El traslado de un preso a la cárcel de Tarragona, bajo sospecha

Fiscalía investiga los presuntos malos tratos a un preso que debía trasladarse a Mas d'Enric (El Catllar). La Generalitat aparta a 4 funcionarios a la espera de su actuaron correctamente o con exceso de fuerza. El interno terminó en el hospital de Terrassa con costillas fisuradas

Jordi Cabré

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FOTO: DT

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La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha informado este viernes de que ha remitido a Fiscalía un informe de presuntos malos tratos por parte de cuatro funcionarios de la cárcel de Lledoners. Dos de los funcionarios son del DERT (el departamento especial de régimen cerrado), el módulo que se usa para aislar a un recluso en caso de alterar el orden o por protección, y los otros dos acusados son jefes de servicio de esta cárcel situada en Sant Joan de Vilatorrada, en la provincia de Barcelona.

El informe aporta indicios de que los dos jefes de servicio autorizaron y presenciaron un registro integral d eun preso y una inmobilización injustificada a cargo de los dos funcionarios del DERT. 

Según fuentes conocedoras del caso, la actuación se llevó a cabo motivada por un intento d eagresión previo del recluso  hacia un funcionario y según fuentes de Lledoners, el recluso actuó con violencia extrema y costó lo suyo poder inmobilizarlo.

El recluso fue trasladado a Mas d'Enric, en el Catllar. Llegó de madrugada y fue derivado a la infermería. Su estado físico denotaba que había recibido más que golpes. Tras una evaluación de las lesiones, los médicos de la cárcel de Tarragona alertaron de las lesiones que sufría el interno, que fue trasladado nuevamente hasta el Hospital de Terrassa, en los primeros días de octubre.

Suspensión cautelar

Además de poner  toda la información a disposición de la Fiscalía, el Servei d’Inspecció de la Secretaria de Mesures Penals ha abierto una información reservada para documentar los hechos y proponer las medidas disciplinarias correspondientes.

A la espera de las posibles consecuencias penales, como medida cautelar, los jefes de servicio que autorizaron el registro integral y la inmovilización han quedado cautelarmente suspendidos de trabajo, para impedir que puedan interferir en la investigación.

Al margen de las medidas judiciales, la investigación del Servei d’Inspecció aclarará si efectivamente se han producido unas faltas que serían muy graves y que podrían comportar por los cuatro funcionarios sanciones que van desde la suspensión de funciones por un periodo de hasta 6 años, al traslado forzoso o la separación definitiva del servicio.

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima recuerda que hay que respetar la presunción de inocencia de los cuatro funcionarios y reafirma el compromiso de los profesionales de la ejecución penal en Catalunya con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

A la vez, advierte que actuará con la máxima contundencia contra las actitudes que atenten contra el prestigio de los servicios penitenciarios de la Generalitat.

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