El secretario municipal de Tarragona denuncia ‘amenazas’ del Estado

El secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, denuncia que la carta recibida esta semana sobre el referéndum del 1 de octubre enviada a los altos funcionarios de los ayuntamientos catalanes por parte del secretario de Estado para las administraciones territoriales –Roberto Bermúdez de Castro– «se asemeja más a una amenaza que a una oferta colaborativa» por parte del Estado español. Así lo pone de manifiesto en una misiva que el máximo responsable jurídico de la administración con sede en la Plaça de la Font ha enviado al número ‘2’ de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (PP), a la que ha tenido acceso este periódico, y en la que Font solicita al Gobierno Central que «en ningún caso sometan a presión la actuación de los secretarios e interventores». 

Esta semana, Bermúdez pidió por escrito a los altos funcionarios de 993 entidades locales de Catalunya su «colaboración» para garantizar «el respeto a la legalidad» ante cualquier intento de las corporaciones municipales o supramunicipales de impulsar acciones que permitieran celebrar el plebiscito del 1-O. En el escrito, Bermúdez de Castro subrayó que la convocatoria de un referéndum de independencia por parte del President Carles Puigdemont (Junts pel Sí) «atenta» contra la Constitución y el Estatut, como «lo ha señalado el Tribunal Constitucional», que «ha prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Catalunya y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum». Por ello, recordó a los secretarios e interventores su obligación de «respetar la legalidad constitucional y estatutaria» y de actuar para que esta se cumpla. 

‘Una norma inexistente’

Ahora, Joan Anton Font muestra su «sorpresa» por el oficio recibido, ya que «se manifiesta una interpretación de una norma inexistente» y «se pone en duda la correcta actuación de un colectivo profesional». El secretario  municipal de Tarragona va más allá y critica que Bermúdez de Castro «no intenta proteger ni tranquilizar al colectivo profesional, sino que les interpela y les pone en el centro de atención, creando una sensación que en nada beneficia a una actuación imparcial y neutral de secretarios e interventores».

El Estado pide a los altos funcionarios que ‘colaboren en  el respeto a la legalidad’ en el 1-O 

Entrando en la concreción, Font especifica que la misiva recibida «nos otorga funciones que no nos corresponden, que van desde la formación del censo, pasando por la designación de secciones, locales y mesas electorales, la reserva de locales electorales, hasta la designación de locales electorales. Escaso o nulo papel tenemos en estas decisiones, que si es el caso, corresponden a los órganos de gobierno, al INE o a las juntas electorales» afirma el secretario tarraconense.

Finalmente, Joan Anton Font indica al secretario de Estado que «nos recaba nuestra colaboración para asegurar el cumplimiento de la legalidad constitucional y preservar el destino de los fondos públicos. Le recuerdo que, actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico no existe la advertencia de ilegalidad, y en el dudoso caso de que participemos en alguna actuación relacionada con un futurible referéndum, como mucho tenemos la opción de informar en el caso que así se nos requiera por parte de los órganos municipales competentes, o con ocasión de la fiscalización de posibles gastos».

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