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El pleno aprueba hoy el derribo de la antigua sede de la Guardia Civil

El Consistorio construirá allí treinta viviendas. El inmueble contará con planta baja y cuatro niveles de altura

Octavi Saumell

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Imagen de ayer del aspecto que ofrece la antigua comandancia de la Guardia Civil. Foto: Lluís Milián

Imagen de ayer del aspecto que ofrece la antigua comandancia de la Guardia Civil. Foto: Lluís Milián

El Saló de Plens del Ayuntamiento de Tarragona aprobará esta mañana, de forma definitiva, el proyecto básico y de ejecución para derribar las dependencias de la antigua comandancia de la Guardia Civil, situadas en la calle López Peláez. El documento, redactado por los servicios técnicos del organismo municipal Smhausa, prevé que la desaparición del espacio tenga un coste de 224.389 euros.

El concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà, destacó ayer que ahora el siguiente paso será «licitar las obras» para que las actuacions se inicien «antes de verano». La previsión es que el desmontaje se alargue por espacio de dos meses.

El Consistorio tiene previsto construir un edificio en el que habrá treinta viviendas «a un precio asequible», según remarcó ayer el máximo responsable del área municipal de Territori. El inmueble contará con planta baja y cuatro niveles de altura, en un solar que cuenta con unos mil metros cuadrados. En total, la superficie que se construirá será de 3.900 metros cuadrados.

Hace meses, la administración municipal se planteó reservar en la planta baja espacio para trasladar allí los servicios que tiene en la Rambla Nova. Sin embargo, finalmente esta opción se descartó en favor de un solar situado en la Rambla Vella, junto al Consistorio.

Compra en 2012

Lo cierto es que el espacio, que fue inaugurado en 1930, se encuentra sin ningún tipo de uso desde que se cortara la cinta de la nueva comandancia, situada en el entorno del hospital Joan XXIII, el 27 de enero de 2010. El derribo y la posterior construcción de los pisos podrá llevarse a cabo gracias al acuerdo al que llegaron a principios de 2012 el Consistorio tarraconense y el Ministerio del Interior. Estas negociaciones se llevaron a cabo en virtud del convenio firmado en el año 2003 por el exalcalde Joan Miquel Nadal (CiU), mediante el cual se especificaba que el espacio sería municipal si la corporación local pagaba la cantidad tasada por parte del Gobierno Central.

Después de tres años de conversaciones, finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo definitivo, que se materializó por escrito el 13 de abril de 2013 y que establecía un precio de compra para el Ayuntamiento de 786.000 euros.

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