El paso de mercancías peligrosas limita los crecimientos urbanos

La explosión de Iqoxe, el pasado 14 de enero, ha puesto de nuevo encima de la mesa el debate sobre la seguridad y el riesgo de los productos que se producen en el polígono petroquímico de Tarragona. Sin embargo, hay un aspecto sobre el que no se está hablando durante estos días, que es el que hace referencia al transporte de mercancías peligrosas. Tanto la red viaria como la red ferroviaria de la demarcación de Tarragona, son territorio de paso de estos materiales y, en algunos casos, esto afecta al desarrollo urbanístico de los municipios por las que discurren estas vías de comunicación.

Este aspecto queda regulado en una instrucción de Protecció Civil del año 2013, que posteriormente fue sustituida por otra de 2019. En ésta se establece que en las vías por las que transitan estas mercancías peligrosas debe dejarse una franja, en ambos lados, en la que no puede haber una transformación urbanística y, por tanto, no pueden establecerse nuevos asentamientos urbanos.

El límite que se fija en el Transcat es de 500 ó 300 metros, en función de la tipología de las mercancías que circulan por esta vía. En el primer caso, afecta a aquellos ejes en los que, en el caso de producirse un accidente, la tipología de los materiales hace que se pudiera generar una nube tóxica de gran alcance. En cambio, si estas mercancías son consideradas como menos peligrosas, y por tanto, la nube que podría generarse es de pequeño alcance, el margen que debe dejarse es de tan solo 300 metros.

Pese a ello, los límites que supone esta instrucción no afectan a todos los asentamientos urbanísticos por igual. Por un lado, aquellas urbanizaciones o núcleos de población existentes en la trama urbana consolidada, quedan fuera. Por tanto, no se dice nada sobre el riesgo existente sobre esta población.

Por el otro, tampoco se ponen límites al desarrollo de aquellos planes parciales en suelo urbano no consolidado. Esto significa que, en última instancia, la instrucción de Protecció Civil tan solo afecta a las zonas de crecimiento previstas en ámbitos en los que aún no hay una edificación ni una urbanización.

Esto hace que si hubiera una vía por la que pasaran camiones con mercancías peligrosas junto a La Budellera, por ejemplo, tendría que dejarse esta franja de 300 metros, porque estamos hablando de suelo urbanizable. Mientras que, en el caso del PP10, aunque tampoco hayan empezado los trabajos de urbanización, al ser un plan parcial aprobado y a punto de iniciarse, no sería necesario.

Genera ‘inseguridad’

Miquel Nolla, abogado del despacho N&A Advocats, conoce muy bien el caso. Como especialista en derecho urbanístico considera que esta situación genera una «inseguridad» y un «peligro» desde el punto de vista urbanístico. «En lugar de poner más medidas de cara a los camiones que hagan desaparecer este peligro, lo que se hacen es dejar que pueda ponerse menos gente, porque no se permite el crecimiento si estamos hablando de suelo urbanizable, pero en cambio si ya hay las calles si que podrá completarse la urbanización».

Podría calificarse de vacío legal aunque no lo es. Pese a ello, este abogado denuncia que la instrucción de Protecció Civil en primer lugar «no salvaguarda a las personas que ya habitan en estas zonas». Y, en segundo lugar, «si que permite seguir creciendo, pero tan solo pueden abordarse una determinada parte de los planteamientos urbanísticos previstos».

Cuando hablamos de tráfico de mercancías por carretera, básicamente éstas circulan por la autopista o autovías como la A-27. En el caso de la AP-7 hasta finales de 2017 circulaban los camiones de ácido clorhídrico que se producía en la planta de Flix y se trasladaba a Tarragona. Se trata de un producto que, en caso de accidente, puede generar el fenómeno Bleve, es decir, una nube que provoca una bola de fuego, similar a una seta. Ercros obtiene ahora este producto en la planta de Vila-seca. Pese a ello, Miquel Nolla defiende que es un caso que «debe hacernos reflexionar si este límite de 300 metros es suficiente, en el caso de que ocurriera un incidente de estas características».

La instrucción de Protecció Civil respecto al transporte por mercancías ya tiene las primeras afectaciones en el crecimiento urbanístico de municipios como L’Ampolla, El Perelló, L’Ametlla de Mar y L’Hospitalet de l’Infant.

Marcha atrás

Protecció Civil emitía un informe negativo que frenó un plan parcial que preveía el desarrollo de un nuevo ámbito de crecimiento en L’Ametlla de Mar. Estaba previsto en una zona próxima a la AP-7, cerca de la comisaría de los Mossos d’Esquadra y el supermercado Mercadona.

La ampliación del camping La Masia, de L’Hospitalet de l’Infant, el sector Cala Maria, de L’Ampolla, o el plan parcial urbanístico 9 de El Perelló, conocido como el sector Morro de Gos, son otras de las iniciativas que se han frenado.

La mayoría de estos ayuntamientos habían iniciado la tramitación urbanística para impulsar el desarrollo de estos planes parciales que ahora se quedarán en un cajón, a partir de la instrucción que decretó Protecció Civil el año pasado.

El ferrocarril

Esta instrucción hace referencia tanto al transporte de mercancías por carretera, como por ferrocarril. Así, si uno se fija en el mapa Transcat puede comprobar que la línea de Constantí a Reus y que sigue hacia la ciudad de Tarragona está pintada de color lila, lo que indica que el nivel de peligro es muy elevado. Esto establece ciertas limitaciones en cuanto a futuros desarrollos urbanísticos. En cambio, las viviendas que ya están construidas no se verían afectadas. Es un elemento que pone encima de la mesa el debate sobre el paso de las mercancías peligrosas por la fachada litoral de la ciudad de Tarragona, un aspecto que, por el momento, no está resuelto.