«Entraron en mi casa con armas. Me fui de Venezuela para no morir»

Ángel Romero (37 años) tardó dos meses en reunir el dinero para comprar el pasaje. Irrumpieron con violencia en su domicilio en febrero y en abril aterrizaba en Barajas. «Entraron en mi casa con armas. Estaban mi suegra, mis hijos y mi esposa. Dijeron que si yo seguía haciendo labor social, trabajo en la oposición, iba a pasar algo. Sabían dónde vivía. Era el primer aviso. El siguiente iba a ser matarme a mí o a alguien de mi familia», rememora, ya en calma, afincado en Tarragona con sus hijos, Zareth (7 años) y Gabriel (3), y su mujer, Aurimar (32). 

Su suegra llegó algo más tarde, en agosto de 2018, como alivio a una situación de persecución asfixiante. «Me llamaban, nos perseguían, seguían a mi mujer al trabajo, llamaban a mi suegra a su casa y le decían: ‘Sabemos quiénes son tus nietos, están ahora en el colegio y están haciendo tal cosa’. O: ‘Tu mujer está saliendo del trabajo’. Todo eso nos hacía entrar en el caos y tener miedo a morir en cualquier momento. Tuve que huir rápido. Me vine para poder salvar mi vida y la de mi familia». Ángel habla así de los llamados colectivos: «Son grupos a los que el gobierno da armas para que controlen las zonas, los barrios. Causan el caos, limitan la entrada de medicinas, de alimentos… se dedican a que haya restricción».

Renunció a participar en marchas a favor del régimen cuando el gobierno de Maduro expropió su empresa

Por entonces, Ángel ya era alguien identificado por su compromiso y su activismo. Acudía a manifestaciones contra el régimen. «Salíamos a la calle con el corazón y con pasión, pero había represión y me tocó ver muertos en manifestaciones o que se acercara gente armada y me obligaran a darles el teléfono», admite. 

A pesar de eso, Ángel vivía tranquilo en su Caracas natal, en un piso junto a su familia. «Tenía una vida cómoda, mi casa propia, un buen trabajo. Soy administrador en comercio exterior. Tenía mis clientes, mi vida administrativa. Mi mujer es educadora. Tenía formación y estaba terminando la tesis para ser doctora, cuenta. 

Todo se torció cuando la compañía donde trabajaba Ángel fue nacionalizada. «El gobierno la expropió y a partir de ahí se dedicó a amedrentar y a decirles a los trabajadores que teníamos que salir a marchar en favor del Gobierno de Maduro. Yo, como activista político, me aparté de ello, me vi en la obligación de renunciar», reconoce.

Mitigar el choque cultural 
Cambió de trabajo pero de nada sirvió. Los acontecimientos se aceleraron hasta el día definitivo, aquel asalto en su casa que fue un trauma para toda la familia. Unos familiares de Seseña (Toledo) les hicieron la sugerencia: ¿por qué no venir a España y solicitar la protección internacional? 

Los preparativos fueron rápidos y el desenlace también: dos meses en un hostal de Madrid, la solicitud de asilo en la Cruz Roja y la plaza finalmente asignada en Tarragona. «No conocíamos la ciudad pero al llegar todos fueron muy amables. Nos estaban esperando los educadores y los trabajadores sociales», relata. 

La Creu Roja les asesoró y les guió en esos primeros pasos, desde la vivienda a la sanidad, pasando por la comida o las urgencias financieras. «Nos motivaron muchísimo a insertarnos en la sociedad para que no hubiera un choque transcultural, eso que siempre experimentas cuando llegas a un sitio y no conoces a nadie». 

Eran días agridulces, tristes y felices a la vez, en los que formarse intensamente para aspirar a un trabajo –y aprender catalán– y también para digerir la pérdida: «Extrañamos a nuestra nación. Es nuestro corazón que se desprende, es como un proceso de duelo. No sabemos cuándo volveremos a ver a nuestros familiares o si los vamos a ver vivos de nuevo». 

Ha aprendido catalán y ha encontrado empleo, igual que su esposa

Ángel logró un empleo. Ahora, después de ser mozo de almacén, ha ascendido a comercial. Su mujer trabaja en una empresa de bricolaje. «Nos hemos adaptado bien, Tarragona es una ciudad familiar», cuenta, mientras espera la resolución de su solicitud de asilo, que acumula dos años en trámite. En ella acreditó, con abundante documentación –denuncias, acreditaciones de afiliación política–, que sufrió amenazas y fue perseguido en Venezuela. Confía en obtener el status oficial de refugiado, mientras desde la distancia no le quita ojo a lo que sucede en su país, con fe y templanza. «Dentro de todo lo que ha sucedido hay algo positivo. Yo lo veo constitucional. Si no, Guaidó ya estaría preso o secuestrado. Ha sido intocable y eso es un mensaje positivo que nos da esperanza». 

Para Ángel, nunca se ha estado tan cerca de iniciar un proceso de cambio, a pesar de que vaya a ser costoso y largo. «Maduro está buscando una estrategia y no la encuentra. Está contra la pared. Él y su equipo se sienten acorralados. Venezuela entera se ha volcado en la calle y la situación es muy interesante. Se está haciendo de forma razonable e inteligente. Guaidó está reconstruyendo mentalidades y es el sueño de muchos». 

Ángel confía en que haya un gobierno de transición para desembocar en unas elecciones libres que acaben con la pesadilla: «Hay escasez de alimentos y de medicina. Muchas mujeres mueren pariendo y los niños recién nacidos se colocan en cajas de cartón».