan «violenta y públicamente». No hubo violencia alguna durante la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia. 

La juez Lamela también recibe críticas ‘por comparación’. El Tribunal Supremo instruye otra causa por los mismos delitos contra los miembros de la Mesa del Parlament que forman parte de la Diputación Permanente y, por tanto, están aforados. 
El juez Pablo Llarena dictó prisión para la presidenta de la Cámara Catalana, Carme Forcadell, pero con una fianza de 150.000 euros. Forcadell pasó una noche en la cárcel y pudo salir al día siguiente tras depositar el dinero. Para otros cuatro imputados (Lluís Guinó, Anna Simó, Lluís Corominas y Ramona Barrufet) dictó libertad bajo fianza de 25.000 euros. Y para Joan Josep Nuet, libertad sin fianza. Es decir, fue más ‘suave’ que la juez Lamela.

Manifestación en la Plaça Imperial Tarraco, el pasado 8 de noviembre, día en que se convocó una huelga general en Catalunya para reclamar la libertad de los «presos políticos». FOTO: Pere Ferré

La comunidad internacional, con alguna escasa voz discordante, ha dado su apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy. Una de las pocas personalidades que lo han criticado en la UE es la vicepresidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, la eslovena Tanja Fajon: «No es propio de la Europa de hoy encarcelar políticos. La represión y los arrestos políticos no son una actitud democrática». 

La expresidenta de Brasil Dilma Roussef sostuvo que «los procesos de separación deben hacerse de forma democrática», pero defendió que «la prisión no es la respuesta a la petición de una valoración, ni ayuda a crear opiniones, ni acaba sirviendo de nada».

El encarcelamiento ha provocado manifestaciones multitudinarias en toda Catalunya al grito de «Libertad», petición que contrasta con el lema de las también masivas marchas unionistas: «¡Puigdemont, a prisión!».

La dicotomía entre políticos presos y presos políticos ha provocado la ruptura de pactos municipales. El más importante de ellos en Barcelona. La alcaldesa, Ada Colau, defiende en cada acto público la necesidad de «liberar a los presos políticos». La bases de Barcelona en Comú aprobaron romper con el PSC por su apoyo a la suspensión de la autonomía. 

El pacto que sigue firme es el del PSC y PP en Tarragona. El alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, coincide con la derecha: «En este país no hay presos políticos, sino políticos apresados», aseguró.

El president Carles Puigdemont se ‘exilió’ en Bruselas, junto a cuatro consellers: Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig. España reclamó su entrega a través de una euroorden. Anteayer, el fiscal belga pidió que se aceptase por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. El juez aplazó la decisión al 4 de diciembre.

El mismo viernes el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, dio por hecho que Puigdemont ingresará en prisión. «La cárcel de Estremera a la que se va a enviar al señor Puigdemont cuando venga es una cárcel que reúne todas las comodidades», dijo. El 9 de octubre, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, advirtió a Puigdemont que «podía acabar como Companys». Que altos cargos del PP anticipen las decisiones juciales da al independentismo el argumento perfecto para dudar de la independencia judicial.

El unionismo defiende que lo último que interesa a Rajoy es  movilizar aún más al electorado independentista de cara al 21-D y que, por tanto, no ha tenido nada que ver en las decisiones judiciales. Aunque éstas se tomasen a instancias del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, reprobado por todos los partidos del Congreso, salvo el PP. Maza falleció ayer en Buenos Aires tras ser ingresado por una infección.

Una frase del diputado de ERC Gabriel Rufián demuestra que el independentismo pretende sacar rédito -o justicia- electoral: «Ustedes han hecho de sus cárceles nuestra pesadilla y nosotros haremos de nuestras urnas las suyas. Ustedes nos han molido a palos, nosotros les moleremos a votos», advirtió al ministro del Interior.
¿Qué piensan los que, sin duda alguna, fueron presos políticos? El ‘Diari’ ha entrevistado a tres sindicalistas y un activista cultural que fueron encarcelados durante el régimen de Franco (ver páginas 4 y 5). Mañana se cumplen 42 años de la muerte del dictador.

«El PP puede actuar como en el franquismo, pero la situación no es comparable», afirma Manuel Martín Bravo. «Nosotros sí fuimos realmente presos políticos», considera el activista cultural Joaquim Masdeu. «El régimen totalitario está aún presente, aunque camuflado», lamenta Maria Teresa Feliu. «Las situaciones son parecidas. Yo me he sentido estos días como en aquella época. No es nada exagerado decir que aún hay restos del franquismo, aunque tenga otra forma. Ahora no hay armas de fuego, pero sí pelotas de goma. Existe represión por tus ideas y tu forma de pensar», sentencia Montserrat Sans. 

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