Fomento reactivó el desvío de los camiones de la N-340 tras las tres muertes del domingo

El Ministerio de Fomento ha reactivado los trámites para desviar los camiones de la N-340 a la AP-7 a su paso por las comarcas tarraconenses. Fue el pasado martes, tras el trágico accidente del pasado fin de semana en el que murieron tres personas en Coma-ruga, y después de que el titular de este departamento estuviese en Barcelona. 

Íñigo de la Serna había asegurado horas antes que «se están ultimando los detalles» para hacer efectivo este desvío de los camiones. Pese a ello, y según ha podido saber este rotativo, fue ayer por la mañana cuando los responsables del departamento que dirige Íñigo de la Serna llamaron a la conselleria de Territori i Sostenibilitat para recuperar este tema.

El contacto llega cuando, según el calendario que se presentó, la medida debería haber entrado en funcionamiento el pasado día 1 de enero. Y en este punto el Ministerio de Fomento se escuda en que fue una fecha «estimada y orientativa» y que «ningún alto cargo» de este del ministerio había anunciado oficialmente que se incorporase en algún documento.

Se estableció que en dos meses y medio o tres podría entrar en funcionamiento

Fue la Generalitat la que, después de una reunión con los alcaldes, concretó el día y dijo lo del primero de enero. Desde  la conselleria aseguran que fue una fecha que «consideramos prudencial» después de que en la reunión previa que habían mantenido con responsables de Fomento en el mes de julio se estableció que el tiempo necesario para negociar con la operadora Abertis y firmar los convenios necesarios era de «unos dos meses y medio o tres». Fue el mismo tiempo que se tardó en ponerse en funcionamiento esta misma medida en la N-II, pactada también entre ambas instituciones.

En ningún momento el Gobierno Central desmintió el calendario que había dado la Generalitat, y que se esperaba que fuese el definitivo. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 estaba prevista una partida de 4,3 millones para poner en funcionamiento dicha medida.

Tras los últimos acontecimientos, y después de que los alcaldes del Pacte de Berà han vuelto a levantar su voz, se espera que la firma de los convenios con la operadora pueda acelerarse. «Se trata de voluntad política, porque ahora mismo la responsabilidad es 100% de ellos», decía el secretario de Infraestructures, Ricard Font.

Los coches no pagan desde 2009
Donde sí ha empezado a implementarse esta medida en los últimos meses es en La Rioja. Allí, la N-232 discurre prácticamente paralela a la autopista AP-68, por lo que se decidió desviar obligatoriamente los vehículos pesados como medida de urgencia para reducir la siniestralidad. Tan solo el año pasado se registraron 17 víctimas mortales, por lo que la presión de la ciudadanía obligó a los gobiernos central y autonómico a ponerse a trabajar para buscar una solución.

Se establecieron bonificaciones para los camiones del 75% –en el caso de la N-340 son del 42% para los desplazamientos largos y del 50% en el caso de los internos–. Según el acuerdo que llegaron el Gobierno Central y el de La Rioja, el primero se hacía cargo del 60% de los gastos que supondrá poner en marcha esta medida, mientras que el otro 40% lo costea el gobierno regional.

La intensidad media de vehículos pesados en esta zona es de 2.000. En el caso de la demarcación de Tarragona los datos que se han dado doblan esta cifra.

Desde 2009 que los turismos no pagan para circular por la autopista en La Rioja

¿Y qué pasa con los turismos? El hecho de que finalmente se incluyesen bonificaciones del 100% del coste para los coches que de ida y vuelta utilicen la AP-7 en su paso por la provincia de Tarragona y hasta Vilafranca del Penedès podría ser el problema. Cuando la medida tan solo afectaba a los camiones, el incremento de tráfico compensaba a la concesionaria. Ahora, el pago a Abertis sería superior, y no hay presupuestos. 

Levantar peajes
Desde 2009 los turismos que circulan por la AP-68 –también con estas condiciones de hacer el viaje en un tramo limitado y en el mismo día– no pagan. El Estado sufraga el 40% de este coste, el Gobierno regional el otro 40% y la concesionaria el 20% restante. Ahora, el grupo autonómico de Podemos exigió gratuidad total para los camiones. En la votación de los presupuestos no consiguieron introducirlo, pero seguirán intentándolo. «Cuando es obligatorio, los camioneros no pueden estar pagando el 25% del peaje: o lo pagan todo o que rescaten la autopista, que la concesión debía acabarse en 2011 y ya en el año 2000 José María Aznar la amplió hasta 2026», explica el partido.