Estado y Generalitat ponen en vilo el legado de los Juegos de 2017

Faltan sólo 15 meses y tres días para el inicio de los Juegos del Mediterráneo de 2017 y la ciudad de Tarragona sigue sin saber si se podrán construir a tiempo dos de las grandes instalaciones que deben suponer el legado del evento deportivo: el centro acuático y el Palau d’Esports de Campclar. Entre ambas obras suman una inversión global de más de diez millones de euros que, en estos momentos, están en el aire: ocho del palacio de deportes y, aproximadamente, otros dos para la piscina olímpica, si bien en este último caso aún no está definido el proyecto ejecutivo.

Esta situación pone en vilo el legado de la celebración que debe iniciarse el 30 de junio de 2017, ya que tanto la piscina olímpica como el palacio de deportes son las grandes apuestas que la organización llevará a cabo en Tarragona ciudad. A estas dos importantes dudas hay que sumar la renuncia que, el pasado mes de septiembre, anunció la organización cuando descartó la construcción del estadio desmontable para 15.000 espectadores del anillo mediterráneo, donde debían llevarse a cabo las ceremonias de apertura y clausura del evento. En su momento, Tarragona 2017 argumentó que rechazaba este equipamiento para invertir los 1,8 millones de euros previstos en esta obra provisional para destinarlos para la reforma del estadio de atletismo de Campclar y otras pequeñas obras y apostar, de esta forma, por el legado del evento y no por construcciones temporales, ya que ese estadio estaba previsto que desapareciera tras los Juegos.

‘Económicamente inviable’

Pese a ello, ha pasado medio año y las dudas sobre las inversiones que deben llevar a cabo las administraciones autonómica y estatal siguen incrementándose. Un nuevo ejemplo de ello se ha vivido a lo largo del último mes, cuando dos uniones temporales de empresas (UTE) han rechazado la obra del palacio de deportes de Campclar. Primero fue –a mediados de febrero– la unión formada por Dragados, Garcia Riera y Rubau la que descartó asumir el encargo por parte del Govern, mientras que la pasada semana fueron Copisa, Calaf y Sau las que dijeron ‘no’.

Ambas adjudicatarias de la construcción en el barrio de Ponent argumentaron idénticos motivos para descartar asumir la inversión: «Es económicamente inviable» remarcaron las dos firmas. En este sentido, ambas licitadoras presentaron ofertas por valor de unos ocho millones de euros para ganar el concurso público, cuando el precio inicial era de 10,4 millones.

Todo ello ha supuesto que se hayan generado muchas dudas sobre esta construcción clave para los Juegos. El caso ha provocado una tormenta política entre Ayuntamiento y Generalitat, hasta el punto de que pasado mañana se ha convocado una reunión de urgencia para decidir si se pasa la obra a la tercera clasificada del concurso público –Comsa y Sau– o bien se lleva a cabo una nueva licitación.

La otra cara de la moneda es otra actuación liderada por la Generalitat, como es el Complex Sant Jordi. Estas actuaciones –valoradas en 12 millones de euros– empezaron el pasado mes de noviembre y está previsto que finalicen durante el primer trimestre de 2017. Esta obra contará también con la ampliación de la residencia de estudiantes de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y, a partir de septiembre de 2017, será un recinto abierto al público.

Madrid: sólo el 23%

Por contra, de momento aún no se ha iniciado ninguna de las actuaciones que debería financiar el Gobierno Central. El pasado mes de octubre se conoció que la aportación de la administración general del Estado sería de 3,4 millones de euros para 2016, una cifra que tan sólo supone el 23% de los solicitado en reiteradas ocasiones tanto por Tarragona 2017 como por el Comité Olímpico Español (COE). En este sentido, el 7 de agosto de 2015 el presidente del organismo estatal, Alejandro Blanco, envió una carta al alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) en la que le reiteraba que en el plan director del evento figuraba una inversión de 14,7 millones de euros por parte del ejecutivo estatal. En esa misiva, Blanco calificaba como de «crucial» la inversión que debía llevar a cabo el Gobierno Central.

Pese a ello, esta intermediación no supuso demasiada presión para el Consejo Superior de Deportes (CSD). Inicialmente, el primer esbozo de los Presupuestos Generales del Estado no contemplaba ninguna partida para Tarragona 2017. Pese a ello, las negociaciones posteriores permitieron que se abriera una partida de 3,4 millones de euros.

En una visita del pasado 22 de octubre a Tarragona, el presidente del CSD, Miguel Cardenal, anunció que este dinero se destinaría para la reforma del estadio de atletismo de Campclar, así como para las actuaciones en el Nou Estadi del Gimnàstic.

Ese día, Cardenal aseguró que los planes estatales no contemplaban financiar el centro acuático, ya que «no es una instalación imprescindible para los Juegos». Pese a ello, el alcalde Ballesteros remarcó que «la piscina olímpica se hará en la ciudad sin generar más deuda para las arcas municipales». Por ello, desde entonces el Consistorio está estudiando el sistema de financiación del recinto, que podría pagarse mediante los 1,2 millones de euros que la Diputació aportará al Ayuntamiento para el Pla d’Acció Municipal (PAM).