El por qué de los problemas económicos de Espimsa

Debería ser una de las empresas municipales con más solvencia. Sin embargo, la Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals (Espimsa) pasa por una situación económica «delicada», según reconocía a inicios de octubre su presidente, Dídac Nadal.

La empresa que gestiona el Mercat Central necesita más de 835.624,12 euros antes del 31 de diciembre para poder pagar nóminas, a proveedores y amortizar préstamos bancarios. Así lo ponía de manifiesto un documento en el que, según el dirigente de Junts per Tarragona, «una vez analizada la situación financiera, contable y laboral de la empresa», se determinó que Espimsa «está en una situación de colapso a corto y largo plazo».

El propietario mayoritario de la empresa, que es el Ayuntamiento, deberá salir al rescate si no quiere que esta sociedad llegue a la bancarrota. Y es que, como mínimo hasta el mes de junio del año que viene Espimsa debe afrontar aún importantes pagos que le obligarán a hacer malabares de cara al próximo ejercicio.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? Hay que retroceder hasta el mes de junio de 2010 para poner luces en el asunto. En aquellos momentos Espimsa, junto a la empresa Lubasa Aparcamientos SL, gestionaba mediante una Unión Temporal de Empresas (UTE) los aparcamientos de la Avinguda Catalunya, la Rambla President Companys y Joan XXIII. La primera poseía el 10% de la sociedad, mientras que el 90% restante era de la castellonense Lubasa.

Entre los tres equipamientos sumaban la cifra total de 1.337 plazas de aparcamiento. En el caso de los parkings de President Companys y Avinguda Catalunya tenían una concesión que se inició en 2001 y vencía en el año 2053. Por su parte, Joan XXIII se concesionó un año antes y era a treinta años, por tanto debía acabar en el año 2031.

No obstante, estas previsiones se truncaron. Lubasa pasaba por una difícil situación económica. Estaba a punto de entrar en concurso de acreedores y anticipándose a la quiebra, para evitar cualquier contagio, Espimsa decidió salir al rescate y comprar el 90% de la participación que poseía su socio. Desde los servicios municipales, Hisenda encargó una auditoría a una empresa externa que hizo una valoración del estado financiero de la UTE, abordando la situación de cada uno de los parkings y del estado de las cuentas de las dos sociedades que la integraban.

El informe es del 14 de octubre de 2010 y se realizó en base a las cuentas anuales auditadas de 31 de diciembre de 2009. En éste se tiene en cuenta las deudas de las diferentes partes con entidades financieras y las sociedades partícipes.

Problemas económicos

Según se pone de manifiesto, el importe total de la deuda de la UTE a 30 de junio de 2010 era de 10.729.229,20 euros, de los cuales, teniendo en cuenta la participación dentro de la sociedad, 9.656.306,28 correspondían a Lubasa Aparcamientos SL y 1.072.922,92 a Espimsa.

La parte más significativa eran deudas bancarias. En este caso, la sociedad gestora de los aparcamientos aún tenía pendiente de pago la cantidad de 7.630.935,60 euros. No obstante, la empresa que gestionaba estos tres espacios también contraía una deuda con las sociedades partícipes. La suma que se debía a Lubasa Aparcamientos SL ascendía a 2.540.484,95 euros, mientras que, en esta misma fecha, Espimsa había dejado de ingresar 557.807,65 euros.

Por otro lado, el informe pone de manifiesto que el valor total de los tres aparcamientos que gestionaban de forma conjunta ambas sociedades ascendía a 13.375.792 euros.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, si Espimsa quería hacerse con la participación de Lubasa Aparcamientos SL y quedarse con las tres superficies tenía que pagar la cantidad de 4.922.392,66 euros. El precio se fijó teniendo en cuenta, por un lado, el valor de los activos que le correspondían a la empresa y la deuda contraída por la UTE hacia esta sociedad. Mientras que, por el otro lado, se le restaba la parte de deuda que le pertenecía, que básicamente era con entidades financieras.

