Más de Tarragona

Eva Miguel Gascón: «Urge ampliar el parque público de vivienda»

Entrevista a Eva Miguel Gascón presidenta de Smhausa. El Ayuntamiento solicitará una reunión con la Generalitat para la creación de una mesa de emergencias propia, que permita ganar agilidad en la gestión

Núria Riu

Whatsapp
La concejal de la CUP, Eva Miguel Gascón, es la presidenta de Smhausa.  FOTO: alba mariné

La concejal de la CUP, Eva Miguel Gascón, es la presidenta de Smhausa. FOTO: alba mariné

Eva Miguel Gascón (Zaragoza, 1985) es la presidenta del Servei Municipal de l’Habitatge (Smhausa), a raíz del cambio de organigrama en el Ayuntamiento a partir del pacto de Gobierno que permitía la entrada de Junts per Tarragona y la CUP. Miguel habla de las líneas estratégicas en materia de vivienda. 

La vivienda había sido uno de los caballos de batalla de la CUP. ¿En qué se notará que ahora usted  preside el Servei Municipal de l’Habitatge (Smhausa)?

Es un tema de agenda política clave. No puede ser que tengamos la emergencia habitacional que tenemos, y que en los anexos de la ley 11/2020, que regula el precio de los alquileres, ya se marque Tarragona como uno de los municipios con un mercado de la vivienda tenso. Esto ya nos está diciendo que la gente no puede acceder de una forma cómoda, porque estamos por encima de la media.
¿Qué margen tiene una administración local para distender este mercado?
Hay que luchar por ampliar el parque público de vivienda y esto es una cuestión estructural que no se ha trabajado, sino que se ha priorizado la construcción. Debemos poder trazar las líneas que den un vuelco a la situación, para dar una respuesta a los problemas habitacionales de la ciudad, ampliar el parque de alquiler social y poder trabajar de forma coordinada con las entidades que luchan por el derecho a la vivienda. 

¿Cuáles serán las prioridades?

Hay diferentes cuestiones clave. Por un lado, debemos poder desplegar el Pla Local de l’Habitatge, también está el censo de los pisos vacíos, fomentar la rehabilitación y poder tener esta coordinación entre Serveis Socials y Smhausa para poder dar una respuesta a las emergencias que surgirán. Porque no olvidemos que hemos tenido una moratoria por la pandemia con los desahucios, que han seguido, pero que acaba ahora, lo que nos genera una situación muy dura a la que debemos poder dar una respuesta.

¿Más allá de los indicios, tiene datos de la gente que puede verse afectada por esta situación?

Dado que la CUP gestionamos los temas de vivienda y de Serveis Socials, hemos empezado a coordinarnos para tener una panorámica de los expedientes que tenemos constancia que tendrán estas órdenes de desahucio. Y, a partir de ahí, estamos trabajando un plan estratégico para llegar a todos los casos y hablar con las entidades para que no se nos escape ninguna situación. Aunque no tenemos la competencia para parar estos desahucios, sí que tenemos la facilidad o los recursos para intentar mediar. 

¿No se había hecho hasta el momento esta mediación?

Evidentemente que sí, pero lo que no puede ser es que empecemos a intervenir cuando tenemos el desahucio encima. Si tenemos una previsión de qué pasará en los próximos meses, debemos poder rastrear a los propietarios, intentar encontrar la mediación, coordinarnos con los juzgados y que se cumpla la ley para garantizar que estas personas si tienen que marcharse de su casa haya un acuerdo de alquiler social. Aunque el problema está en que muchas veces estos pisos cuelgan de fondos buitre y no hay interlocutor. 

¿La última respuesta debe ser este parque de alquiler social?

