«He llegado a hacer juicios por videollamada»

En el Juzgado de Menores. El magistrado Jesús María del Cacho sólo atiende los casos urgentes, como vistas orales de algún joven internado y la imposición de medidas cautelares. 

13 mayo 2020 18:00 | Actualizado a 13 mayo 2020 18:33
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Por su sala de vistas pasan aquellos jóvenes de 14 a 18 años que tienen que ser juzgados después de que fallara la mediación en la Fiscalía o bien porque el tipo de delito no lo permite. Jesús María del Cacho es magistrado del Juzgado de Menores de Tarragona desde 2005, aunque anteriormente ya lo fue en la misma materia en Lleida.

Oscense de nacimiento pero catalán de adopción, Jesús María del Cacho se siente tarraconense y asegura que va a terminar su carrera judicial en la ciudad. Tiene una dilatada trayectoria profesional. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Igualada. Aprovechó su estancia en aquella ciudad para realizar la especialidad de juez de menores.

Todavía como juez se desplazó a Tortosa. Pero cuando ascendió a magistrado, fue destinado a Ceuta. Después de unos años, le salió la plaza de magistrado de menores en Lleida y la cogió, para después pasar a Tarragona. Por su trayectoria, durante estos años podría haber subido en el escalafón, pero se siente cómodo y satisfecho en esta jurisdicción. Asegura que la Ley del Menor «es muy moderna, ágil y muy garantista con los derechos de todo el mundo, tanto del menor como de la víctima. Y tendría que servir de ejemplo para la jurisdicción de adultos».

Ámbito provincial

Lleva los casos de menores de toda la demarcación de Tarragona. «El juez de menores tiene la función de garantía. Son las tareas que en la jurisdicción de adultos vienen encomendadas al juez de instrucción: entradas y registros, volcado del contenido de móviles y ordenadores, pinchar teléfonos, etc». En menores lo hace él. En la fase de instrucción de los asuntos resuelve las medidas cautelares que pide la Fiscalía, desde el internamiento en un centro hasta una orden de alejamiento.

Y cuando el caso ya está listo para ser juzgado y llega el expediente de Fiscalía, su trabajo es preparar el juicio, citar a todas las partes implicadas. Concluida la vista, tiene que poner la sentencia y cuando ésta es firme, controlar la ejecución, que el menor a la que se le ha impuesto una medida o el pago de una indemnización lo cumpla: «El juez de menores tiene las funciones de juez de vigilancia penitenciaria, porque controla toda la ejecución, tanto de medidas de medio abierto, cuando el menor lo cumple en casa, como de medidas de internamiento, que sería en un centro».

Hasta antes de la entrada del coronavirus, hacía juicios tres días a la semana. Aproximadamente son unas quince vistas orales. Ello permitía que el Juzgado llevase los casos al día. «Desde que llegaba la denuncia a la Fiscalía hasta que se celebraba el juicio podrían pasar entre tres y seis meses», señala, unos plazos que en la jurisdicción de adultos es prácticamente impensable. Especifica que desde que el asunto le llega, al cabo de 20 a 30 días se hace el juicio. «La tramitación es muy sencilla, depende más de la agenda», recalca. Otra cosa son las instrucciones más complicadas, como las agresiones sexuales, los homicidios o los asesinatos, «entonces, el caso se puede alargar a los seis u ocho meses».

Cambio radical

Pero con la llegada de la Covid-19 y el estado de alarma, la vida en el juzgado ha cambiado radicalmente. Sólo se tramitan las actuaciones urgentes. Se han hecho cinco juicios –de menores internados– en los que hubo conformidad, por lo que no fue necesario citar a los testigos. Se hicieron en la sala –donde estaba el fiscal, el equipo técnico y el magistrado– pero los abogados se conectaron por videoconferencia o por videollamada de WhatsApp del teléfono del propio magistrado.

Una de las cuestiones urgentes que se tramitan son las medidas cautelares. Y durante estos tres meses solo ha habido tres, y las tres han sido por agresiones filioparentales. Una fue una modificación de una medida ya impuesta a un menor, que siguió incumpliendo las normas de convivencia con agresiones y finalmente acabó en un centro por su peligrosidad. A otro joven que agredía a su madre le fue impuesta libertad vigilada con obligación que comparecer ante el juez. Y a otro joven de Salou se le envió a un centro. Del Cacho se muestra sorprendido por este número tan bajo de medidas impuestas, «creía que habría más por actos violentos en el domicilio. O no se han dado o no se han denunciado».

Adiós a las inspecciones

Las inspecciones que cada mes realizaba a los centros donde hay menores enviados por el juez se han suspendido. «Durante las visitas, los internos me hacen llegar sus inquietudes: saber cómo está su asunto, los que están con una medida cautelar quieren conocer cuándo llegará su juicio, los que están condenados quieren averiguar si tienen alguna posibilidad que se haga más corta su estancia en el centro. Otros piden cambiar de instalación para estar más cerca de sus padres y facilitar la visita. Y también hay algunos que solo quieren saludarme». Y si los menores no piden la visita, «lo hago yo, para preguntarles cómo están y si necesitan alguna cosa». Actualmente, hay 42 menores internados por orden del juez de Tarragona –han llegado a ser 60–. Están en centros de Barcelona y Lleida, y uno en Mas d’Enric. Este fue condenado por varias agresiones sexuales cometidas cuando era menor. Pero ahora tiene ya 22 años y la ley permite cumplir la pena en una prisión.

Los funcionarios se turnan uno cada día. Y no todos los cinco entran en esta ruleta. Uno está exento por problemas médicos, otro por tener hijos menores de edad.

En cuando a cómo quedará la agenda a partir de ahora, asegura que todavía no lo sabe, lo tiene que hablar con el letrado de la Administración de Justicia. «Recuperar el ritmo en el Juzgado de Menores no será un problema. Tardaremos solo entre dos y cuatro meses en poner la agenda al día. Quizás cargaremos más los juicios que podemos hacer en un día», señala.

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