Hartos del desgobierno

Hastiados de la inestabilidad, cansados de la incertidumbre, de las dificultades enquistadas para configurar un Govern y, de paso, de los altercados recientes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que añaden cierto desasosiego. Los agentes sociales y económicos de Tarragona denuncian el hartazgo por un desgobierno que se prolonga ya más de tres meses, desde los comicios del 21-D. 

La investidura fallida de Jordi Turull por la falta de acuerdo entre los partidos independentistas y el condicionamiento de la justicia –el candidato acabó encarcelado sólo un día después– hacen que las elecciones sean a cada día que pasa el destino más inevitable. «Ya dije en diciembre que el bloqueo era total, y lo sigo viendo así. Lo que ha pasado este fin de semana es muy preocupante, un país no puede ser gobernado por los jueces, pero cuando los políticos no hacen política es lo que pasa», indica Josep Lluís Aymat, presidente de la Federació d’Autotransport de Tarragona (Feat). 

El sector del transporte está preocupado, no sólo por el bloqueo. «Expresar la frustración cortando carreteras no es la mejor manera. La situación es muy difícil y cuando se habla de huelga general indefinida o cortes sorpresa de carretera la cosa no puede ir bien», agrega Aymat. Hay voces más y menos contundentes. Isaac Sanromà, presidente de la Cambra de Comerç de Reus, también es muy punzante con el panorama: «Teniendo en cuenta que el peor enemigo de la economía y la empresa es la incertidumbre, el actual escenario político es muy perjudicial. Nuestro deseo es que se forme Govern cuanto antes mejor para recuperar las instituciones y desbloquear esta parálisis que no beneficia a nadie». 

Un escenario convulso
El enojo tiene intensidad variable pero es generalizado y oscila de los empresarios a los sindicatos, pasando por el comercio o los distintos gremios profesionales que, en mayor o menor medida, pueden verse afectados por el estancamiento institucional. «Vivimos en un escenario convulso que no es bueno para nadie. Nuestro posicionamiento es el mismo de siempre. Nos conviene a todos un ambiente y un clima de serenidad y eso implica que todos se sienten a hablar y que las partes cedan. De eso sabemos mucho los empresarios», expone Josep-Joaquim Sendra, máximo responsable de Pimec en Tarragona. 

La palabra clave esgrimida por el empresariado es siempre estabilidad. «Venimos de un desorden y un despropósito de primera magnitud, tanto desde el punto de vista social como desde el empresarial. Eso tiene que acabar», decía tras las elecciones del 21-D Josep Antoni Belmonte, presidente de la CEPTA, otro organismo que clama por volver a la normalidad y que ve fundamental formar un ejecutivo que evite acudir de nuevo a la cita con las urnas.  

Diego Reyes, representante de los promotores del Tarragonès, tira de un cierto optimismo, a pesar de que la situación es delicada: «El ambiente está caldeado pero creo que habrá gobierno porque prevalecerá el interés común. Es imprescindible un Govern para que no haya un desmadre. Toda incertidumbre y alteración del orden civil y social no son convenientes. No es bueno que sigan las revueltas». Reyes cree que la CUP, decisiva en la aritmética de los plenos parlamentarios, acabará apoyando a algún candidato y desencallando la situación. 

Nadie quiere elecciones
Desde la Cambra de Comerç de Tortosa también se llama insistentemente a la estabilidad, como demuestra el presidente, José María Chavarría: «Pedimos que los políticos se pongan de acuerdo, sí o sí. No se puede estar sin un gobierno. Le pedimos a los políticos que hagan el trabajo que les hemos reclamado. Un país paralizado no es bueno para nadie». 

El universo sindical también expresa su nerviosismo por la situación. «Hay preocupación porque posibles inversiones que están pendientes en las empresas nos hacen sufrir un poco y eso a nivel de trabajador condiciona mucho», reconoce Joan Llort, secretario general de UGT en Tarragona.

Algunas voces creen que hay resoluciones judiciales en entredicho y diversas varas de medir por parte de los tribunales

Nadie cree que la solución esté en unas elecciones que, con la cuenta atrás ya en marcha, alumbrarían una distribución de escaños similar y, por lo tanto, la posibilidad de un nuevo bloqueo. « Tiene que haber diálogo y voluntad inclusiva para que pueda haber un Govern. Nuestra voluntad es trabajar en esto», añade Llort. 

Su homólogo en CCOO, Vicente Moya, opina en la línea: «Tiene que restablecerse la situación y recuperar las instituciones catalanes. La solución no pasa por otras elecciones, porque no desencallarían nada, el resultado sería muy parecido. ¿Qué nos hace falta? Más consenso político». 

«Dificulta la convivencia» 
En la sociedad tarraconense ha calado parte del descontento por las resoluciones judiciales recientes que tienen que ver con medidas como la prisión preventiva para el candidato Jordi Turull o los exconsellers Raül Romeva y Josep Rull. La Iglesia, a través del arzobispo de Tarragona Jaume Pujol, o las universidades han dejado patente estos días su malestar por la entrada en la cárcel de los políticos. Estas instituciones han puesto de manifiesto que existen otras vías para solucionar el problema, más allá de enzarzarse en los tribunales. 

Aymat, desde la Feat, asiente: «Es algo que enrarece más el ambiente y dificulta la convivencia. No se puede aplicar el derecho penal a miles de personas. Hay que hacer política. La justicia penal es para otros casos, no puedes frenar a las cabezas de turco y dar una lección a toda la base, atemorizando a todo un colectivo que se siente criminalizado. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que meter a la mitad del país en la prisión?».

Parte de la sociedad tarraconense cree que el conflicto es político y debe solucionarse en esa esfera, no en los juzgados

Moya, de CCOO, denuncia «la desproporcionalidad de las medidas judiciales que se están tomando, porque no vemos bien de ninguna manera la prisión preventiva». Sendra, en Pimec, también lamenta la situación: «Lo que tiene que hacer el independentismo es encontrar a algún candidato que sea votado y que no haya interferencias políticas externas ni judiciales. Quien judicializa la política son los políticos. La justicia actúa. Hay un instrumento, por ejemplo, que es la Fiscalía, con un papel muy importante. Está claro que los jueces no tienen toda la independencia que deberían». 

Para algunos, el Procés ha puesto en entredicho la autonomía del engranaje judicial, aunque con matices. «Hay que dejar a la justicia que actúe y no condicionarla tanto como se está haciendo desde todas las vertientes, tanto desde la inacción como desde la presión. Si uno hace acciones en contra de la legalidad, se tiene que prever que pueda haber consecuencias. La libertad y la democracia la tenemos todos, no sólo una parte, pero está claro que en la justicia se ven varias varas de medir», afirma Diego Reyes. 

Para el sindicalista Vicente Moya hay resoluciones «en entredicho» cuando se acusa de rebelión. «Quizás la justicia se está excediendo en su labor. Vemos que en ella existe también un componente político», apunta Moya. 

Muchas de estas voces, más allá de valorar la idoneidad de las determinaciones de los tribunales, creen que el conflicto es de naturaleza política y no judicial y la solución también debe serlo.