El juez propone al fiscal ampliar el plazo de investigación del Jaume I

El magistrado cree que la instrucción ‘no se halla concluida al no haber cumplido sus fines’

15 mayo 2017 17:50 | Actualizado a 15 mayo 2017 18:05
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El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, Antoni Gambón Vilalta, ha propuesto a la Fiscalía y a las partes personadas ampliar el plazo de investigación del sobrecoste del polémico no párking Jaume I, una infructuosa obra que –inicialmente– debía costar 3,9 millones de euros pero que ya ha supuesto una carga de más de 30 millones para las arcas municipales. 


En junio de 2016, el juez acordó declarar la causa como «compleja», por lo que se prorrogó la  fase de instrucción del caso en 12 meses adicionales, un plazo que finaliza el próximo 6 de junio, según pone de manifiesto el juez en una diligencia firmada el pasado miércoles. 


En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, Gambón Vilalta da tres días de plazo a las partes personadas «a fin de que manifesten lo que a su derecho convenga respecto a la prórroga de plazos, habida cuenta de que resulta previsible que la instrucción no podrá finalizar en el plazo máximo ordinario previsto». Asimismo, el juez lamenta en el escrito de que la investigación del caso «no se halla concluida al no haber cumplido sus fines». 


Por otra parte, el magistrado indica en el escrito que las dos empresas que participaron en la construcción del no aparcamiento –Aparcaments Municipals y Sistemas Alem– aún no han facilitado al perito auditor la información que solicitó el pasado mes de febrero. «Les recuerdo el urgente cumplimiento del requerimiento de información contable» que fue notificada el pasado mes de marzo, indica el juez en el documento. 

En concreto, tras ser designado, el auditor tarraconense Ignasi Jornet pidió a las dos compañías los libros de contabilidad, el balance de situación, los libros de actas, las cuentas anuales, los informes de gestión, los informes de auditoría, los contratos de préstamo, las pólizas de crédito, los contratos de arrendamiento financiero o los contratos de renting, entre otras cuestiones que, según la diligencia judicial, aún no habrían sido facilitadas por parte de las dos firmas. 

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