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El juez investigará el sobrecoste del Jaume I durante un año más

El juzgado rechaza la petición que había presentado el Ayuntamiento para no ampliar el periodo de instrucción del caso

Octavi Saumell

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El espacio situado en la Part Alta está cerrado desde el 22 de febrero de 2008. Las obras empezaron en 2002 y sún no tiene ningún uso. Foto: Pere Ferré

El espacio situado en la Part Alta está cerrado desde el 22 de febrero de 2008. Las obras empezaron en 2002 y sún no tiene ningún uso. Foto: Pere Ferré

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, Antoni Gambón Vilalta, ha decidido ampliar durante un año más la fase de investigación del caso del no párking Jaume I, una obra que inicialmente debía costar 3,9 millones de euros y por la que el Ayuntamiento de Tarragona ya se ha endeudado por más de treinta. Según ha podido saber el Diari, el juez dictó el pasado 21 de abril un auto en el que acepta la petición realizada tanto por parte de la Fiscalía como de la denunciante –la plataforma Veu Ciutadana– en la que declara «el carácter complejo de la instrucción», un hecho que –según la Ley de Enjuiciamento Criminal– comporta la ampliación del periodo de investigación de los seis meses iniciales hasta los 18.

En su escrito, el magistrado remarca que «resulta indispensable la culminación de la fase de instrucción con la ultimación de las diligencias de investigación aún pendientes, que sin duda son esenciales para cumplir la finalidad de la instrucción» del polémico caso.

De esta forma, el magistrado rechaza la tesis de los juristas del Consistorio, que calificaron como de «insostenibles» los argumentos presentados por la parte denunciante, ya que según los representantes legales de la administración municipal «los máximos responsables de las empresas que formaban la Unión Temporal de Empresas (UTE) –Aparcaments Municipals y Sistemas Alem–o bien ya han declarado o bien han fallecido».

Examen de más documentos

Veu Ciutadana fue la primera en solicitar la ampliación del periodo de instrucción, ya que considera que «el resultado del informe pericial recabado por este juzgado evidencia que la instrucción de la presente causa exige que deba realizarse todavía el examen de abundante documentación o complicados análisis», que «irremediablemente obligan a la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial».

Según los representantes de la parte denunciante, «sólo con la declaración de complejidad de la presente causa podrá darse por finalizar la instrucción». Asimismo, por este mismo motivo la parte acusatoria solicitó la intervención de la Policía Judicial, que pide que investigue la contabilidad entre las dos compañías que llevaron a cabo el proceso de construcción,así como los ingresos y los pagos que realizaron durante los años en los que se llevó a cabo la actuación en la Plaça de l’Escorxador.

Posteriormente, el 31 de marzo la Fiscalía Provincial de Tarragona presentó un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 en el que aseguraba que «procede declarar la instrucción de la presente causa como compleja», al exigir «el examen de abundante documentación y revisar la gestión de una persona jurídica pública».

El Consistorio no lo valora

El equipo de gobierno del Ayuntamiento no realizó ayer ninguna valoración ni sobre la decisión del juez ni de la petición presentada para no ampliar la investigación del caso. Pese a ello, fuentes municipales afirmaron que el Consistorio sí que presentó el contra informe pericial, ya que «lo que se quiere es clarificar el tema de una forma correcta lo antes posible» según indicaron en declaraciones al Diari.

 

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