El problema es que primero teníamos cuestiones relacionadas con ejecuciones hipotecarias y ahora la problemática está más centrada en los alquileres. Esto hace que no tengamos las herramientas claras sobre cómo poder hacer fuerza y no se esté cumpliendo la ley, que debe garantizar alcanzar un acuerdo de alquiler social para estas familias. Y después está que hay un montón de trámites que lo hacen todo muy rocambulesco. El hecho que Tarragona no cuente con una mesa de emergencias propia para tramitar los casos hace que se dilate todo en el tiempo. Para ello, una cuestión que nos estamos planteando con la consellera Solé es que debemos activar una reunión con la Generalitat de forma urgente para que Tarragona tenga una mesa propia de emergencias.

¿Con qué objetivo?

Esto nos permitiría no depender de Barcelona, ya que muchas veces los trámites se dilatan hasta un año y medio, o si esta persona no está dada de alta en la mesa de emergencias no se le puede ayudar con garantías. Es un problema grave.

Agilizar el procedimiento para actuar de forma más rápida.

No puede ser que tengas familias con un desahucio previsto para el mes de septiembre, que tú sabes que están dadas de alta en la mesa de emergencias, y que se les podría tramitar más fácilmente una solución, pero que por un tema burocrático, porque no hay tiempo, se queden en una situación de desamparo total que implica que sean expulsadas de casa. No puede ser que por culpa administrativa no podamos dar una respuesta a estas familias y también que no tengamos un parque público lo suficientemente amplio para atender a todas las situaciones que se nos vendrán encima. 

¿Qué están haciendo?

Ahora estamos valorando cuántas familias tenemos, cuál es la situación y cuáles son las casuística y el margen de mediación para activar un plan A, B o C para ser realojadas. Porque estaremos en una situación de emergencia muy grave, y llegará un punto en el que la administración local podrá parar el primer golpe, pero si empezamos a tener desahucios de forma continua no llegaremos a todo. 

La moratoria se acaba el próximo 9 de agosto. 

Hace un mes que entramos al Gobierno y no se había empezado a trabajar ninguna estrategia y ahora mismo vamos a contrarreloj, porque tampoco se había previsto cómo se actuaría como administración local, cosa que es grave. Estamos apretando para tener esta panorámica clara y prever las acciones. Asimismo, estamos explorando poder tener reuniones con hosteleros para tener alternativas de alojamiento. 

Hay una partida de 1,5 millones para comprar pisos.

Sí, tenemos una partida que se aprobó por modificativo de crédito a partir del remanente del año pasado y de momento hemos comprado dos pisos y tenemos tres pendientes de firmar. Contabilizamos que con este presupuesto podremos adquirir unos 25 pisos, pero entendemos que estas partidas de inversión deben repetirse de forma consecutiva en los próximos presupuestos, porque urge ampliar el parque público de vivienda. 

¿Qué harán para que los propietarios contribuyan a esta bolsa de alquiler que gestiona Smhausa en lugar de tener un piso cerrado?

En septiembre abriremos una convocatoria de ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías, con la condición de que después estos pisos entren a la bolsa de alquiler de Smhausa. Así atacamos por un lado la problemática de los pisos vacíos y por el otro estamos ayudando a la gente a poder hacer estas reformas, ampliando la bolsa.   

¿De qué partida estamos hablando?

De 1,1 millones de euros, que cuelgan de crédito por lo que estará abierta la convocatoria hasta que se agote la partida.

¿Son pisos que tendrán que ir para el alquiler social, no para particulares que quieran hacer reformas en casa?

Son ayudas que tienen como objetivo dar una respuesta a esta emergencia habitacional y que no contemplan que sean utilizados para que un particular haga negocio ni de cara a los grandes tenedores, que de hecho estarán excluidos. La idea es ayudar a aquella gente que puede haber recibido una herencia y que no tiene manera de poder rehabilitarlo sino es así. Y aquí es muy importante la medida que se aprobó el otro día en el pleno, con una modificación de la ordenanza para una rebaja del ICIO.

Aún no se ha puesto el hilo en la aguja sobre el estudio de los pisos vacíos.

