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El matrimonio gambiano acusado de un delito de lesiones a su hija en su modalidad de mutilación genital femenina ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Tarragona. Los magistrados tardaron sólo unos minutos en decidir la exculpación de los dos procesados, que se enfrentaban a una petición del fiscal de diez años de prisión.
La acusación –llevada a cabo por el fiscal y la Generalitat– apuntaba que entre el nacimiento de la pequeña –en 2008– y finales de 2014 la niña fue objeto de una ablación, de la cual se responsabilizaba a los padres de la pequeña, dos ciudadanos gambianos que ahora viven en Valls. El fiscal pedía para cada uno de ellos diez años de prisión –la Generalitat retiró la acusación contra el padre y mantuvo los nueve años de cárcel para la madre como cooperadora necesaria–, además de la retirada de la patria potestad.
El caso –iniciado en 2015– llegó finalmente a juicio el pasado martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona. Un juicio largo, ya que se alargó durante seis horas, desde las diez de la mañana hasta pasadas las cuatro de la tarde, con una pausa corta.
Deliberar
Al final de la sesión, y después de haber dado la última palabra a los acusados, el presidente de la Sala dijo que los tres magistrados se retiraban un momento y que enseguida volverían. Se trata de un gesto poco habitual después de que un juicio haya terminado. Al cabo de unos diez minutos regresaron a la sala. Y de nuevo el presidente tomó la palabra para anunciar que iban a emitir la sentencia in voche ya que era absolutoria. Y que lo hacían de esta manera para evitar más días de padecimiento a los acusados, según recordaba ayer el abogado de la mujer, Francisco Zapater –su compañera de despacho, Manuela Perea, representaba al acusado–.
La pareja, en su declaración durante el juicio, recordó que cuando nació su primera hija, en 2015, el acusado estaba residiendo y trabajando en Valls –desde hacía tiempo–. Su esposa residía en un pequeño poblado en una zona rural al este de Gambia, en el centro de África. Vivía en casa de su suegra. El matrimonio recordó que en aquella zona quien manda en la casa es la persona más anciana.
El 5 de mayo de 2008 la acusada –que contaba 24 años y no sabía ni leer ni escribir– dio a luz a su primera hija. El mismo día pudo llamar a su esposo para anunciarle la noticia. Seis días después, mientras ella estaba durmiendo, su suegra cogió a la niña para que le practicaran la ablación –en aquellos momentos era legal en Gambia; desde el año pasado, ya no–. Ese mismo día llamó por teléfono su esposo y se lo comunicó. La reacción del hombre, según aseguraron, fue de enfado. Llevaba mucho tiempo en España y era consciente de la trascendencia de este tema porque la familia estaba en proceso de reagrupación familiar.
El hombre instó a su familia a acudir a un notario de Gambia para dejar constancia de que la ablación se había hecho de forma unilateral por parte de la madre del acusado, sin que el padre y la madre de la criatura tuvieran conocimiento de ello ni dieran su consentimiento. Y así lo hicieron una hermana de la acusada y el hermano del acusado. El notario hizo un acta de manifestación, que fue aportada en el juicio como prueba documental. A los tres meses del nacimiento, la mujer con su hija vinieron a Valls.
Viaje a Gambia
En 2015 la familia tenía intención de pasar unos días en Gambia. Para evitar los casos de mutación genital femenina existe un protocolo. Si se viaja con niñas de seis a siete años, los padres tienen que comprometerse a no hacerles la ablación y a pasar por el pediatra. Éste vio que ya se lo habían hecho a la pequeña, sin poder precisar el momento exacto. La doctora redactó un parte médico, que envió al Juzgado de Guardia de la capital del Alt Camp. A partir de este momento se puso en marcha el proceso judicial.
El 24 de octubre, los Mossos d’Esquadra detuvieron al matrimonio, que dos días después ingresó en prisión preventiva. Por su parte, los hijos pasaron a la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Dgaia) de la Generalitat de Catalunya.
Paco Zapater recuerda que cuando asumió la defensa junto a su compañera de despacho solicitaron que les enviaran el acta de manifestación del notario de Gambia. Así lo hicieron llegar los familiares de los encausados. El Consulado de Gambia en Barcelona validó el documento. Ello sirvió para que los acusados salieran en libertad provisional.
La Generalitat devolvió a los padres la tutela de los dos hijos más pequeños, mientras que la de la niña en cuestión se la otorgó al hermano del acusado, que vive en la misma casa que los procesados.
Entre los testigos que declararon durante el juicio estaba el jefe del acusado para darle su apoyo. Entre el público estaba también el cónsul de Gambia en Barcelona.
El acusado manifestó ayer al Diari que tras conocer la decisión de los magistrados «nos pusimos muy contentos». No en vano comenzaron a llorar. Y no fueron los únicos de la sala en hacerlo.
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Piden 10 años de prisión para una pareja por la mutilación genital de su hija
