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Tarragona suma cinco años seguidos sin ningún ciudadano indultado, a pesar de que la nómina histórica de absoluciones en la provincia es larga. También es diversa: una mujer que entró en casa ajena y causó un incendio. Un falsificador de moneda condenado a cuatro años de cárcel. Varios ladrones que intimidaron con armas y que emplearon la violencia. Delincuentes contra la salud pública. Malversadores de caudales públicos, falsificadores de documentación, conductores temerarios bajo la influencia de bebidas alcohólicas o maltratadores en el ámbito familiar.
Todos ellos son personas absueltas en Tarragona. En total, el Gobierno ha concedido el indulto a 119 delincuentes de la provincia en las últimas tres décadas. En España, se ha superado la cifra de los 10.000 ‘perdones’, tanto por pequeños hurtos o menudeo de drogas como por corrupción. La cifra ha ido descendiendo en los últimos años. Solo ha habido 16 en la pasada década y 2010, con ocho, fue el año con más.
El récord de Aznar en 2000
Todos los gobiernos de la democracia en España han participado en la concesión de indultos. El ejecutivo popular de José María Aznar llegó a dar más de 6.000 en ocho años, una media de 3,1 al día. Ahí se incluye, por ejemplo, el concedido a Francesc Xavier Tolosana el 28 de junio de 1996, solo dos meses después de que el PP llegara al poder. La cifra récord se alcanzó también con los populares al mando: 24 ‘perdones’ en Tarragona en 2020, entre los que se incluye uno a un condenado por delito contra la salud pública, otro por falsedad documental y estafa, por hurto o por robo con intimidación.
La casuística en Tarragona es muy variopinta. Hay delincuentes contra la seguridad del tráfico, robos con intimidación y utilización de objeto peligroso y varias condenas por malversación de caudales públicos, unos de los delitos más recurrentes, según el recuento que se realiza a través de la web y la aplicación ‘El indultómetro’, que aglutina todos los casos en España publicados previamente en el BOE.
El último indultado en Tarragona fue en 2015. Un individuo había sido condenado por la Audiencia Provincial en 2013 a cuatro años de prisión por falsificación de moneda. El ministro de Justicia Rafael Català (PP) le conmutó la pena por otra de dos años de prisión a condición de no reincidir en cuatro años.
Uno de los casos más peculiares en Tarragona tiene que ver con la concesión de esa medida de gracia a una mujer de Alcanar que había contratado a dos sicarios para intentar matar a su marido. Ella fue condenada en 1999 como autora de «un delito de proposición de asesinato mediante precio», esto es, contratación de los servicios de terceros para matar a su marido. La Audiencia Provincial de Tarragona le impuso una pena de cinco años y ocho meses de prisión por unos hechos de 1998. El indulto le llegó en el año 2005. El ‘perdón’ consistió en «la mitad de la pena privativa de libertad impuesta». Al parecer, la mujer había entregado a los agentes 230.000 pesetas a cuenta de un millón, la cantidad que pagaría en total cuando hubieran acabado la tarea, les entregó fotografías de su pareja y les informó sobre cómo y dónde podían localizarle. En este caso, fue el propio tribunal el que en su momento había solicitado un indulto parcial. La petición se hizo después de que el marido, que era la víctima del delito, perdonara a su esposa y se reconciliaran. El tribunal atendió a las «especiales relaciones» entre la mujer y su marido, que demostraron durante el juicio estar muy unidos.
