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El presidente de Cepta: «Las administraciones nos deben 700.000 euros»

El presidente de la Cepta, Joan Antoni Belmonte, lamenta la situación generada y carga contra las instituciones públicas 

Octavi Saumell

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Imagen del emplazamiento que la Cepta ocupa en la Rambla Nova de Tarragona. FOTO: Lluis Milián

Imagen del emplazamiento que la Cepta ocupa en la Rambla Nova de Tarragona. FOTO: Lluis Milián

El presidente de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, Josep Antoni Belmonte, lamentó ayer en declaraciones al Diari los siete despidos comunicados la pasada semana. «A nadie le gusta tener que tomar este tipo de decisiones, pero las administraciones públicas nos deben mucho dinero y el comité ejecutivo se ha visto obligado a tomar medidas para garantizar la viabilidad de la entidad» manifestó el máximo responsable de la patronal.

Asimismo, Belmonte critica que «no cobramos nada por parte de las instituciones desde abril de 2017, que nos deben 700.000 euros. Hace años que tenemos que avanzar dinero sin tener ningún ingreso a cambio. La situación es insostenible. A partir de ahora haremos únicamente acciones que tengan un retorno económico» aseguró Belmonte, visiblemente contrariado. 

Sin el monopolio de formación

Según los datos a los que ha tenido acceso el Diari, la Cepta tiene a día de hoy un total de 674.795 euros pendientes de cobro por parte de las administraciones públicas por los servicios de los planes de formaciones subvencionados, que se pagan después de que la confederación haya avanzado primero el dinero y haya justificado correctamente la realización y los gastos de cada curso impulsado por parte de las corporaciones públicas. 

Asimismo, desde la Cepta se lamenta que «la actividad formativa subvencionada, principalmente a trabajadores y parados, es del todo insostenible debido al cambio normativo que ha incrementado los requisitos y ha abierto el mercado a cualquier academia o centro de formación privada». En este sentido, la entidad empresarial justifica que «la pérdida por parte de las patronales y de los sindicatos del monopolio de la formación subvencionada» ha generado un notable descenso de la cifra de negocio, que ha pasado de los 412.000 euros de 2015 a los 176.000 de 2017, siendo la estimación para 2018 de 80.000 euros. 

«Ha llegado un momento en el que ya no podemos ampliar las pólizas de crédito o los préstamos con las entidades financieras» afirman fuentes del comité ejecutivo de la patronal, que indican que la entidad –junto a su fundación– ha sufrido pérdidas por valor de 300.000 euros a lo largo de los dos últimos años, una cifra que, según las estimaciones previstas para 2018, podría incrementarse en unos 43.000 euros más, ya que las perspectivas para 2018 son «claramente negativas».   

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