El sector del cerco exige que se estudie el mal estado de la mar

Desesperación. Esta es la palabra que mejor define la situación de los pescadores del sector de cerco de la Ametlla de Mar, de Cambrils y de Tarragona. Y no es para menos:hace 30 años que los pescadores piden a las administraciones que elaboren estudios que les permitan saber el porqué del mal estado de la mar. El pescado azul no crece en el golfo de Sant Jordi, y por lo tanto, los pescadores de cerco no pueden capturarlo.

Veinte empresas y 300 familias son las principales perjudicadas. Los armadores se encuentran desesperados: no pueden pagar a los trabajadores ni pueden hacer frente a los gastos. Según los representantes de las cofradías, la respuesta de la administración es que no hay dinero para hacer estudios de este tipo. El problema es que la mar de Tarragona está llena de pescado, pero de pequeñas dimensiones. De hecho, es ilegal pescarlo y comercializar con él. Es por eso que los pescadores piden, desesperadamente, que se hagan estudios para saber cuál es el problema y así poder solucionarlo. El cambio climático, los ríos contaminados o una gran cantidad de peces depredadores podrían ser algunos de los problemas.

«Hacemos las vedas sin cobrar, utilizamos buenas redes y respetamos los horarios. Aun así, somos los más castigados», explicaba Agustí Rillo, presidente de la Associació de Peix Blau de Tarragona, en la rueda de prensa que se celebró ayer. «No nos quedaremos parados, si debemos hacer presiones más fuertes, las haremos», añadía.

Y es que la situación es de crisis total. Respecto al año pasado, los ingresos del sector del cerco de la provincia han disminuido un 50%, y las capturas, un 30%. Por otro lado, este año, un marinero ha cobrado, de media, 3.200 euros anuales trabajando 8 meses. Con estas cifras, la desesperación invade a los armadores y marineros; les sale más a cuenta amarrar las embarcaciones que salir a trabajar. «Debemos dar de comer a nuestras familias», explicaba emocionado Miquel Brull, presidente de la Confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar. Para los pescadores, la administración central es la principal responsable de la situación, pero piden a la Generalitat que «esté a la altura y siga luchando por nuestros derechos».