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El juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona dictó el pasado 20 de mayo un auto mediante el cual notifica a la entidad Veu Ciutadana y al Ayuntamiento de Tarragona la decisión de no imputar ni al alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) ni a su antecesor en el cargo, Joan Miquel Nadal (CiU). En la resolución a la que ayer tuvo acceso el Diari, el magistrado dispone «no haber lugar a citar en calidad de imputados» a las personas que la asociación denunciante había solicitado en los escritos que presentó en los tribunales tanto el pasado 4 de febrero como, posteriormente, el 5 de mayo.
En el documento, Veu Ciutadana pedía al magistrado que imputara judicialmente a «los miembros de la mesa de adjudicación que otorgó la concesión a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Jaume I para la construcción del espacio», así como a las personas que «formaron parte de la Comissió de Govern del Ayuntamiento de Tarragona», y a «los miembros del consejo de administración de la empresa Aparcaments Municipals de Tarragona».
Pese a ello, hace pocos días el juez remitió a ambas partes la decisión, que significa que no declararán como imputados Manuel López Pasca, Antonio Granell, Manuel Moreno, Ricard Pomerol, Francisco Ortega, Josep Fèlix Ballesteros, Joan Sanahujes, Àngel Fernández, Áurea Rodríguez, Enrique Gallego, Manuel Vileu, Juan José Sancho ni el exalcalde entre 1989 y 2007, Joan Miquel Nadal.
‘No existen razones’
En el documento, el juez remarca que no considera que «existan razones» para imputar ni al alcalde ni al exalcalde de Tarragona ni al resto de personas a las que se refiere el escrito del pasado 5 de mayo que la entidad denunciante, Veu Ciutadana, presentó ante la justicia ordinaria.
No obstante, y para completar la investigación, el juzgado valora como necesaria la declaración, en condición de testigos, de los funcionarios del Ayuntamiento que intervinieron en el expediente de adjudicación de la concesión en 2001. En este sentido, el magistrado solicita la comparecencia en sede judicial de tres trabajadores del Consistorio de hace 14 años: el interventor general de la corporación local en 2011, Fernando Chicano; el secretario general de la administración municipal en los años 2000 y 2001, Ponç Mascaró, y el jefe del servicio del departamento de contratación de bienes y servicios durante los años 2000 y 2001.
Finalmente, en el auto remitido a Ayuntamiento y entidad denunciante el pasado 20 de mayo, el juzgado advierte de que «los datos personales de los intervinientes en el proceso no pueden ser utilizados fuera del procedimiento judicial».
‘Pasividad’ de la Fiscalía
A lo largo de los últimos meses, la entidad denunciante del caso del párking Jaume I, la plataforma Veu Ciutadana, ha presentado escritos en el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona en el que acusa a la Fiscalía de «pasividad» en la investigación de las presuntas irregularidades cometidas durante la infructuosa construcción del aparcamiento que debía situarse en la Part Alta.
En los documentos, la entidad dispara con bala contra el Ministerio Público. «La participación de la Fiscalía en el presente procedimiento brilla por su ausencia», asegura el letrado de la parte denunciante, quien especifica que «en los cuatro años que llevo representando a Veu Ciutadana no he visto ni por asomo en ninguna de las diligencias de investigación en las que he intervenido a ningún miembro del Ministerio Público».
Veu Ciutadana recuerda que «habiendo transcurrido ya más de ocho años desde que se incoaran las presentes diligencias previas, este juzgado aún no ha imputado a ningún responsable de las decisiones y actuaciones relativas a la construcción del párking Jaume I», por lo que la representación legal de la parte acusatoria reiteró la solicitud para que «se impute a las personas responsables», un hecho que, hasta la fecha, ha rechazado el magistrado.
