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Esquerra Republicana y la CUP quieren controlar más la actividad del sector petroquímico de la ciudad, especialmente después del accidente en Iqoxe del 14 de enero de 2020 que acabó con la vida de tres personas. Así se pone de relieve en el acuerdo programático de gobierno que ambas formaciones hicieron público ayer, y que debe servir para que las dos ediles cupaires se suman al actual ejecutivo de la Plaça de la Font formado por ERC y En Comú Podem, en caso de sellar un pacto a tres bandas.
En el texto se indica, en el apartado Medi Ambient i Sostenibilitat, la voluntad por «requerir, de forma trimestral, a las administraciones competentes el detalle de los expedientes sancionadores a las empresas del complejo petroquímico». Este redactado se enmarca en las conclusiones de la comisión de estudio que el Parlament de Catalunya llevó a cabo a finales de 2020, y que entre sus recomendaciones indicaba a la Generalitat que «periódicamente inste a los ayuntamientos afectados por el Complex Petroquímic a requerir a las empresas la relación y el detalle de los diferentes expedientes sancionadores en materia ambiental, laboral y de seguridad que se vayan interponiendo, con el fin de desarrollar una correcta fiscalización de las mismas». Este texto fue avalado por todas las fuerzas, a excepción –curiosamente– de la CUP, que se abstuvo.
Asimismo, el pacto entre republicanos y cupaires concreta en la misma linea que hasta final de mandato –en 2023– se impulsará «realizar un estudio independiente de la calidad del aire del polígono industria sur y del resto de la ciudad».
Escola Municipal de Teatre
En otro orden de cosas, el pacto que ahora debe avalar En Comú Podem se marca como objetivo que «el presupuesto de Ensenyament sea el 6% del total a final de mandato». En materia educativa y cultural también se incluye en el programa la creación de la Escola Municipal de Teatre, desarrollar el Pla de Biblioteques, descentralizar la actividad cultural y «ampliar los horarios de apertura de los centros cívicos» y analizar la posibilidad de «abrir más».
El documento también apuesta por «establecer un calendario y un plan de inversiones para el Banco de España, la Facultat de Lletres, la Tabacalera, el edificio de Santiyán y el Preventori de la Savinosa», y se marca el objetivo de «dotar del material necesario al Palau cuanto antes». Precisamente, sobre el Anillo Mediterráneo se enfatiza la voluntad de «garantizar su gestión pública», y se anuncia «una auditoría de cumplimiento de los Juegos del Mediterráneo». El documento especifica el compromiso para que «la única bandera de la fachada del Ayuntamiento sea la de Tarragona», así como «retirar todas las placas franquistas de la ciudad» y vetar la cesión de espacios públicos «a todos los colectivos que discriminen».
