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Funcionarios dudan de que la prisión de Mas d'Enric abra en noviembre

Han realizado visitas y simulacros, pero el grado de satisfacción de las instalaciones no convence a los sindicatos UGT y CSIF
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El conseller Germà Gordó visitó la cárcel el pasado día 29 de julio. En la imagen, el salón de actos. Foto: Lluís Milián

El conseller Germà Gordó visitó la cárcel el pasado día 29 de julio. En la imagen, el salón de actos. Foto: Lluís Milián

El conseller de Justícia, Germà Gordó, anunció la semana pasada que la prisión de Mas d’Enric entrará en funcionamiento en noviembre y que los presos de la cárcel de Tarragona se trasladarán a las nuevas instalaciones a excepción de los de tercer grado o régimen especial, que seguirán en las actuales instalaciones.

La nueva prisión fue presentada en sociedad aprovechando la visita institucional y a raíz de esa apertura de puertas los sindicatos con delegación en el centro penitenciario han mostrado sus dudas sobre las instalaciones, el funcionamiento, la seguridad y los plazos del traslado.

Manuel Mata, del sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), explica que «dudamos de que los plazos del conseller sean reales. Las instalaciones todavía no están terminadas y hay muchos aspectos en el aire». Desde UGT también expresan que «los funcionarios hemos hecho varios cursos y visitas y nadie sale contento. Parece que preocupa a la administración la imagen y diseño de la nueva cárcel, pero no se tiene en cuenta la funcionalidad y del personal que trabajará».

De los 160 funcionarios y trabajadores que están en la prisión de Tarragona, sólo 36 se quedarán y el resto se trasladará a Mas d’Enric. El resto de plazas, hasta unas 400, se deberán crear para poder gestionar unas instalaciones de más de 1.000 reclusos.

Aparte de los diferentes problemas de funcionalidad del nuevo centro penitenciario, los dos sindicatos también coinciden en señalar la preocupación en el aspecto de la seguridad. «Los nuevos diseños de cárceles son módulos estancos, sin comunicación con los otros. En caso de problemas hay pocos funcionarios para poder gestionarlos y una población reclusa que nos superará en número», explica Mata.

Tanto el CSIF como UGT alertan de que la falta de funcionalidad puede ser contraproducente en una instalación que debe ser referente en el territorio.

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