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El sector de la dependencia, en pie de guerra contra el copago

Entidades de la ciudad alertan de que hay beneficiarios que han renunciado a servicios por no poder pagar la parte que les toca
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Los usuarios de la residencia de Sant Salvador han sido muy activos en la lucha contra el copago. El año pasado realizaron un vídeo que lleva casi cuatro mil visitas. Foto: Youtube

Los usuarios de la residencia de Sant Salvador han sido muy activos en la lucha contra el copago. El año pasado realizaron un vídeo que lleva casi cuatro mil visitas. Foto: Youtube

Miles de personas se encuentran ante la misma paradoja:la Ley de Dependencia les ha reconocido el derecho a una prestación o servicio, pero en realidad no tienen cómo pagar la parte que sale de sus bolsillos. «Es una situación dramática, porque en ocasiones, el copago que se les impone imposibilita que la persona que tenía un servicio, como por ejemplo la ayuda a domicilio, no pueda hacerle frente, ya que sus ingresos son bajos y le obligan a tener que decidir entre pagar el copago o pagar la luz...», dice Roser Romero, secretaria de organización de COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).

Precisamente Mestral-Cocemfe Tarragona es uno de los colectivos de personas con discapacidad que apoya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar el copago. Se necesitan 50.000 firmas para poder iniciar su trámite en el Congreso de los Diputados.

La confederación Aspace, que agrupa a las principales entidades de atención a la parálisis cerebral en España, entre ellas la Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, también apoya la ILP. Jaume Marí, su presidente, recuerda que los criterios que establecen el tipo y la cuantía del copago están transferidos a las comunidades autónomas, que han impuesto aportaciones económica inasumibles en muchos territorios. Hay grandes diferencias: mientras que en algunas no hay copago, en otras llega al 90% de los servicios recibidos. La media estatal, entre 2009 y 2013, se situó en el 68%.

En el caso de Catalunya, la orden BSF/130/2014, aprobada por Benestar i Família en abril del año pasado, modificó los criterios por los cuales se determina el importe que cada persona debe pagar por el servicio.

 

Sin dinero para lo básico

La orden, de momento, no se ha aplicado, pero pende «como una espada de Damocles» sobre la cabeza de muchas personas con dependencia, tal como reclama Carles Balañà, usuario de la Residencia Grandes Discapacitados Físicos de Sant Salvador.

Relata que, si se aplica la orden, una vez pagado el importe de la residencia sólo le quedarían unos 120 euros al mes para hacer frente a gastos elementales. Aclara que, aunque en la residencia tienen techo, comida y atención personalizada, hay otros gastos de salud a los que tienen que hacer frente. Un ejemplo son algunos medicamentos como laxantes o cremas especiales que no entran por la Seguridad Social.

De esos 120 euros deberán salir también los productos de higiene personal, la ropa, las visitas al dentista o las gafas.

Otros gastos fijos son el mantenimiento y reparación de las sillas de ruedas o las pilas para los audífonos.

Dice que hay que tener en cuenta, además, que algunos usuarios de la residencia tienen que contratar a un acompañante para que les ayude si tienen que ir al médico, y ese servicio, que sale de su bolsillo, cuesta unos 15 euros la hora.

Pero más allá de estas necesidades, Balañà cree que, si se aplica la medida, no podrían participar, como hasta ahora, de actividades culturales y deportivas, de la vida de la ciudad. «Tenemos muchas ganas de vivir, de estar integrados», explica.

 

Los más vulnerables

Jaume Marí recuerda que, más allá de personas como Balañà, capaces de denunciar la situación por sí mismas, hay otras que no pueden hacerlo. Pone el caso de una usuaria de la residencia de La Muntanyeta que es huérfana. Sus padres le dejaron dinero y propiedades para que pudiera vivir con tranquilidad, pero, de ponerse en marcha la orden de la Generalitat, su situación cambiaría drásticamente porque le tocaría pagar casi tres veces más de lo que paga ahora.

Reconoce Marí que la posición de Aspace era completamente contraria al copago, pero han decidido unirse a la opción propuesta a nivel estatal para negociar con el gobierno unos mínimos.

Por su parte, Roser Romero señala que «nosotros no le encontramos otra explicación al incremento de la aportación de los usuarios que la de aumentar el poder recaudatorio sobre aquellas personas que tienen mucho más difícil defender sus derechos; es buscar la salida más fácil por parte de los gobernantes. Es un tema de voluntad política, de prioridades», y finaliza: «Algo tienen que estar haciendo mal, aunque ellos lo nieguen, cuando el Síndic de Greuges, en su informe anual, reconoce que el 40% de las reclamaciones que recibe son sobre la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, la renta mínima de inserción y las listas de espera sanitarias».

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