El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
«No nos gustan las prohibiciones, es una potestad de las comunidades y la respetamos. Nosotros apostamos más por regular y ejercer de manera responsable», explica Quim Cristià, vicepresidente de la Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre. Cristià admite la tendencia que, en parte, preocupa al sector: «Cambió la legislación y la prohibición está permitida. No hay un incremento pero sí algunos casos. Nosotros estamos a favor del control de las comunidades de propietarios y aplaudimos eso, regular pero no limitar».
Cristià cree que «pagamos justos por pecadores», y añade: «Nosotros somos los primeros interesados en que se hagan bien las cosas. Cuando algún cliente hace algo que no debe, nos hacemos cargo. Si los vecinos acreditan que un cliente ha roto un elemento comunitario, la empresa se hace cargo, en ningún caso dejamos a las comunidades desatendidas».
Cristià defiende las normas que se imponen en la asociación, que aglutina a compañías que gestionan estos apartamentos en la provincia. «El problema son aquellos que no tienen los apartamentos registrados y que generan inconvenientes y una mala imagen que nos afecta a los demás». Cristià, en cambio, aplaude otra de las medidas que se están dando: «Hay un incremento de vecindarios que envían cartas a los propietarios avisando de que la comunidad irá contra el dueño en caso de que se estropee algo. Ese control sobre los pisos turísticos sí me parece bien, pero prohibir no».
Contra la subida de cuotas
La preocupación atañe a otra de las acciones que se están llevando a cabo: el aumento por parte de la comunidad de las cuotas de los apartamentos turísticos. «Estamos en contra. No es verdad que un apartamento turístico genere más gasto que otro que no se dedica a esa actividad, sobre todo en lugares estacionales como el nuestro y en donde estos pisos están seis meses cerrados. Estamos pagando por lo que se decide en Barcelona y Madrid, que tienen unas problemáticas muy concretas. Cuando una comunidad decide aumentar las cuotas, se tiene que acreditar. A veces dudamos de la legalidad de estos incrementos y animamos a que se impugnen», dice Cristià.
«Estamos en contra de la limitación y la prohibición. Nos parece excesivo», afirma Joan Calvet, presidente de la asociación, que defiende medidas para evitar llegar a ese punto: «Como asociación de empresas gestoras, siempre procuramos arreglar los problemas, cuando hay alguna situación de incivismo. Le decimos al cliente que pare o que puede irse a la calle». Calvet considera que «la mala praxis de otra gente nos pasa factura al resto».
