El juez de familia, suspendido tres años

El máximo órgano de los jueces españoles, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha decidido suspender durante tres años al magistrado Manuel Arce Luna, que está al frente del Juzgado de Familia de Tarragona (el Juzgado de Primera Instancia número 5). El importante retraso que lleva dicho Juzgado desde que asumió el destino –hace un año-, el hecho de que por ejemplo en los dos primeros meses de trabajo no pusiese ni una sentencia, la acumulación de casos y el consiguiente retraso en la resolución de los asuntos, la mala relación con los funcionarios y los propios abogados, ha comportado esta importante sanción, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La vuelta a finales de junio de este año del magistrado a su puesto de trabajo después de que la Comisión Disciplinaria del CGPJ le hubiese impuesto una suspensión cautelar de seis meses –el pasado mes de noviembre– hizo saltar de nuevo todas las alarmas. Los abogados comenzaron a movilizarse porque eran conscientes de que se volvería a respirar el mal ambiente de antes de la suspensión.

Pero finalmente, el caso de este magistrado pasó por el último pleno del Consejo General del Poder Judicial, celebrado el pasado 28 de julio. Era el punto número 26 del orden del día. Los magistrados rechazaron la propuesta del promotor de la acción disciplinaria y acordaron dictar una nueva resolución. En la misma se impone «una sanción de tres años de suspensión como autor disciplinariamente responsable de una infracción muy grave de desatención prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial». En el mismo se recoge que se consideran faltas muy graves «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales». Y el CGPJ le ha impuesto la sanción máxima.

La llegada el 2 de julio del año pasado del magistrado Manuel Arce al Juzgado de Familia de Tarragona levantó ampollas. El hecho de que sea el juez más expedientado de España no pasó desapercibido por los funcionarios, que veían con muchas reticencias a su nuevo jefe. Y él no tardó en darles la razón. El Col·legi d’Advocats y los propios funcionarios buscaron el amparo del presidente de la Audiencia Provincial –por aquel entonces Javier Hernández–, al que le explicaron la situación de mal ambiente que se vivía en dicho Juzgado y los continuos problemas.

Una inspección determinó que hasta el 30 de septiembre de dicho año –prácticamente durante dos meses– acumulaba 56 sentencias por dictar y 14 autos –seis de ellos de medidas cautelares que debían acordarse por diligencias realizadas en julio–. Se determinó que los casos pendientes de resolución habían aumentado un 17 por ciento, la mayoría divorcios y modificación de medidas cautelares como consecuencia de separaciones.

Y los casos se acumulan

Cuando se hizo cargo del Juzgado había 199 casos pendientes y a finales de septiembre habían ascendido a 272, el tiempo medio de respuesta dada había aumentado de 6,09 meses a 7,59, y el número de sentencias pendientes de dictar había pasado de 10 a 56. Y es que durante dos meses no dictó ni una sentencia.

Esa inspección conllevó que se suspendiera al magistrado, de forma cautelar, durante seis meses, según acuerdo unánime de la Comisión Disciplinaria del CGPJ.