Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

El plan Trabajo Digno destapa en un año 5.189 contratos fraudulentos en Tarragona

El incremento de inspecciones duplica la denuncia de ilegalidades laborales en la provincia: se han hallado 2.719 contratos ilegales temporales, 1.745 empleos sin declarar y 155 falsos autónomos

Raúl Cosano

Whatsapp
La hostelería es uno de los sectores señalados. Foto: Alfredo González

La hostelería es uno de los sectores señalados. Foto: Alfredo González

Mano dura contra el fraude en el trabajo. En los dos últimos años, el Gobierno ha hallado fraude en 7.775 contratos laborales en la provincia. Si bien hay que tener en cuenta que el reparto es desigual. De ellos, 5.198 han sido detectados en el último ejercicio, a raíz de la puesta en marcha del Plan Director por un Trabajo Digno, un ambicioso proyecto que ha duplicado la detección de condiciones ilegales en Tarragona. 

Entre 2017 y 2018, la cifra de fraude hallada fue de 2.577 casos, la mitad respecto a esos 5.198 localizados entre el año pasado y este 2019, cuando se ha intensificado la oleada de inspecciones. 

El Gobierno ha querido poner coto a la distinta casuística: de la contratación irregular, a los empleados sin contrato, pasando por los que hacen más horas de las cotizadas a la Seguridad Social. La detección de estas situaciones ha ido acompañada de la pertinente regularización. 

Aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2018, el balance del plan ha sido fecundo. Con los nuevos controles se han conseguido transformar a indefinidos 2.719 contratos que eran temporales. En ese indicador se ha registrado un aumento de un 113,3%, ya que el dato anterior se quedó en únicamente 1.275. 

En este tiempo, se ha incrementado la jornada de 685 contratos a tiempo parcial, lo que supone otro aumento también muy marcado, de casi el 198%, respecto al dato anterior (230), lo que da fe de la intensidad del control. 

Más abundante es el empleo aflorado, esto es, trabajadores que estaban sin contrato y, por tanto, con una regulación que se escapaba a toda norma establecida. Se han hallado 2.711 casos, 1.745 de ellos en el último año, después de un incremento del 81%. 

Los sindicatos principales, UGT y CCOO, aplauden la medida. «En política es positivo trazar un plan. Obliga a invertir recursos, marcar objetivos y capacidad de análisis y evaluación de resultados. Valoramos positivamente  el refuerzo de la Inspección de Trabajo en la batalla contra la precariedad pero a su vez reclamamos políticas activas de ocupación, potenciar la inversión pública y un cambio de modelo productivo», explica Vicente Moya, secretario general de CCOO en Tarragona. 

La patronal también se posiciona. «Estas ilegalidades han existido siempre. Hay gente que se busca la vida como sea y en otras ocasiones hay empresarios que pueden hacer ciertas prácticas por desconocimiento», admite Josep Antoni Belmonte, presidente de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA).

Pimec Tarragona rechaza todo tipo de fraude, ya que «las empresas que no actúan dentro de las normas provocan una competencia desleal a las que sí lo hacen, que son la mayoría», como indica Jordi Ciuraneta, presidente de Pimec Tarragona. La entidad pide una revisión de la normativa en cuanto a falsos autónomos ante «las nuevas formas de trabajo». «También alertamos de la alta temporalidad que tenemos, sobre todo en Tarragona, algo que podría ser debido al turismo y a la mayor estacionalidad que en otras provincias», asume Ciuraneta. Pimec apostaba por «el contrato fijo-discontinuo que da estabilidad al trabajador a la vez que permite a la empresa adaptar su plantilla a los ciclos productivos». 

Otro de los focos en los que los inspectores han puesto énfasis es en el de los falsos autónomos, es decir, personas que cotizan como trabajadores por cuenta propia, a pesar de que deberían ser asalariados, dado que trabajan para una misma empresa y no ofrecen sus servicios a varias compañías.

El rol de plataformas digitales como Uber Eats o Deliveroo, que han recalado recientemente en ciudades como Tarragona y Reus, ha puesto este tipo de perfiles en el centro de la polémica. En dos años, se han detectado 155 casos de falsos autónomos, si bien ha habido una bajada en el último ejercicio: de 106 se ha pasado a 49, según datos del Ministerio. 

Cuidar más al trabajador
Ferran Mañé, profesor de economía laboral en la URV, extrae la parte positiva de estas inspecciones: «Hay que romper esa perspectiva de que la normativa laboral reproduce una cierta confrontación entre la empresa y el trabajador que hace falta vigilar. El hecho de trabajar bien acaba redundando en una mejor empresa». Mañé cree que planes de este tipo «incentivan a buscar maneras de operar más eficientes, en lugar de utilizar las más fáciles».

De alguna manera, a la larga se acaban obteniendo beneficios: «Hay un efecto de incentivación para encontrar soluciones a los problemas a largo plazo. Hay que tener en cuenta que si tienes a un trabajador mejor cuidado, va a estar más motivado y más implicado, por lo que la empresa saldrá beneficiada». Iniciativas para hacer aflorar malas praxis espolean al empresario: «Tendemos a buscar una salida fácil en lugar de asumir la problemática de implementar medidas inicialmente más complejas. Tú puedes conseguir reducción de costes incumpliendo la normativa laboral pero eso hace que no estés implementando otras medidas que serían necesarias para obtener ganancias». 

Sin embargo, en esa búsqueda de los equilibrios hay matices a tener en cuenta. Un ejemplo son las empresas en un crecimiento exponencial que se basan en modelos que merman las condiciones laborales. El rol del falso autónomo es un ejemplo en boga. «Entramos en una situación de dialéctica. A veces se necesita que haya cierta flexibilidad, en función del ciclo económico, pero la justificación puede ser perversa en el momento en que, como empresa, te aprovechas cuando no es necesario», cuenta Mañé. 

Por último, el profesor de la URV cita un debate recurrente vinculado a la economía sumergida: «Todos tenemos en mente la típica chapuza del hogar que no se declara. Pues bien, en muchas ocasiones esa persona que hace el arreglo, si tuviese que ir a la estructura oficial del mercado, no lo haría nunca, no llegaría a él. Hay ahí un cierto dilema sin una respuesta clara: ¿es mejor no generar actividad o generar actividad que se tiene que hacer en unas determinadas condiciones?». 

Temas

Comentarios

Lea También