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Frente común para que los jubilados jueguen al bingo en TGN

El pleno aprueba instar a la Generalitat a que modifique el decreto que prohíbe esta práctica en espacios no especializados

Carla Pomerol

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Imagen de un grupo de jubilados jugando al bingo

Imagen de un grupo de jubilados jugando al bingo

Todos a una. Así se mostraron los distintos grupos municipales en el pleno celebrado ayer cuando tocó debatir sobre si se puede o no jugar al bingo en los hogares de jubilados.

La iniciativa fue del PSC, que a raíz de que los Mossos d’Esquadra se personaron en el hogar de jubilados de Bonavista, decidió poner sobre la mesa la cuestión. El origen de la polémica recae en un decreto de la Generalitat que contempla que solamente se puede jugar al bingo en espacios autorizados. Los hogares de jubilados no lo son. 

La moción de los socialistas tenía como objetivo, en primer lugar, pedir a la Generalitat que modificara la ley. En segundo lugar, autorizar a los hogares de jubilados y a las residencias de gente mayor de la ciudad a jugar al bingo.

«Otras comunidades autónomas de nuestro entorno, como Murcia o Valencia, han modificado la regulación para permitir a los jubilados poder practicar este juego», explicaba la portavoz adjunta del PSC en el Ayuntamiento de Tarragona, Ana Santos, quien defendió con uñas y dientes la idea. Santos añadió que «solamente pedimos hacer la vida más fácil y divertida a nuestros mayores». 

La propuesta aprobada por unanimidad defiende que el bingo se considere «de carácter social o amistoso en las asociaciones o centros de atención a personas mayores de 65 años o con discapacidad». Además, la moción propone limitar el importe máximo para cada persona y partida en 20 céntimos de euro, y que el importe jugado por todos los jugadores no sea superior a cinco euros por partida. 

Pero antes de hablar del bingo, se debatió sobre las pensiones. La Marea de Pensionistas del Tarragonès registró una moción –asumida por la CUP, ICV-EUiA, ERC y el PSC–, que pedía que el Ayuntamiento se dirija al Gobierno español y a los grupos parlamentarios europeos para que rechacen la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP), propuesto por la Unión Europea.

Imagen del pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Tarragona. Foto: Pere Ferré

La moción fue aprobada, aunque Ciutadans y el PP se abstuvieron. Un grupo de pensionistas se personó en el salón de plenos para dar su apoyo a la propuesta. 

El alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, habló de las «dos grandes mentiras que debemos denunciar. La primera es que el futuro de las pensiones se basa en la capitalización privada, y la segunda, que las pensiones son altas. Esto es falso». El pleno aplaudió al alcalde.

Conductores en la sala

La de los pensionistas no fue la única reivindicación de la jornada. Un grupo de conductores de autobús de la EMT también acudió al pleno con carteles pidiendo la renovación de la flota. ¿Pero no habían llegado a un acuerdo con la empresa?, se preguntaba la mayoría de los allí presentes.

Sí, pero ayer se debatieron dos mociones sobre el transporte público y la EMT y ellos querían estar allí. Algunos portavoces, Dídac Nadal, del PDeCAT, y Sonia Orts, de Ciutadans, aprovecharon para pedir a la presidenta de EMT, Begoña Floria, un informe sobre cuándo y en qué circunstancias se produjeron los aumentos de sueldo de una parte de los trabajadores cuando Mario Cortés era gerente de la empresa municipal.

Floria se lo tomó mal y aseguró que «todos los gerentes anteriores al actual cuentan con mi plena confianza». La propuesta de la CUP para hacer una campaña a favor del transporte público no gustó al gobierno municipal, formado por el PP y el PSC.

Un préstamo de 7 millones

El pleno aprobó ayer pedir un préstamo de 7 millones de euros para financiar algunas partidas del presupuesto que estaban supeditadas a la venta de patrimonio. Y es que el Ayuntamiento puede volver al mercado financiero gracias a la reducción del porcentaje de deuda, que ya se ha situado por debajo del límite legal del 110%.

Según el gobierno municipal, aunque este año se amorticen 15 millones de euros –12 ya previstos, más 3 del remanente–, el préstamo será de 7 millones de euros. Con este modificativo de crédito se podrán destinar 800.000 euros a la vía pública, 500.000 euros en el Banc d’Espanya y otros 500.000 a las collas castelleras. Para la sustitución de los contenedores soterrados hay unos 400.000 euros.

Para algunos partidos se trata de una operación electoralista, ya que queda menos de un año para los comicios. La portavoz de ICV-EUiA, Arga Sentís, aseguraba que «siempre hace lo mismo, señor Pérez –refiriéndose al concejal de Economia–».

Mezcla todas las inversiones, las de carácter social y otras, para que no sepamos qué votar». Por su parte, el concejal de la CUP, Jordi Martí, definió la propuesta como una «tomadura de pelo» y aseguró que «está bien endeudarse, pero por temas sociales, no por no controlar, por ejemplo, el contrato de la basura o los Juegos». 

Dídac Nadal, del PDeCAT, criticó que no se detallen algunas partidas y Rubén Viñuales, portavoz de Ciutadans, recriminó al gobierno municipal que «no hay ni rastro del plan de choque de barrios en el modificativo de crédito».

Por su lado, el portavoz de ERC, Pau Ricomà, definió la propuesta como un «modificativo trampa». El alcalde Ballesteros destacó «la mejor de las intenciones en esta operación», aunque reconoció que «nos esperábamos que se hiciera esta lectura». 

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