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El juez no encuentra a los 'culpables' de la mala calidad del semen en Tarragona

El magistrado, después de siete años, reconoce que se trata de un hecho que podría constituir delito, pero archiva la investigación.

Àngel Juanpere

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La industria química puede tener relación con el problema, pero no se ha podido señalar a nadie para ser procesado. FOTO: Pere Ferré

La industria química puede tener relación con el problema, pero no se ha podido señalar a nadie para ser procesado. FOTO: Pere Ferré

El porqué el semen de los tarraconenses tiene tanta mala calidad seguirá siendo una incógnita. Después de siete años de investigación, un Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona ha archivado las diligencias previas abiertas en su día para determinar quién o qué empresa química estaba detrás de esta problemática.

El magistrado reconoce que los hechos pueden constituir un delito. Sin embargo, no ha podido determinar, al menos hasta la fecha, qué personas –físicas o jurídicas– pueden ser las responsables. El fiscal de Medio Ambiente, Ignacio Monreal, ha asegurado al Diari que si hay nuevos estudios, datos o evidencias volverá a reabrir el caso.

Un estudio apuntaba que podría tener relación con determinados productos químicos

La investigación judicial viene a raíz de un artículo publicado en el Diari el 4 de octubre de 2008. En el mismo se indicaba que «el semen de los jóvenes de las comarcas de Tarragona es el de peor calidad del Estado español».

Ésta es la principal conclusión que se extraía de un estudio realizado con más de 1.239 muestras de semen de jóvenes de entre 18 y 30 años recogidas en 60 centros de reproducción asistida de las 17 comunidades autónomas y dirigido por el servicio de Reproducció Assistida de l’Institut Marquès.

El estudio apuntaba en una dirección sobre las causas de esta problemática: las diferencias geográficas residen en la contaminación industrial y los denominados disruptores endocrinos o estrogénicos.

Estos últimos son sustancias químicas de origen industrial que se acumulan en el tejido graso del organismo y actúan como hormonas femeninas. Pueden afectar a la formación de los testículos en el feto, en el tercer mes de embarazo, ya que las madres los trasmiten a sus hijos varones a través del cordón umbilical, y alterar el proceso de formación de los espermatozoides, explicó.

Según la Unión Europea, existen más de 550 disruptores endocrinos que se usan en la elaboración de pesticidas, fertilizantes, plásticos, cosméticos o materiales de construcción que liberan las plantas incineradoras y son resistentes a la biodegradación.

A partir de esta noticia, al cabo de dos años, la organización ecologista L’Escurçó presentó una denuncia por un presunto delito contra el medio ambiente. Su presidente, Joan Manuel Olivella, afirmaba que se trataba de «conocer si la industria química de la zona es el factor principal de la mala calidad del semen de los vecinos de la provincia de Tarragona y, en ese caso, demandar a las empresas responsables de la contaminación». 

Pero dos meses y medio después, el juez archivaba las diligencias abiertas. El magistrado hacía referencia a la existencia de un informe forense en el que se señalaba que no era posible objetivar de forma científica los criterios de causalidad médico-legales preceptivos para poder establecer una relación causa-efecto entre la disfunción espermatogenética y la contaminación industrial en la demarcación de Tarragona.

El informe forense venía a determinar que no podía establecerse una relación causal entre las anomalías detectadas en el esperma de los varones de Tarragona y los residuos toxicológicos, descartando la intervención de otras sustancias en la producción de la anomalía. 

Pero la Audiencia Provincial no compartió la decisión del juez instructor. Instó a reabrir la causa en base a que se habían denegado diferentes propuestas por el fiscal, como por ejemplo que se citase a declarar como perito a la directora del Servei d’Esterilitat de l’Institut Marquès. 

El 4 de febrero de 2013, el juez volvió a archivar el caso, aunque ante un recurso del fiscal decidió reabrirlas de nuevo. El juez accedió a solicitar lo que había pedido el fiscal: el listado de las empresas que emiten como producto básico, subproducto o producto de deshecho las sustancias a las que se refería el informe elaborado por el Institut Marquès.

El listado de empresas

El listado estaba compuesto por 180 empresas. Posteriormente, el juez solicitó un nuevo informe en el que se interesaba que se señalasen las cinco con mayor volumen de actividad en cuanto a residuos y subproductos que puedan afectar a la calidad del semen.  Pero los agentes contestaron que no disponían de dicha información.

Ante este revés, el juez decidió dar de nuevo carpetazo al asunto al entender que no era posible identificar a los presuntos responsables de los hechos denunciados. Dicha decisión no fue compartida por el fiscal, que volvió a presentar un nuevo recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que le dio la razón. 

Los magistrados de la máxima instancia judicial de la demarcación entendían que antes de cerrar el asunto se tenía que acceder a la pretensión del fiscal, que había pedido entregar una petición a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat para que informase, en función de los datos disponibles, cuáles  eran las empresas que producen mayor volumen de «distribuidores endocrinos» y si podían producirlos aquellas clasificadas como de carácter «no especial o «NE», aspecto éste que permitiría aportar datos relevantes para determinar cuáles son las empresas que los emiten en mayor cantidad en función de los datos ya existentes.

Pero la respuesta de la administración autonómica fue tajante: «No se dispone del detalles de las empresas que utilizan estas sustancias».

Sin datos

Esta respuesta de la Generalitat impide, según el juez instructor, «cualquier avance en la determinación de las empresas emisoras de las sustancias con incidencia en la calidad del semen». Y añade que «de las actuaciones practicadas se infiere la existencia de hecho que reviste apariencia de infracción penal, pero no ha resultado posible inferir indicios que permitan dirigir el procedimiento contra persona alguna (física o jurídica) como autor, cómplice o encubridor».

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