El veto a los pisos turísticos crece en las comunidades de Tarragona

Batalla al piso turístico. Las comunidades de vecinos de Tarragona y de la Costa Daurada se blindan contra estas viviendas. La medida, contemplada por ley, vive un auge ante la proliferación de estos equipamientos y las eventuales molestias que pueden generar en los edificios. «Estamos viendo cómo las comunidades limitan los apartamentos turísticos. En Tarragona hay mucho, por ejemplo. Se trata de hacer una modificación de los estatutos. Es algo que se hace para evitar que se instalen más. A los que ya están dados de alta no afecta», indica Fabián Huguet, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona. 

Ana Bozalongo, asesora jurídica de la junta del Col·legi, también admite que estas situaciones se están dando cada vez más: «Proliferan en la misma Tarragona, por ejemplo en zonas como Cala Romana. La gente pregunta muchísimo qué posibilidades tiene la comunidad de prohibir los pisos turísticos. Influyen los conflictos que surgen, son temporadas muy cortas y a veces se incumplen normas de régimen interior». 

"Cada vez más comunidades limitan los pisos turísticos", dice Fabián Huguet, presidente del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona

Esta medida es posible desde la entrada en vigor de la Llei de Propietat Horitzontal de Catalunya, en 2015. La comunidad puede prohibir la vivienda de uso turístico si la decisión está respaldada por las 4/5 partes de los propietarios. El proceso técnico puede prolongarse seis meses hasta la prohibición definitiva en el bloque. «Para aprobar una norma estatutaria así hace falta un acuerdo cualificado y en propiedad horizontal se habla de acuerdo de formación sucesiva, porque también hay que recibir el visto bueno de los propietarios que están ausentes. Tienen 30 días para manifestar su disconformidad», explica Ana Bozalongo. 

El inicio: el orden del día
El punto en el orden del día activa el engranaje para los acuerdos, que deben incluir el ‘sí’ de aquellos dueños que no participaron en la asamblea ni tampoco delegaron. Luego el acuerdo tiene que ir al notario y a escritura pública, para quedar plasmado en el Registro de la Propiedad. Estas ‘cláusulas antiAirbnb’ se han convertido en un mecanismo cada vez más utilizado. Esteve Martí, administrador de fincas en Tarragona, también ha percibido este tipo de situaciones en su día a día laboral. «Este año lo hemos hecho en cinco comunidades, porque la ley lo permite. Son sobre todo ciertos vecindarios del centro. Es una cuestión evolutiva. En el centro reside gente consolidada, algo mayor, donde viven los mismos propietarios. No quieren unas actividades que les pueden suponer una molestia», indica Martí. «Si son edificios rehabilitados y, en general, para alquilar, entonces no se suele hacer», añade Martí, que cree que el proceso es relativamente rápido: «Todo parte de una reunión ordinaria o extraordinaria. Se pone el tema en el orden del día y se somete a deliberación de los vecinos», cuenta. Después se abre un periodo de alegaciones y de impugnación hasta su aprobación definitiva.

"Influyen los conflictos que pueda haber a raíz de que se alojen turistas", explica Ana Bozalongo, administradora de fincas

Prohibir es una de las opciones, quizás entre las más extremas, pero hay otras, destinadas a proteger a las comunidades. «Nosotros aconsejamos a los que se dediquen a alquilar, ya no solo apartamentos turísticos, sino en general, que el propietario entregue al inquilino las normas de régimen interior, para que el inquilino no pueda aducir desconocimiento», indica Ana Bozalongo. 

El número de viviendas turísticas ha ido aumentando en los últimos años. En la provincia hay actualmente un total de 23.694 pisos regularizados, según el recuento más reciente publicado por la Generalitat. De ellos, 19.433 están ubicados en el Camp de Tarragona y 4.261 se emplazan en las Terres de l’Ebre. En el año 2016 había 13.484, por lo que en tres años el número de pisos turísticos en la provincia ha crecido un 75%. Y eso sin contar a los ilegales, que se escapan a esa estadística oficial y que son combatidos en la medida de lo posible por las administraciones. 

«Intranquilidad vecinal»
Los problemas con los apartamentos turísticos surgen no sólo en los centros turísticos como Salou o Cambrils, sino en aquellas ciudades, como Tarragona, en las que la vivienda se alquila por una plataforma digital. Así, se destinan a esta renta turística pisos o viviendas que se hallan dentro de una comunidad normal de vecinos o de propietarios. «El hecho de que gente desconocida se instale en un edificio dos o tres días, no mucho más –o una semana en el mejor de los casos–, causa intranquilidad a los vecinos de la comunidad. Soportan a desconocidos que entran y salen por el portal, que suben en el ascensor con maletas arriba y abajo», cuenta un administrador de fincas tarraconense. 

Los responsables de la gestión comunitaria desgranan algunos de los «problemas puntuales» que pueden ocasionar: «Golpes y desgaste de la pintura del portal con las maletas, gente por la escalera..., no se sabe el uso que hacen de las instalaciones generales del edificio o se encuentran con desagües y tuberías obstruidas». 

Algunos afectados creen más adecuado dedicar todo el edificio en cuestión a la actividad turística. «El problema viene cuando se tiene que compartir una vivienda de uso residencial y domicilio de los vecinos con turistas viajeros pasajeros que se hospedan», reconoce un administrador. 

"Era un tema que nos preocupaba y hemos decidido impulsar la restricción", dice un presidente de comunidad

He aquí un ejemplo de prohibición más o menos reciente. Toda una manzana de bloques en un triángulo formado entre las calles Sant Antoni Maria Claret, Joana Jugan y Marquès de Montoliu, en Tarragona, ha decidido vetar los pisos turísticos. «Es un tema que nos preocupaba porque tenemos una zona interior ajardinada, con unas normas de convivencia, y tememos que alguien que  viniera de veraneo a estar 15 días pudiera infringirlas», cuenta el presidente de la comunidad.

El proceso legal se alargó prácticamente un año, desde la propuesta hasta que quedó oficializado de forma definitiva. «No hubo problemas para alcanzar un consenso, pero todo tarda su tiempo», explica el máximo responsable de esa amplia comunidad que, desde hace meses, prohíbe la instalación de vivienda turística, a pesar de que conviven con uno de los pisos que ya funcionaba previamente como tal. «Lo hacemos para evitar los problemas y las molestias que puede provocar que venga gente de vacaciones. Por ejemplo, tenemos una norma comunitaria que prohíbe colgar ropa en los balcones y si viene alguien en ese plan puede dificultar que se cumpla», indica este representante vecinal tarraconense.