Fomento responde con evasivas: «Se está cerrando»

El Ministerio de Fomento responde con excusas al trágico accidente del pasado domingo en el que tres personas fallecieron en la N-340, a la altura de El Vendrell.

Tras el silencio mantenido durante todo el día, ayer finalmente aseguraron que «se está cerrando» el acuerdo para que los camiones dejen de pasar por la carretera nacional y culpabilizó a los alcaldes de la demora, ya que «plantearon medidas que no se habían previsto en el acuerdo inicial».  

Por su parte, el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, tampoco concretó una fecha. Apuntó que se están «ultimando los detalles» de su aplicación y que «se pondrá en marcha lo antes posible».

Además afirmó que el retraso no supondrá ningún cambio respecto a los términos iniciales en los que se acordó esta medida. Destacó la «complejidad administrativa y financiera» de la operación ya que es una propuesta que «rebasa los límites provinciales».

De acuerdo con éste, los camiones tendrán que desviarse por la AP-7 con bonificaciones del 42 y del 50%, mientras que los turismos que realicen desplazamientos internos de ida y vuelta en un mismo día podrán utilizar la autopista gratis.

Millo también lamentaba que «algunos hayan querido aprovechar para hacer política cuando hay víctimas mortales»

Lo decía después de que el secretario de Infraestructuras, Ricard Font, recordase que había un pacto para evitar el paso de vehículos pesados y que, si no se ha hecho, «aquí hay dos responsables que son el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido».

Fomento replicó que la aplicación del artículo 155 «no tiene nada que ver». Pese a ello, dos ministros son los que ahora mismo tienen que firmar esta orden que, en circunstancias habituales, el Ministerio de Fomento pactaría con Abertis, siendo después el Departament d’Interior el responsable de que los vehículos pesados se desviasen.

Pese a ello, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de El Vendrell sigue atribuyendo la responsabilidad a la administración catalana.

En un comunicado, su portavoz municipal, Jerónimo Merino, apuntaba que «la competencia del tráfico es de la Generalitat, que tiene la potestad de prohibir la circulación por las carreteras catalanas». Ahora, todas estas competencias están en manos del Gobierno del Partido Popular.