Aquí hay dos temas ya que, primero, hay que cruzar datos sobre el cobro de tasas, los suministros y el padrón. Esta parte, Tesorería nos dice que está a punto de acabarse y que estará en septiembre. A partir de ahí, hay que hacer un trabajo de campo para comprobar in situ que efectivamente está vacío. Creemos que antes de que acabe el mandato podremos tenerlo y nos servirá para poder aplicar la reforma de la ordenanza del IBI, que se hizo en 2019, por tal de gravar con un 50% adicional los inmuebles permanentemente desocupados.

Hisenda y Habitatge han abierto vías de colaboración para incentivar determinadas políticas. ¿Este será el mecanismo?

Deben afrontarse desde todas las aristas posibles, ya que la vivienda debe entenderse como un tema de interés público en el que deben trabajar todas las áreas.  

Se hizo un proceso participativo para el Pla Local de l’Habitatge, que está pendiente de aprobación. ¿Esto seguirá adelante, según lo dejó su predecesor?
Sí, es un plan que está acabado y está pendiente de aprobación. En el próximo consejo de administración se ratificará la contratación de un técnico por parte de Smhausa, con un perfil jurídico, que se encargará de desplegarlo. Tras esta incorporación, ya podrá aprobarse el plan, ya que podremos garantizar que no se quede en el cajón. 

¿Qué líneas marca?

Una de las cuestiones que establece es la creación de un Consell Municipal de l’Habitatge, un órgano que consideramos indispensable porque necesitamos una participación directa de todos los agentes implicados en materia de vivienda. Y también pensamos, como es la intención, que si podemos contar con una mesa de emergencias propia, puede ser muy interesante plantear la redacción del reglamento, de forma participativa. 

¿Qué harán para que los pisos vacíos que hay en la ciudad se pongan al mercado para dar una respuesta para los inquilinos que no encuentran vivienda, por culpa de los precios?

Se está haciendo el censo, para gravar después el IBI y que los propietarios tengan un aliciente de cara a sacarlos al mercado. Después están todas las ayudas para la rehabilitación. Son diferentes acciones que entendemos que a largo plazo tendrán su impacto. 

Smhausa tendrá que redactar el proyecto de la nueva urbanización del PP10. Un barrio que ustedes eran contrarias. 

Entrar en el gobierno implica asumir contradicciones y en este caso insistentemente habíamos solicitado su marcha atrás. Ahora la CUP deberá firmar la tramitación del PP10. Valoramos que dentro de lo criticable de este proyecto se haya redefinido para dar respuesta a una elevada cifra de viviendas de protección oficial y que no será de la manera en la que se había planteado inicialmente, que debía ser un barrio smart.  

Se ha criticado desde la oposición que usted sea la presidenta de Smhausa cuando su partido defiende las ocupaciones. 

Delante de una emergencia habitacional, donde la gente sufre una violencia porque está siendo expulsada de casa, en la que hay bancos, grandes tenedores y fondos buitre que mantienen estos pisos vacíos, ¿qué tiene que hacer la gente?. Esta debe sobrevivir. Los datos demuestran que de forma muy elevada son familias vulnerables que ocupan estos pisos de bancos y de grandes tenedores. Esto no es defender la ocupación, esto es defender un derecho básico que los del bloque del 155, que siempre defienden los derechos constitucionales, después se les olvida. 

En algunas de la ciudad se ha acentuado la ocupación. ¿Qué se hará para que no se convierta en un problema de convivencia?

La ocupación y el problema de la vivienda son la punta del iceberg de unos problemas con una raíz más profunda y compleja. Si tenemos una masa poblacional que no tiene posibilidades de entrar al sistema para encontrar trabajo, si hay problemas de pobreza energética y una situación sin empleos dignos, y estamos delante de un parque inmobiliario abusivo, que excluye a mucha gente del mercado convencional porque los requisitos son desorbitados, estamos delante de una situación de emergencia muy bestia que debemos poder afrontar. Reducir la problemática de la ocupación a un tema concreto, con un perfil concreto es ser muy reduccionista. Y por mucho que las fuerzas de seguridad les desahucie

Temas

Comentarios

Lea También