La habilitación de un parking de autocaravanas en la zona de L’Oliva ha puesto en pie de guerra a sus vecinos. A pesar de que el proyecto cuenta con el visto bueno de la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona y que tan solo falta la concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento, la Associació de Veïns no da la batalla por perdida para intentar frenar esta actuación, que afecta a los terrenos de la cota 87, próximos a la plaza.
Su malestar ha quedado recogido en una moción que han presentado a todos los partidos y que se debatirá en el pleno del próximo viernes, ya que el texto se lo han hecho suyo tanto el grupo municipal del PSC, como los concejales no adscritos Sonia Orts y José Luis Calderón. «Aunque sabemos que es una votación no vinculante y que los informes son favorables, estamos intentando dar al Ayuntamiento los argumentos para denegar la licencia, porque aunque ellos digan que no, si hay unos fundamentos jurídicos podrían desestimarlo», afirma desde la Associació de Veïns de L’Oliva, Francesc Inglada.
Los residentes defienden que hay que preservar el valor patrimonial de este entorno. «Llevar las autocaravanas al punto más alto de Tarragona es una barbaridad», considera Inglada. Defiende que la ciudad de Tarragona tiene «alternativas mucho mejores» de cara a estos usuarios. Y, en este sentido, propone los terrenos junto al Nou Estadi o incluso el parking del Campus Catalunya. «Ahora mismo ya se utiliza para las caravanas y creemos que es un espacio favorable, porque en verano no hay estudiantes», añade. Ambas zonas deberían adecuarse con los servicios pertinentes, como el suministro de agua o un depósito para las aguas negras.
Los vecinos son escépticos con la empresa que está detrás de esta iniciativa de la que empezó a hablarse ya en el año 2016. Asimismo, estos son muy críticos con la información que han recibido desde el Àrea de Territori del Ayuntamiento, hasta el punto que en un escrito que han preparado no dudan en pedir la «dimisión» de su responsable, Xavier Puig.
Por su parte, Maroen Serveis, que está detrás de la iniciativa, defiende que «por nuestra parte, todo sigue adelante». La empresa argumenta que a lo largo de todos estos años de tramitación se han hecho muchos cambios para «ajustarse» a las recomendaciones de la Comissió Territorial d’Urbanisme. «El primer proyecto era muy ambicioso y aprovechando que debíamos presentar de nuevo toda la documentación, reducimos el impacto», argumenta este empresario.
Entre los cambios, se redujo la cifra de plazas inicial de 87 a 37, así como también se hicieron más pequeñas los espacios de aparcamiento, pasando de cinco a cuatro metros de ancho cada una, para evitar que los usuarios saquen mesas o sillas al exterior, ya que quiere remarcarse que esta no será una zona de acampada. «Se han eliminado los enchufes de las plazas, tenía que hacerse un movimiento de tierras para el sistema de aguas, que al final no se hará porque será superficial y también se ha reducido el tamaño de los depósitos», sigue explicando su promotor. Este lamenta que «no quiero entrar en una guerra con los vecinos».