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Falsificó papeles para conseguir un contrato con la Subdelegación

Alteró un certificado de cotización para hacer ver que estaba al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social

Àngel Juanpere

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La Administración del Estado había abierto un proceso de contratación.  Foto: Lluís Milián

La Administración del Estado había abierto un proceso de contratación. Foto: Lluís Milián

El administrador de una empresa de limpieza que quería conseguir un contrato con la Subdelegación del Gobierno alteró un certificado de cotización de la Tesorería General para hacer ver que estaba al corriente de pago de las cuotas. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona ha confirmado la pena impuesta inicialmente por el Juzgado de lo Penal 3 de Tarragona. La condena para Antonio José R.N., de 56 años, fue de cinco meses de prisión y el pago de una multa de 900 euros como autor de un delito de falsedad en documento oficial. Además, tendrá que pagar las costas, incluidas las de la acusación particular.

La sentencia considera probado que el acusado, actuando como administrador de una empresa y a efectos de conseguir el contrato, envió por fax el 26 de marzo de 2010 el certificado falso. Tres días después remitió el mismo certificado, esta vez escaneado, en un sobre cerrado.

Dicho certificado estaba alterado desde el momento en que se utilizó un certificado original válido, emitido a las 12 horas, 17 minutos y 21 segundos del 29 de septiembre de 2009, pero poniendo fecha de 10 de enero de 2010. Aquel día, la empresa mercantil adeudaba a la Tesorería de la Seguridad Social dinero por impago de importe de cuotas.

La alteración se detectó por la Tesorería porque estos certificados tienen una huella de autenticidad. Y el certificado presentado en fecha 26 de marzo de 2010 contiene una ‘huella’ que corresponde al original de 29 de septiembre de 2009.

En su escrito de apelación, el acusado apuntaba que los hechos no eran constitutivos de delito y que, en caso de serlo, no hay pruebas de que él fuera el autor de los mismos. Los magistrados de la Audiencia aseguran que dicho documento, que contiene metadatos –las llamadas codificaciones informáticas– se equipara por función y destino al documento oficial. Y la manipulación de la fotocopia debe considerarse un delito. Respecto a la falta de indicios sobre la autoría, la Audiencia lo rechaza. Recuerda que el fax se envió desde la empresa de la que el acusado es su legal representante.

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