El juez archiva definitivamente el ‘Caso Budellera’

Se acabó el «Caso Budellera». Según ha podido saber el Diari, la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona ha archivado definitivamente la denuncia que la CUP presentó en 2016 contra el exconcejal del PSC Josep Maria Milà y el constructor José Luis García por la tramitación administrativa del plan de la Budellera, que preveía la construcción de un nuevo barrio que debía enlazar la Vall de l’Arrabassada con Cala Romana. Así se indica en un auto firmado este pasado martes, al que ha tenido acceso este periódico.

Después de que el pasado mes de noviembre el Juzgado de Instrucción número 1 ya alertara que no apreciaba indicios de delito en la gestión municipal del proyecto urbanístico, ahora la máxima instancia judicial de la demarcación confirma la tesis del magistrado instructor y rechaza el recurso que había presentado la Candidatura d’Unitat Popular, que acusaba a los dos investigados de cometer presuntos delitos de prevaricación y de tráfico de influencias.

En su denuncia, la formación anticapitalista exponía de que Milà incurría en una «incompatibilidad grave», ya que antes de ser edil en 2015 fue, en su ejercicio profesional como arquitecto, «redactor y promotor del proyecto», trabajando «conjuntamente» en anteriores proyectos con el constructor José Luis García –presidente de la Junta de Compensación de la Budellera–, lo que según las cupaires habría facilitado que Milà influyera «en la tramitación de un proyecto que se había complicado hasta entonces», y que era el eje de crecimiento de futuro del POUM entonces vigente.

Voto intrascendente de Milà

El punto que ocasionó la denuncia de la CUP fue el voto de Milà en la Junta de Govern del 22 de septiembre de 2016 que aprobó inicialmente el proyecto, ya que las cupaires consideran que el entonces edil debía abstener de participar en la tramitación del plan. Pese a ello, en la resolución el juez deja claro la «insuficiencia de indicios» para achacar a Milà y García los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Sobre la primera acusación –la de prevaricación–, el auto recuerda que el proyecto se aprobó «por unanimidad», asumiendo «informes técnicos y jurídicos favorables» de los técnicos municipales. Asimismo, la resolución indica que la propuesta –presentada por la concejal Ivana Martínez (PSC) y no por Josep Maria Milà– que votó el equipo de gobierno en 2016 «fue provisional y no definitiva», ya que en una aprobación inicial «no se decide sobre el fondo ni pone fin al procedimiento», sino que «es un acto de trámite que no tiene carácter ejecutivo». Además, se destaca que el voto de Milà no fue determinante para decantar el sentido de la votación, lo que lleva a la Audiencia Provincial a dictaminar que «no se identifica la concurrencia de prevaricación, al no reflejarse actuación grosera».

Asimismo, por lo que se refiere al supuesto tráfico de influencias, el auto recalca que «no existe indicio de que el señor García se prevaliera de una relación personal o profesional con el señor Milà para influir en su decisión», ya que de los indagaciones prácticadas «no se identifica la concurrencia del prevalimiento, ni de qué manera el investigado ejerció su capacidad de influencia». En este sentido, la resolución recuerda que, para demostrar un posible delito de tráfico de influencias, «no basta la mera sugerencia, recomendación, insinuación o sugerencia sutil», sino que «esta ha de ser realizada por quien ostenta una determinada situación de ascendencia y que, además, el influjo tenga entidad suficiente, siendo necesaria una resolución o actuación». Pese a ello, el juez determina que «nada de esto ha quedado acreditado de forma incidiaria en las actuaciones» realizadas por el cuerpo judicial.

«Había indicios claros»

Pese a la resolución contraria a sus intereses, desde la CUP se mantiene que «habían indicios claros» de los delitos que acusaban a Josep Maria Milà. «Tenía incompatibilidades, ya que había trabajado para el promotor de la Budellera, participó en el proyecto antes de ser concejal y, después, fue su hijo quien encabezó el equipo de arquitectos», manifestó ayer la portavoz cupaire, Eva Miguel. La representante de la formación anticapitalista lamenta que «pocas veces hay la voluntad de la Fiscalía, el juzgado y la Audiencia por investigar casos de corrupción», a la vez que añade que «se nos ha denegado la posibilidad de solicitar muchas pruebas importantísimas para poner más luz a este caso».

El exedil Josep Maria Milà lamentó ayer en declaraciones al Diari «el aquelarre al que se sumó Esquerra sin tener en cuenta las consecuencias que ello provocaba» cuando saltó la polémica. «Se ve que este es el juego político que yo no conocía, pero al final se ha hecho justicia», añadió el exconcejal del PSC.

Por su parte, el constructor José Luis García recordó ayer, tras conocer la decisión judicial, que «llevo 61 años construyendo en Tarragona, y no entiendo qué es lo que está pasando en estos momentos». Asimismo, García celebra que el sentido de la sentencia «es favorable a la realidad» y afirma que «no se me ocurre tener que hacer nada para construir honradamente».