El juez del Caso Inipro mantiene la imputación a Ballesteros

Dos semanas ha tardado el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona en responder –a través de un breve auto– a las peticiones de sobreseimiento realizadas por diferentes investigados en el Caso Inipro. Joaquín Elías Gadea comunicó ayer al alcalde Josep Fèlix Ballesteros, a la portavoz del Equipo de Gobierno Begoña Floria, a la exconcejal de Serveis Socials Victòria Pelegrín y a una funcionaria de alto nivel –Araceli S.S.– su decisión de no sobreseer la causa abierta contra ellos. Mientras alguno de los abogados ya ha anunciado que presentará un recurso de reforma ante el propio juez y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, otros han indicado que todavía lo están valorando.

El auto del magistrado, al contrario que otros presentes en la causa, es muy corto, de apenas dos folios. Asegura que hay indicios de actividad delictiva por parte de los encausados y que su decisión definitiva sobre cómo quedan las 14 personas actualmente investigadas la dará en el auto de apertura de juicio oral, que podría tardar en llegar todavía algunos meses. Tras las dos últimas declaraciones de personas encausadas –la propia Begoña Floria y el exjefe de gabinete Gustavo Cuadrado– se está a la espera de si la Fiscalía solicita alguna declaración o prueba más. Tras este trámite, Gadea podría comenzar a redactar el auto de conclusión de las diligencias previas.

La investigación sobre el Caso Inipro se inició en 2013 sobre presuntas irregularidades en la contratación de dicha empresa por parte del Institut Municipal de Serveis Socials del Ayuntamiento de Tarragona (IMSST) entre los años 2010 y 2012 para supuestamente realizar trabajos de integración por la población recién llegada. Unos trabajos que el juez sospecha que no se hicieron y que el dinero cobrado por la empresa Inipro fue a parar a las arcas del PSC, partido que está personado en la causa como partícipe a título lucrativo.


La exresponsable del IMSST
La exconcejal Victòria Pelegrín era la máxima responsable del Institut Municipal de Serveis Socials, la entidad donde supuestamente se fraguó la trama. Ella es, por ejemplo, la persona que firmó el pliego de cláusulas particulares en las que se indicaba que la duración del contrato era por un año improrrogable. Después, los trabajos supuestamente se hicieron en cuatro meses y se prorrogaron dos años más.