Con todos estos elementos encima de la mesa, el informe de intervención del Ayuntamiento de Tarragona daba luz verde a la operación. Aunque la decisión afectaba a Espimsa, el peso de la decisión se tomó desde el Àrea d’Hisenda, que temía que la empresa municipal de mercados pudiera verse salpicada por los problemas económicos de quien, hasta el momento, era su socio. Así lo recoge el acta de la reunión de la Junta General d’Empreses de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals SA que se celebró el 22 de octubre de 2010. En ésta se justifica la operación «para asegurar la viabilidad de la explotación de los aparcamientos afectados derivado de la situación económica y financiera» de la sociedad castellonense.

Acuerdo de compra

En esta sesión, los concejales del Ayuntamiento votan por unanimidad la propuesta que daba luz verde a que la empresa municipal comprara el 90% de la participación de la UTE para hacerse con la totalidad del «negocio». El precio de compra se fijó en 2.381.906 euros. Se estableció que, con la firma de la escritura, se pagaría una primera cantidad de 630.000 euros, mientras que el resto así como la deuda de 2,54 millones de euros que la UTE mantenía con Lubasa Aparcamientos SL, se pagaría mediante 16 plazos trimestrales a un interés del 2,5% hasta su total cancelación.

Asimismo, en el contrato firmado ante el notario Manuel Estrada del Castillo el 28 de octubre se establecía que la empresa municipal se subrogaba «los derechos y obligaciones de Lubasa Aparcamientos SL que provienen de los contratos de préstamos y pólizas de crédito suscritas por las UTEs». Por tanto, la empresa de mercados asumía la totalidad de la deuda de diez millones.

En aquellos momentos, el presidente de Espimsa era el republicano Sergi de los Rios, quien esta semana no quería hacer declaraciones sobre al respecto y se escudaba en que dejó la vida política cuando finalizó su etapa en la Corporación municipal.

Con esta operación de compra, finalizó la relación de ambos socios más allá de los pagos trimestrales que debían vencerse. No obstante, surge un nuevo imprevisto. En este periodo se estaba acometiendo una de las obras más importantes de la ciudad, como es la reforma del Mercat Central, y la economía de Espimsa se resentía.

Así es que el 20 de junio de 2014 se reunió de nuevo la Junta General Espimsa y se votó una nueva propuesta para renegociar las condiciones de la adquisición, ya que la empresa municipal no había podido cumplir con su compromiso y adeudaba la cifra de 3.487.589,04 millones a su antiguo socio.

Ambas parte acordaron modificar los términos del contrato que habían firmado con anterioridad y decidieron modificar el tipo de interés de los pagos pendientes, pasando del 2,5 al 5,5%. Asimismo, los pagos dejaban de hacerse de forma trimestral y pasaban a ser mensuales. Las nuevas condiciones ya se pactaron con Patricia Antón como presidenta.

Pagos mensuales

Con esta renegociación de las condiciones, la cantidad resultante a pagar era de 4.394.376 euros. El primer pago se hizo el 30 de octubre de 2014. De acuerdo con lo establecido, la suma inicial era de 55.561 euros al mes y progresivamente ha ido incrementando a lo largo de los años. El próximo día 30 de diciembre la cantidad que deberá satisfacerse será de 70.301 euros.

El último pago que Espimsa hará a Lubasa para será el día 30 de junio de 2020. Paralelamente, esta sociedad municipal ha tenido que hacerse cargo de las deudas bancarias contraídas, con pólizas de crédito que también finalizan el próximo ejercicio.

Mientras tanto, durante este periodo, la empresa municipal de mercados no ha podido sacarle una rentabilidad a los aparcamientos que compró a raíz de esta complicada operación. Y es que, posteriormente el Ayuntamiento decidió que sería la Empresa Municipal d’Aparcaments la que iba a hacerse cargo de la gestión de los parkings de Joan XXIII, la Rambla de Lluís Companys y la Avinguda Catalunya.

En un primer momento se pacta que la Empresa Municipal d’Aparcaments pagara un alquiler irrisorio que se fijó en 726 euros al mes por cada uno de los aparcamientos, independientemente de sus plazas y de los ingresos que estos generaran. Posteriormente, esta suma se renegoció y ascendió a la cantidad de 4.059 euros al mes por aparcamiento.

«Si cuando se pactó la operación, como mínimo Espimsa hubiera podido autofinanciarse con los ingresos que estos generaban hubiera sido distinto, pero ni siquiera esto», lamenta el actual presidente de esta sociedad, Dídac Nadal.

