¿Estarías dispuesto a pagar esto por un nacimiento, una boda o una defunción?

Pagar 20 euros por registrar el nacimiento de un hijo. 40 euros por inscribir una defunción. De 100 a 150 por casarse por lo civil o sacar un duplicado del libro de familia. Las cifras son ficticias e hipotéticas, pero sirven para viralizar la movilización de los funcionarios de justicia, que vuelven a protestar por la amenaza de que los registros civiles sean privatizados. «Nosotros no luchamos por nuestro puesto, luchamos para que tú no tengas que pagar lo que aún es gratis», se explica en el mensaje.

Los registros civiles llevaban unos años en la cuerda floja. Sobre todo por la reforma del que fuera ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que pretendía transferir el servicio a los registradores mercantiles y de la propiedad, lo que suponía cobrar por realizar inscripciones de nacimientos, defunciones o matrimonios, trámites que ahora son gratuitos. En 2015 se aplazó la reforma por un plazo de dos años que expira ahora.

El nerviosismo abunda entre los trabajadores, también por la incertidumbre. «Parece que el Gobierno está jugando a varias bandas. No hay información clara. No se nos comunica nada. Nosotros estamos en contra de que la gestión del registro salga del ámbito del Ministerio de Justicia. Creemos que la administración especula y escurre el bulto. Hay mucha inquietud. Además, la gente no sabe qué va a pasar con sus puestos de trabajo», indica Jordi Giménez, responsable del ámbito de justicia en Tarragona del sindicato UGT.

Joan Carles Ballesté, gestor, funcionario y del sindicato CCOO, es medianamente optimista: «Estamos en medio de la negociación. Parece que podremos parar el golpe de la privatización pero no sabemos qué pasará con la centralización. Quieren hacer desaparecer muchas oficinas. Hay mucha preocupación». 

‘Es un pilar del Estado’

«Está claro que la administración de justicia no da beneficios, pero es que no está para eso. Es un tercer poder del Estado, uno de los pilares. El Ministerio nos comentó que no se privatizaría el Registro Civil, pero sí lo llevarían los secretarios judiciales. A día de hoy seguimos hablando con los diferentes partidos políticos para que los registros sigan siendo un servicio público», cuenta Damián Sampedro, responsable dejusticia de UGTen Catalunya.

Ante ese rechazo evidenciado hace dos años, está por ver qué cambios se aplicarán a partir de julio. El Ministerio ha admitido que que el servicio seguirá siendo gratuito, a pesar de la desconfianza sindical. Lo que sí parece que va a cambiar es la figura encargada de los registros civiles. Dejarán de ser los respectivos magistrados los encargados para ocupar esa responsabilidad los secretarios judiciales. «Lo principal es que el servicio se siga prestando dentro del ministerio de justicia», cuenta Joan Carles Ballesté. Los sindicatos alertan también de una posible centralización. Dicen que la nueva propuesta sólo contempla como obligatoria una oficina de registro civil por comunidad autónoma y que está en peligro el cierre de aquellas en poblaciones medianas y pequeñas.