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Fiscalía y abogados creen justa la pena por entrar a robar en casas

Los letrados consideran que el castigo de dos a cinco años de prisión que prevé el Código Penal tendría que ser lo suficientemente disuasorio. Los Mossos d'Esquadra discrepan

Àngel Juanpere

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Estado en que quedó una de las habitaciones durante el robo en un piso en la zona del Hospital Joan XXIII.

Estado en que quedó una de las habitaciones durante el robo en un piso en la zona del Hospital Joan XXIII.

¿El robo en el interior de los domicilios está lo suficientemente castigado por el Código Penal? Es la pregunta que lanzaba al aire el director general de la Policia, Albert Batlle, durante la presentación el pasado lunes del balance delincuencial de 2016. En el mismo se reflejaba un repunte de esta tipología delictiva, que el responsable policial atribuía en buena parte a una pena muy baja –de dos a cinco años de prisión, y no entre uno y tres, como por error publicó el pasado martes el Diari–, lo que conlleva que los jueces no decreten prisión preventiva para los sospechosos de estos delitos. Pero su parecer no es compartido ni por los abogados ni por la Fiscalía, aunque sí por el magistrado de Menores, quien además se encarga de enjuiciar este tipo de casos en otro Juzgado.

Durante el año pasado, los robos con fuerza en el Camp de Tarragona aumentaron un 2,75 por ciento. Pasaron de los 3.796 a los 3.889, lo que significa más de diez al día. Albert Batlle, en su intervención ante los medios de comunicación, dijo que la violación del domicilio, algo que tendría que ser «sagrado», «no tiene la respuesta –penal– que tendría que tener». Por ello, aseguró, habían insistido mucho en las posibles modificaciones del Código Penal. Y aseveró: «No es tanto por lo que roban, sino por la vulneración de un espacio sagrado».

Reconducir la situación

El responsable de los Mossos d’Esquadra aseguró que para intentar reconducir la situación y que estos delincuentes ingresen en prisión, están manteniendo contactos tanto con la Fiscalía como con los jueces. Y la situación es general en Catalunya y no se circunscribe sólo a Tarragona. Los ladrones de casas saben que muy difícilmente ingresarán en prisión preventiva si roban en una casa, siempre y cuando no haya violencia o intimidación a los moradores. Por ello, según Batlle, hay mucha reincidencia.

Pero las reflexiones de los Mossos no son compartidas por los diferentes estamentos implicados en la cuestión. El fiscal jefe de Tarragona, Xavier Jou, apuntaba al Diari que el criterio del Ministerio Público es pedir prisión preventiva en todos los casos de robo con fuerza en los domicilios. Así lo saben los fiscales de la demarcación después de que el propio Jou les hubiese enviado una nota de servicio –al igual que en otras Fiscalías provinciales– en 2008 en la que figuraban los delitos por los que se tenía que solicitar el ingreso preventivo en prisión si hay sólidos indicios.

El listado

En la lista figuran, además, el robo con violencia o intimidación en casa habitada, robo con violencia o intimidación a otros usuarios con arma o instrumento peligroso en cualquier lugar, violencia organizada, contra la salud pública en cantidades de notoria importancia, así como también en asesinatos, homicidios dolosos y violaciones.

En el 65% de las peticiones de prisión preventiva que realizan los fiscales en base al anterior listado, los jueces conceden el ingreso en prisión de los sospechosos. Sin embargo, el fiscal reconoce que cuando se trata de robos con fuerza en domicilios el porcentaje baja de forma importante, sin que se dispongan de cifras.

Sobre si considera que la pena prevista por el Código Penal va acorde con las circunstancias del delito, Xavier Jou asegura que sí. Además, recuerda que si el autor tiene al menos tres antecedentes anteriores –en sentencia firme–, el juez tiene capacidad para aumentar la pena por reincidencia, cuya franja se fija entre los cinco y los siete años y medio de prisión–.

La abogacía

Ramon Setó, diputado sexto del Col·legi d’Advocats de Tarragona, asegura que la manifestación de los Mossos tendría cierto sentido en el tipo básico de robo con fuerza, que es de uno a tres años, «pero si es en casa habitada ya hay un agravante que viene a cubrir esta protección de la vivienda». En este sentido comenta que la pena prevista –de dos a cinco años de prisión– ya está por encima de la suspensión de pena, ya que de ser condenado, si la pena supera los dos años, puede ingresar en la cárcel. Por ello, cree que la pena «tendría que ser suficientemente disuasoria».

Otra cosa, señala, es cómo se aplica la prisión preventiva: «Es cierto que en estos casos, si no hay elementos de grave reiteración o riesgo para las personas o de violencia extrema, no se concede la prisión preventiva». Recalca que, según él, «no es habitual que el fiscal solicite dicha medida cautelar».

En parecidos términos se pronuncia el veterano abogado Francisco Zapater. Recuerda que «las penas se cumplen después del juicio, cuando uno ya ha sido condenado, no antes como prisión provisional. Si el sospechoso tiene domicilio conocido, si no hay riesgo de fuga, el juez puede ponerlo en libertad». Considera «correcto» que los jueces de instrucción «sean escrupulosos a la hora de determinar la prisión provisional». Si se trata de una banda de extranjeros «sí que entonces existe riesgo de fuga y hay base para decretar la prisión preventiva. Y lo hacen».

Zapater asegura que «en el delito de robo en casa habitada se evidencia claramente la vieja polémica libertad/seguridad. Mientras que los sectores progresistas se decantan por la primera, los conservadores –y los ministerios del Interior– priorizan la segunda. Creo que la solución punitiva de nuestro Código Penal armoniza con acierto ambos valores». Por ello, el letrado considera que dicho delito «no está poco penado, lo está de forma proporcional y adecuada, porque le da un margen de maniobra muy amplio al juez, de dos a seis años. A seis si lo realiza una organización criminal o es de especial gravedad por la fuerza utilizada en el robo».

El Diari también intentó conseguir el parecer de algún juez instructor o de algún magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona, sin haberlo logrado.

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