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Tarragona POLÉMICA

El juez exige a Tarragona el expediente de adjudicación del párking Jaume I

El juzgado considera que este documento es necesario para completar el análisis del proceso administrativo

Octavi Saumell

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Imagen del interior del no párking, que está cerrado desde el mes de febrero de 2008. Foto: Pere Ferré

Imagen del interior del no párking, que está cerrado desde el mes de febrero de 2008. Foto: Pere Ferré

El Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona exige al Ayuntamiento que aporte el expediente de adjudicación del párking Jaume I. Esta obra se concedió en abril de 2002 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Aparcaments Municipals y Sistemas Alem con un presupuesto de 3,9 millones de euros pero, sin embargo, esta actuación se ha elevado hasta los más de treinta millones sin que el emplazamiento se haya podido convertir en un párking soterrado, como era el objetivo inicial.

En varias ocasiones, la plataforma denunciante del caso –Veu Ciutadana– ha solicitado al Ayuntamiento de Tarragona que le facilite el expediente en el que figuren las ofertas económicas y técnicas presentadas por la firma que recibió el encargo por parte del Consistorio para hacer realidad el aparcamiento situado en la Part Alta, justo enfrente del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Ahora, sin embargo, el magistrado instructor del polémico caso acepta requerir a la administración municipal tarraconense «que aporte la documentación referente a la propuesta de la adjudicataria». En el documento, firmado el pasado 3 de marzo, el juez Antoni Gambón considera conveniente exigir al Ayuntamiento esta documentación, «toda vez que responde a las exigencias contenidas en el pliego de cláusulas jurídicas, económico-administrativas y técnicas, de modo que forma parte del expediente de adjudicación, siendo por ello una diligencia pertinente al efecto de completar dicho expediente».

‘No’ a las otras peticiones

Por contra, el magistrado Gambón ha vuelto a rechazar la petición de Veu Ciutadana para que sea la Policía Judicial la que investigue los números y la contabilidad entre las diferentes compañías que formaron parte del proceso de construcción.

Recientemente, el juez solicitó al Col·legi Oficial de Censors Jurats de Comptes para que designara un instructor que analizara el caso. Inicialmente, el magistrado había pedido que este trabajo lo llevaran a cabo los interventores del Estado, pero estos rechazaron la petición porque el análisis de empresas privadas no forma parte de sus competencias, por lo que el juez decidió requerir el estudio a los censores de cuentas catalanes.

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