El interventor detecta irregularidades de gestión en la Fundació Tarragona 2017

El interventor general del Ayuntamiento de Tarragona ha detectado varias irregularidades de gestión en la Fundació Tarragona 2017, el ente municipal que en el anterior mandato organizó los Juegos del Mediterráneo entre el 22 de junio y el 1 de julio de 2018. En el informe, elaborado por cuatro altos funcionarios de la administración de la Plaça de la Font, se ponen de relieve déficits de transparencia y de control en las áreas económicas, de personal y en las contrataciones de servicios.

El documento, firmado el pasado mes de abril y al que ha tenido acceso el Diari, se centra en el cumplimiento de la normativa del organismo en el año 2018, que es precisamente en el que se llevó a cabo el evento deportivo pese a que inicialmente estaba previsto para un año antes.

Contrataciones sin selección

Varios son los déficits que ha alertado al equipo de Intervenció del Consistorio en relación al control de la fundación, que aún sigue sin liquidarse más de dos años después de la finalización del certamen. En primer lugar, en el informe se indica que, por lo que se refiere al análisis de las cuentas, «la Fundació no nos ha facilitado una explicación sobre las desviaciones más grandes entre el presupuesto de 2018 y el finalmente liquidado». En este sentido, los técnicos del Ayuntamiento detallan que, según los números a los que han tenido acceso, «se aprecia una desviación del –32,35% de los gastos», así como «una desviación del –32,18% de los ingresos», si bien lamentan que «no se han podido analizar las causas al no disponer de la información pertinente».

El tirón de orejas también llega en lo referente al área de Personal. En este caso remarcan que «en tres de los siete trabajadores contratados en 2018 no ha existido ningún proceso de selección», ya que «tan solo existe un informe firmado para la contratación urgente». Asimismo, se recalca que «en dos casos, el período de contratación es solo para un mes», mientras que en el tercero «se trata de una sustitución urgente, y la Fundació seleccionó a una persona de un anterior expediente para el puesto de trabajo».

Según el informe, en el año 2018 la Fundació destinó un total de 705.040 euros en los 21 empleados que tuvo de promedio en los 365 días, con una retribución media de 33.440 euros por cabeza.

Dudas en los servicios de 15.000€

Las dudas sobre los procesos de contratación también afectan a los servicios. Sobre ello, los interventores alertan que «en tres contratos de licitación no constan los informes de insuficiencia de medios» que justificarían la operación. Los técnicos municipales denuncian en el documento que la Fundació «no ha ejecutado correctamente la normativa que le es de aplicación respecto a las contrataciones de servicios superiores a 15.000 euros», ya que «no ha publicado en la página web la totalidad de la documentación exigida».

Asimismo, los altos cargos aseguran haber comprobado que «falta la publicación de los anuncios de licitación en el perfil del contratante de la plataforma de la Generalitat de Catalunya», y también denuncian que el organismo, pese a haber actuado correctamente en los contratos mayores a 50.000 euros, «no nos ha facilitado la documentación de las contrataciones de servicios mayores de 15.000 euros ni se ha podido verificar la existencia de un informe de motivación». En este sentido, el análisis se centra especialmente en el caso relativo al servicio de agencia de viajes –valorado en 15.500 euros– del cual denuncian que «el expediente no figura en el perfil del contratante, ya que solo figura la oferta».

Intervenció también ve con malos ojos la gestión en los contratos menores de 15.000 euros, donde lamentan que «no se ha aplicado correctamente la normativa» porque la Fundació «no ha publicado en el perfil del contratante la relación de contratos superiores a 5.000 euros indicando su objeto, duración, importe de adjudicación ni la identidad del adjudicatario».

En el informe se resalta que, por lo que se refiere a los ingresos de la Fundació, un 95% corresponden a «subvenciones, donaciones y servicios», mientras que las entradas representan solo un 4,12%. «Los ingresos correspondientes a la prestación de un servicio o la venta de entradas tienen muy poca importancia relativa sobre el importe total», afirman los altos funcionarios.

Tensión con la CUP

Toda esta situación ha generado que el gobierno de Ricomà vuelva a tener un nuevo encontronazo con uno de sus socios, la CUP. «Cuando ERC estaba en la oposición se sumaron a las críticas y a las denuncias respecto el desbarajuste de los Juegos. Fuimos todos a una pidiendo transparencia y exigiendo una auditoría completa de este macroevento fallido. Lamentablemente, ahora que están en el gobierno parece que han olvidado sus reclamaciones y las promesas electorales. Recordemos que incluso el propio Ricomà aseguró, al poco tiempo de que se le facilitara la alcaldía, que la auditoría llegaría muy pronto, pero no hemos sabido nada más», lamenta la portavoz cupaire, Laia Estrada, quien destaca que esta actitud del ejecutivo republicano «decepciona a toda la gente que esperaba un cambio de políticas, y no solo de siglas, en el gobierno».