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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona (ERC, Junts per Tarragona y CUP) mostró ayer signos de división, votando de manera diferenciada en varios puntos del pleno municipal. Pese a que en el acuerdo de ampliación del ejecutivo de la Plaça de la Font firmado el pasado 15 de junio se especifica que «la discrepancia en materias de competencia municipal se deben canalizar a través del debate interno (...) y, en ningún caso, puede comportar un voto diferenciado en el pleno», lo cierto es que ayer ERC, Junts y CUP mostraron este viernes divergencias en varios aspectos del orden del día de la sesión municipal.
El primer ejemplo de ello fue en el punto en el que se acordaba la concesión de condecoraciones y distinciones a la Guàrdia Urbana, un aspecto en el que la CUP se abstuvo y que, por su parte, Esquerra y JxTGN apoyaron. «Agradecemos a la CUP su abstención, sabemos que es un esfuerzo», indicó la concejal de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzman. Asimismo, pese a que no hubo un voto diferenciado, otro de los puntos calientes fue la «revocación» de la competencia de «Relacions amb el Poble Gitano» a la edil Paula Varas (ERC), una responsabilidad que desde ahora asume la concejal de Serveis Socials, Inés Solé (CUP). Preguntado al respecto por el PSC, el alcalde Pau Ricomà (ERC) lo justificó «por razones de cambios organizativos».
Locales a nombre de fundaciones
Otro de los puntos en los que hubo diferencias fue en la propuesta de En Comú Podem para que la Iglesia pague IBI. Este aspecto no sería estrictamente de competencia municipal, ya que depende del Concordato entre el Estado español y el Vaticano, pero en cambio sí que aparece en el punto 10.8 del acuerdo de gobierno entre ERC, Junts y CUP, en el que se pone como objetivo hasta final de mandato la «revisión de las exenciones del IBI existentes, incluyendo las de la Iglesia». Pese a ello, Esquerra y Junts per Tarragona se pusieron de perfil y se abstuvieron, mientras que la CUP votó a favor junto al PSC y los Comuns. Fuentes de Esquerra especificaron tras el pleno que, en su caso, la abstención fue un error porque su posicionamiento era el «sí». «Celebramos la moción y estamos de acuerdo en realizar más control y revisiones. Las haremos», afirmó el republicano Jordi Fortuny, mientras que Inés Solé (CUP) reiteró que esta iniciativa «ya se está trabajando». El PSC también votó a favor pese a que considera que «es un error focalizar las exenciones en la Iglesia Católica, que hace una función muy importante».
Esquerra y CUP aparte, Junts per Tarragona se desmarcó por completo del mensaje de sus socios de gobierno. «Si queremos plantear un debate justo sobre privilegios deberíamos empezar a hablar también de las fundaciones que tienen todos los partidos políticos», afirmó en una clara referencia al hecho de que Esquerra Republicana no abona el tributo al tener su sede de la calle Real a nombre de la fundación del partido –la Josep Irla–. PSC, ERC y Junts instaron a En Comú Podem a presionar a su formación para modificar las condiciones legislativas, ya que «forma parte del Gobierno Central».
Pese a ello, lo cierto es que, por primera vez, el pleno tarraconense se decanta a favor de «revisar las exenciones tributarias de las confesiones religiosas, las entidades sin ánimo de lucro y de las asociaciones declaradas de interés público», así como de «instar al Gobierno Central» a realizar modificaciones legislativas en materia de mecenazgo para «suprimir las exenciones injustificadas del IBI y de otros impuestos». En el texto también se pide al Estado que «revise» los acuerdos con la Santa Sede de 1979 para que «se suprima la exención del IBI». En otra moción aprobada por unanimidad en 2017 solo se había avalado realizar el «censo de inmuebles exentos» del pago del IBI, sin mencionar el giro del recibo.
¿Por qué modelo se apuesta?
La mañana de diferencias se culminó con el polémico proyecto de Hard Rock, que bloquea las negociaciones del presupuesto de la Generalitat por los 120 millones de euros previstos. Sobre ello, la CUP presentó ayer una moción para rechazar el plan del antiguo BCN World, que solo contó con el apoyo de En Comú Podem. Esquerra y Junts se abstuvieron, y PSC, Cs, PP y los No Adscrits votaron en contra. «Se ha redimensionado respecto al proyecto inicial y permitiría desestacionalizar el turismo de negocios y familiar, generando sinergías positivas y puestos de trabajo. Esto no es nada menospreciable», afirmó el portavoz de Esquerra, Xavier Puig, mientras que Elvira Vidal (JxTGN) indicó que «estamos de acuerdo en debatir el modelo, pero no en renunciar al crecimiento de la economía», afirmó en contraposición de Eva Miguel (CUP), quien insistió en descartar el proyecto para «cambiar el modelo de desarrollo económico del territorio».
