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Guerra entre 36 municipios y Endesa por quién paga la luz a familias vulnerables

Frente común entre los ayuntamientos más importantes de la provincia contra la reclamación de la eléctrica de que abonen el 50% de la deuda pendiente de la pobreza energética

Raúl Cosano

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Reunión en Terrassa de unos 50 ayuntamientos catalanes, durante la semana pasada, una de las cumbres llevadas a cabo.  Foto: DT

Reunión en Terrassa de unos 50 ayuntamientos catalanes, durante la semana pasada, una de las cumbres llevadas a cabo. Foto: DT

Endesa dice que es una propuesta constructiva pero algunos municipios no dudan en hablar de amenaza y de ultimátum. El conflicto entre la compañía y los ayuntamientos va subiendo de tono, a medida que los consistorios están armando un frente institucional para negarse a la petición de la eléctrica: reclama a las localidades que abonen el 50% de la deuda acumulada de la luz de las familias vulnerables, una cantidad que sigue creciendo y que parte de la aprobación de la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en la vivienda y la pobreza energética. 

A principios del mes de agosto, una controvertida carta encendió las alarmas. Endesa, según su versión, proponía «cofinanciar la deuda acumulada en Catalunya para la pobreza energética». La compañía dice que tenía detectadas cerca de 25.000 personas vulnerables en Catalunya mediante servicios sociales, que a fecha de 30 de junio de 2019 sumaban 21 millones de euros. De estas, sólo el 30%, según la compañía, se han beneficiado de las ayudas y los descuentos del nuevo bono social, que se aprobó a finales de 2017. «Estas personas en situación de vulnerabilidad, tanto las que no se han acogido al bono como el resto, siguen acumulando deuda», cuenta la compañía eléctrica. 

En la provincia eso se traduce en que 36 ayuntamientos, entre ellos los principales, recibieron esa misiva de Endesa, con «la voluntad de liquidar la deuda pendiente que se ha generado hasta el momento, dar solución a la situación a la que se enfrentan las familias vulnerables y evitar la interrupción de suministros». 

He ahí uno de los puntos más controvertidos. Algunos ayuntamientos dicen que Endesa les ha dado un ultimátum para pagar si no quieren que a partir del 1 de octubre se empiece a cortar la luz. En ese listado están los principales municipios, con deudas variadas. De los 342.927 euros en el caso de Tarragona, a los 268.619 de Reus, los 15.1244 de El Vendrell o los 125.193 de Cambrils. En total, la cifra demandada en la provincia supera los 1,5 millones. 

Poblaciones de las Terres de l’Ebre como Amposta, Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, Roquetes o Camarles también recibieron esa comunicación, generando malestar. «La enviamos a aquellos municipios con un mínimo de cinco clientes vulnerables con una deuda total superior a los 10.000 euros», dicen desde la compañía. 

El alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez, dijo en Twitter que «Endesa amenaza con el corte de suministro eléctrico a 133 familias de El Vendrell». El edil espera que la compañía «reconsidere su posición». Martínez señaló que «entendemos que la única vía posible para luchar contra la pobreza energética es la colaboración entre entidades públicas y privadas». También Calafell mostró su oposición frontal a las peticiones de la energética. El consistorio confirmó la recepción de la carta reclamando el pago de 55.593 euros, la mitad de la deuda pendiente.

Algunos consistorios también denunciaban que se les requería con esa fecha límite, el 1 de octubre, a fin de pagar si no se quería cortar la luz a estas familias vulnerables. Helena Rubio, teniente de alcalde de Igualtat i Drets Sociales de Calafell, ha remarcado que la «ley dice claramente que no se puede cortar un suministro a personas en situación vulnerable», agregando que, si Endesa tira adelante los cortes, «cometerá un acto ilegal». Rubio, como otros, ve «intolerable actuar con ultimátums a las instituciones o hacer chantaje usando a las personas más débiles» y ha lamentado que «empresas con beneficios multimillonarios» tengan «tanta preocupación por unos miles de euros y tan poca por los derechos de las personas». 

Los consistorios piden a la compañía que condone la deuda a los hogares vulnerables

Por su parte, Endesa propone resolver esta situación mediante el compromiso entre las administraciones y la firma. La empresa reivindica los «15 millones que destina a financiar ayudas y los descuentos del bono social en Catalunya, descuentos que van des del 25% al 40% del coste de la factura de la luz para personas vulnerables y vulnerables severos».

El envío de cartas ha propiciado la movilización institucional en los últimos días. Endesa espera que las conversaciones o negociaciones que se abran con administraciones abarquen propuestas concretas, para avanzar en contenidos y puntos de vista y lograr un convenio «sólido», con el que abordar lo antes posible el tema de la deuda. La compañía ha valorado que «cualquier acción que sirva para avanzar hacia un futuro convenio o acuerdo es más que bienvenida». «Hasta ahora no hemos recibido ninguna propuesta formal de un convenio», dice Endesa, que tras las diferentes reuniones de esta pasada semana entre administraciones espera un encuentro con la Generalitat. «Lo importante ahora es poner una fecha en la que nos podamos sentar todos y hablar», explica Endesa. 

Para la compañía, el problema radica en la falta de concreción de la ley 24/2015. «La cuestión clave es que en su momento la redacción fue muy ambigua y quedaron por desglosar los protocolos. Dice que habrá que aportar un fondo perdido pero no dice si lo tienen que hacer las compañías o las administraciones, ni cuáles, o si cada uno aporta una parte. Cada uno puede hacer la lectura que quiera. Nosotros decidimos que estábamos dispuestos a aportar el 50%», explican desde la eléctrica. 

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