Un mal negocio

Nadal es crítico con la operación que hizo el Ayuntamiento en su momento. «Es evidente que el expediente administrativo que avalaba la compra es completo, pero está claro que como presidente nunca hubiera firmado esta operación, porque lo que hemos visto es que el resultado ha sido el colapso financiero de la empresa de mercados», argumenta. El motivo que se expuso era el posible concurso de acreedores de Lubasa Aparcamientos SL y el posible contagio que podía suponer para su socio. «Está claro que cuando hay una situación de estas características, siempre es mejor comprar cuando ya ha entrado en concurso», añade el dirigente de Junts per Tarragona.

Finalmente, Lubasa consiguió seguir adelante, y en agosto de 2017 el grupo inversor de Roberto Centeno, yerno de Juan Roig, y Aritza Rodero, alcanzaban un acuerdo con la familia Batalla y los bancos acreedores que le convertirían en primer socio del grupo de Castellón. Atitlan se hacía con el 55% del accionariado y pasaba a tomar el control del antiguo fondo inmobiliario.

Seguir pagando

Mientras en este periodo el antiguo socio conseguía salvar los muebles, aún faltaba por escribirse el último episodio de esta operación. Tenía lugar en el año 2018, cuando la deuda de la Empresa d’Aparcaments Municipals ascendía a 20 millones de euros.

Ante la situación de colapso financiero, el Ayuntamiento de Tarragona hacía una nueva valoración de los tres parkings, que en aquellos momentos Espimsa tenía arrendados. Se estimó que el valor era de unos 18 millones de euros, lo que prácticamente cubría la cantidad adeudada por Aparcaments. Por tanto, se decidió un cambio de titularidad con esta aportación no monetaria que mantenía a la empresa de mercados como responsable de seguir cumpliendo con las obligaciones de pago contraídas previamente.

Una auditoría optimista que dibuja una situación que está lejos de la realidad

Cuando en el año 2010 se hizo la auditoría para conocer la situación de los tres aparcamientos que Lubasa Aparcamientos SL y Espimsa gestionaban de forma conjunta se dibujó un escenario que está lejos de la realidad de estos equipamientos. Esta semana, el ‘Diari’ publicaba un reportaje en el que se mostraban los problemas por la falta de mantenimiento de los aparcamientos municipales y que en el caso de la superficie del President Companys son especialmente graves.
Entre los tres suman un total de 1.337 plazas. Cuando se hizo este exhaustivo análisis pudo verse que las tres sociedades que se habían constituido estaban en números negativos. La deuda más importante se había generado en la UTE de la Avinguda Catalunya y alcanzaba los 5,59 millones de euros. Por su parte, los aparcamientos de Lluís Companys y Joan XXIII sumaban otros 3,34 y 2,19 millones de deuda respectivamente.

La auditoría recoge los datos de utilización y los ingresos generados por estos aparcamientos en los tres años previos a su compra por parte de Espimsa. En los tres casos puede constatarse como en el periodo de 2007 a 2009 cayeron los ingresos. Asimismo se hace una estimación de los ingresos que se generarán y los gastos de explotación hasta el fin de la concesión. Los cálculos que se hicieron eran optimistas. En el caso de la valoración que se hizo para el aparcamiento President Companys incluso se apunta que «para 2011 se estima que se producirá un incremento de los abonados fijos para la apertura de un centro comercial en las inmediaciones del aparcamiento y se prevé que unos 50 trabajadores del centro comercial tengan abonos en el futuro». Si analizamos en profundidad los que dice el documento este aparcamiento en concreto puede verse como en el periodo entre 2010 a 2053 (cuando expiraba la concesión), los ingresos prácticamente se triplicaban. También lo hacían los gastos debido a la necesidad de actualizar un equipamiento que iba envejeciendo. 

Con todo, si estas previsiones se hubieran cumplido, durante el año pasado este aparcamiento hubiera registrado 856.555 euros de ingresos. En cambio, la auditoría de la Empresa Municipal d’Aparcaments que se hizo cuando finalizó el año pasado muestra como esta cantidad fue de 274.591 euros. Los datos referentes a Joan XXIII y Avinguda Catalunya también están lejos del escenario que se dibujó.