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El Ayuntamiento de Tarragona concederá bonificaciones fiscales tanto para la instalación de energías renovables como para beneficiar las actuaciones de rehabilitación en el parque de viviendas para el alquiler social. Así lo aprobó la sesión plenaria celebrada ayer, siendo dos de los principales puntos del orden del día de una jornada que arrancaba a las nueve de la mañana y que se prolongó hasta media tarde.
El primero de estos puntos hace referencia a una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que supondrá una rebaja del 50% para aquellos propietarios que instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La medida va dirigida a aquellos ciudadanos que apuesten por las renovables, pero en ningún caso beneficiará a las construcciones de obra nueva y a las instalaciones solares obligatorias por ley.
Esta rebaja la podrán percibir durante un periodo de cinco años y, según se ha establecido, en el caso de las viviendas unifamiliares, la reducción no superará los 600 euros. Asimismo, será necesario que los colectores solares térmicos, en el caso de instalaciones de producción de calor, dispongan de la correspondiente homologación por parte de un organismo competente.
El concejal de Serveis Generals, Jordi Fortuny, defendió que «entendemos que el impacto será soportable, ya que habrá más IBIs que compensarán la medida, a partir del crecimiento vegetativo». Asimismo, abría la puerta a la posibilidad de estudiar líneas de subvención directas, tal y como le pidió Cs durante la fase de debate.
Por otro lado, también se aprobó por unanimidad una bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que afectará a todas las viviendas construidas antes de 1975 para hacer reformas y que estos pisos se destinen al alquiler social. En este caso, Fortuny defendió que es una medida que se enmarca dentro de las políticas de vivienda del Ejecutivo y «de cara a la recuperación económica». La propuesta siguió adelante por unanimidad de todos los grupos.
El pleno de ayer también aprobó el cambio de tarifas para la zona azul y verde, que supone una rebaja de 55 céntimos para la primera media hora y un incremento de tres a cuatro euros para la segunda. En este caso, el debate fue más tenso y desde el Partido Popular se aseguró que, con esta subida, «Tarragona se sitúa como una de las ciudades más caras en las que aparcar en la zona azul». Desde el Gobierno se defendió que forma parte de la nueva estrategia de aparcamientos, que quiere facilitar la utilización de los parkings soterrados para los estacionamientos de larga duración. «Lo que estamos haciendo es favorecer la rotación, el comercio de la ciudad y la sostenibilidad», argumentó Xavier Puig.
