El plan de Mas d'en Sorder, aprobado por silencio administrativo

El Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado por «silencio administrativo positivo» el polémico plan parcial de Mas d’en Sorder, la zona de Llevant en la que el POUM contempla la construcción de 236 viviendas de alto standing y la rehabilitación, asimismo, de la antigua masía modernista, en la que se prevé construir un hotel rural de categoría superior. 

El gobierno municipal defiende que seguirá con la modificación puntual del POUM

El gobierno municipal (ERC-Comuns) se ha mostrado públicamente en contra del proyecto, si bien en primera instancia avaló  el plan en la comisión informativa de Territori de febrero, lo que le propició las críticas de sus dos socios de investidura: Junts per Tarragona y CUP. De hecho, a raíz de la polémica, el gobierno de Pau Ricomà lo retiró en el último momento del debate del orden del día, del pleno municipal del pasado 21 de febrero, pero ahora la inacción el ejecutivo de la Plaça de la Font ha provocado que el proyecto haya dado un nuevo paso hacia adelante. 

«Falta de resolución expresa»
Así se pone de manifiesto en un certificado firmado el pasado viernes por la Secretaria General del Ayuntamiento «por orden» del concejal de Territori, Sostenibilitat i Seguretat, Xavier Puig (ERC), al que ha tenido acceso este periódico.

Xavier Puig (ERC): «Este es un trámite al que tienen derecho los promotores. Es innegociable, pero la situación  es la misma»

En el documento, los altos funcionarios municipales reconocen que «a efectos de la falta de resolución expresa dentro del plazo legal», se «entiende» que «se ha producido la aprobación definitiva del Text Refòs del Pla Parcial Urbanístic 43 Mas d’en Sorder por silencio administrativo, de acuerdo con la documentación aportada».  

En el certificado, los servicios jurídicos de la Plaça de la Font citan para justificar su posicionamiento el artículo 24.4 de la Llei de Procediment Administratiu Comú, que indica que los efectos del silencio positivo «producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en que debe dictarse». Asimismo, según la legislación vigente, el certificado municipal debe ser expedido «de oficio» por el «órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento»,  mientras que el interesado «podrá pedirlo en cualquier momento». 

Una de las posibilidades, para frenar el proyecto, sería hacer una suspensión de licencias

El documento también se apoya en el artículo 91 del Text Refòs de la Llei d’Urbanisme, que indica que «en la tramitación de los planes de ordenación urbanística municipal y los programas de actuación urbanística, se entiende que se produce silencio administrativo positivo si la resolución definitiva no se notifica en el plazo de cuatro meses desde la recepción de la expediente completo por el órgano competente para la aprobación definitiva».

Puede haber indemnizaciones
El concejal de Territori, Xavier Puig, asegura que esta aprobación final «no cambia para nada el tema». El equipo de gobierno propone una modificación puntual en este ámbito y tiene el apoyo de los concejales de Junts per Tarragona y la CUP para seguir adelante. Así lo expresó el ejecutivo a finales de febrero y lo reiteraba ayer su portavoz. 
«Este es un trámite al que tienen derecho los promotores. Es innegociables y viene establecido por ley, pero la situación es la misma que antes de que se aprobara», argumenta el concejal republicano.

Rubén Viñuales (Cs): «ERC y ECP quieren que ahora todos paguemos sus 
errores y caprichos electoralistas»

Los servicios técnicos del Ayuntamiento han estudiado minuciosamente el caso. Y, según concretó el concejal de Territori, aunque se haya hecho la aprobación definitiva del plan parcial, si no hay el proyecto urbanístico, la reparcelación y no se han iniciado las obras, la construcción puede pararse sin que se disparen los gastos de indemnización hacia los promotores. «Tan solo con el plan aprobado, no patrimonializan el derecho», asegura Puig.

El Consistorio defiende que, en este caso, la situación sigue siendo diferente a la del PP10. Y es que, cuando se hizo el cambio de gobierno, ERC y ECP tuvieron que desestimar la posibilidad de frenar este plan. El proyecto estaba en fase de licitación e incluso se había iniciado una parte de la obra, que formaba parte de la urbanización del Anillo Mediterráneo.

La indemnización que tenía que pagarse era millonaria, por lo que la administración local tuvo que asumir el desarrollo de este nuevo ámbito. Puig insiste en que «son casos muy diferentes» y a los promotores de Mas d’en Sorder «lo máximo que deberíamos compensarles como Ayuntamiento es si nos reclaman una compensación por la redacción de los proyectos».

En este contexto de estado de alarma, los plazos administrativos están suspendidos. Y el objetivo del gobierno es iniciar las conversaciones con el resto de formaciones para llevar a cabo esta modificación puntal del POUM. Junts y la CUP están a favor. Aunque no es un trámite de un día para otro y desde que se plantea hasta que lo aprueba de forma definitiva la Comissió d’Urbanisme, puede pasar de uno a dos años. «Tampoco se trata de poner los cronómetros a cero y a ver quién corre más, si ellos o nosotros», defiende Puig. Una de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento es suspender las licencias en este ámbito durante un año, mientras se avanza con esta modificación del plan general. 

Aunque los promotores defienden que, con esta aprobación definitiva del plan, «entendemos que el Ayuntamiento lo que hace es cumplir con la Llei d’Urbanisme de Catalunya». La empresa Essentia Costa Daurada, que ya había empezado la venta de las viviendas, recuerda que el proyecto cuenta con «todos los informes favorables de medioambiente, de urbanismo y de los técnicos municipales». 

Desde la oposición, el portavoz de Ciutadans, Rubén Viñuales, califica la situación actual como de un «desastre más de ERC Y ECP, fruto de su permanente demagogia urbanística». Según el representante de la formación naranja, «ahora pretenden hacer que todos los ciudadanos de Tarragona paguemos de nuestro dinero sus errores y sus caprichos electoralistas». En este sentido, Viñuales añade: «No olvidemos que es un proyecto previsto en el POUM que aprobó precisamente ERC y que, además, este proyecto salva un edificio catalogado que está ahora en ruinas. Y no engañen a nadie: no se construye en medio de la montaña, sino al lado de una urbanización ya existente».