El gasto social de los municipios de Tarragona, pueblo a pueblo

Los Ayuntamientos con más ingresos procedentes de la industria, química o nuclear, son los que más fondos destinaron  por habitante a gasto social en 2017, según los datos correspondientes a la liquidación de los respectivos presupuestos municipales que cada consistorio envía al Ministerio de Hacienda. A la cabeza está La Pobla de Mafumet, que invirtió 1.365.893,19 euros en la partida «gasto de actuaciones de protección y promoción social». Esto supone 354,41 euros por habitantes. El complejo de Repsol se ubica en parte en el término municipal de La Pobla de Mafumet.

Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant y Ascó, que reciben cuantiosos fondos de las centrales nucleares, están situados en quinto y sexto lugar del ránking de gasto social por habitante, con 168,24 y 166,85 euros. Por delante están Les Borges del Camp (320,19), La Selva del Camp (208,869) y El Vendrell (175,41).

Cuanto más grande es el Ayuntamiento, más suele destinar a gasto social, por lo que la comparativa se ha de hacer en términos relativos. En cifras absolutas, Tarragona invirtió 19.259.725,69 euros, es decir, más de la mitad que el conjunto de toda la demarcación (33.834.483,74 euros). 

La única ciudad que se puede comparar con Tarragona por número de habitantes es Reus. Ésta contaba con 103.123 personas censadas en 2017. Tarragona, con 131.507. La capital del Baix Camp destinó menos que la mitad que Tarragona a la misma partida: 9.392.214,10 euros, de lo que se desprende que el presupuesto social de Tarragona dobla al de Reus. En gasto por habitante, la cifra de Tarragona es de 146,45 euros y la de Reus, 90,98 euros.

(continúa el texto más después de la tabla)

¿Qué es gasto social?
La clave está en qué se considera gasto social. En la partida «gasto de actuaciones de protección y promoción social» se incluyen las ayudas sociales directas (aportar dinero a una familia para que pueda pagar el alquiler del piso, por ejemplo) pero también los planes de empleo, que no son dinero de bolsillo pero que sí ayudan a que la persona en cuestión puede mejorar su situación

En 2017, La Pobla de Mafumet destinó 914.000 euros a planes de ocupación y 451.000 euros a «asistencia social primaria», en que incluye los gastos de la Llar de Jubilats y Centre de Dia per a la Gent Gran, los proyectos de apoyo a la familia, las subvenciones a entidades de ámbito social y el comedor escolar, según detalla el propio consistorio.

El alcalde de La Pobla, Joan Maria Sardà, explica que «la partida de protección y promoción social se ha visto incrementada como consecuencia de la crisis. Hemos dedicado una atención especial a los planes de empleo, porque creemos que son de una utilidad extrema y que permiten a nuestros habitantes ganarse la vida con su esfuerzo y trabajo».

Sardà incide en el quid de la cuestión: «También hay que destacar que, con independencia del modo en que sean contabilizados estos servicios sociales, el Ayuntamiento de La Pobla -igual que otros Ayuntamientos-, tiene partidas económicas que repercuten de manera directa y que podrían ser consideradas también como atención social».

Cheque bebé, formación...
Entre esas partidas ‘sociales’ pero que Hacienda no define estrictamente como tales, La Pobla incluye programas de ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas en el interior de domicilios, programas de cursos formativos subvencionados, el cheque bebé, ayudas al estudio, guarderías municipales...

Un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España cuantifica el gasto social de los municipios de más de 20.000 habitantes de España de modo diferente. Se centra en la partida «servicios sociales y promoción social» de los presupuestos. Aquí se contabilizan sólo las ayudas directas a los ciudadanos y las nóminas de los trabajadores sociales.

El autor del estudio, Manuel Fuentes, detalla esas partidas sociales: ayudas a domicilio, de emergencia, de atención a menores o gente mayor, dinero para entidades sociales...

El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, defiende su forma de contabilizar el gasto social porque considera, por ejemplo, que un plan de empleo no se puede considerar como tal. De este modo, las partidas sociales se reducen considerablemente. 

Si comparamos (ver página 4) las partidas «gasto de actuaciones de protección y promoción social» y «servicios sociales y promoción social», Tarragona pasaría en 2017 de 146,45 euros por habitante a 95,98. Reus de 90,98 a 80,62. El Vendrell, de 175,41 a 119,94. Tortosa, de 87,54 a 39,84. Cambrils, de 95,51 a 66,06. Salou, de 86,52 a 49,66. Calafell, 91,07 a 47,04. Valls, de 162,52 a 64,36. Vila-seca, de 63,16 a 17. Y Amposta de 126,42 a 63,79 euros.

El caso más flagrante es el de Vila-seca porque el estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales la sitúa como el segundo municipio de España de más de 20.000 habitantes con menos gasto social por habitante, con los 17 euros mencionados. Sólo está por debajo Arroyomolinos (Madrid), con 11,89 euros.

2,5 millones de euros
El alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, publicó un artículo en el Diari en que criticó duramente el estudio y defendió que «la política social bien entendida es el sistema público de acción y promoción de los derechos sociales a nivel general, que significa asistencia sanitaria, educación y protección sociolaboral. Y a nivel específico es donde actúan los Servicios Sociales, con absoluta complementariedad». En esa línea, Poblet elevó el gasto social vila-secano a 2,5 millones de euros.

La visión del concejal de Vila-seca en Comú y responsable de la Comissió de Comunicació i Xarxes, Mario Téllez Molina, es radicalmente diferente: «Vila-seca es un municipio considerado por la Generalitat ‘con grandes problemas de exclusión residencial’. Además, muchas familias con necesidades de urgencia social se ven obligadas a utilizar redes paralelas ajenas a la administración local para satisfacer sus necesidades como son, por ejemplo, el grupo ‘Ayuda en Vila-seca’ o la nevera solidaria. Por lo tanto, más allá de lo que diga el estudio, que ya de por si es significativo, la realidad de la calle pone de manifiesto que es imprescindible aumentar el gasto en Servicios Sociales».

La réplica de la Asociación
Tras la publicación del mencionado artículo de Josep Poblet, Vila-seca en Comú se puso en contacto con la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, que desglosó los 1.389.000 euros que el municipio destinó en 2017 a la partida «gasto de actuaciones de protección y promoción social»: 104.546,29 euros a «pensiones», 184.399,52 a «otras prestaciones económicas a favor de los empleados», 726.107,55 a «fomento del empleo» y los 373.947,12 a «servicios sociales y promoción social». La Asociación sólo contabiliza esta última cifra, que, según el autor del estudio, Manuel Fuentes, es «manifiestamente mejorable».

Poblet sostiene, por contra, que «la política social debe descansar en la formación, el empleo y la protección como pilares fundamentales del bienestar de las personas, para combatir la recesión económica, crear puestos de trabajo, disponer de vivienda y recuperar la capacidad plena de tener unas condiciones de vida normales y permanentes».