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En Tarragona, el perfil del solicitante de vivienda protegida responde al de un hombre de nacionalidad española de entre 35 y 65 años. Casi siete de cada diez tarraconenses (el 69%) que se han registrado para acceder a un alojamiento de estas características están en esa franja de edad.
Las familias numerosas son sólo el 8% del total y las monoparentales el 5% en la provincia. Los hombres son mayoría (53%) frente a las mujeres (47%). El desglose de estos datos echa por tierra el mito de que los extranjeros accedan a más ayudas.
El ciudadano autóctono aglutina el 61% de las solicitudes, por delante de los no comunitarios (37%) y de los comunitarios (3%).
Las ayudas al alquiler se multiplican por cuatro
Las ayudas para pagar el alquiler en Tarragona también se han disparado en los últimos años. Entre 2011 y 2017, últimos datos disponibles, se han multiplicado por cuatro. De las 2.204 familias que fueron beneficiarias se ha pasado a las 9.571 de ese 2017, según datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya.
El importe total destinado a tal efecto se ha triplicado en este tiempo en las comarcas tarraconenses. De los 5,2 millones de 2011 a los 15,5 millones de 2017. Los incrementos han sido progresivos y continuados. El importe medio de la ayuda por vivienda se situó en 1.626 euros. Se trata de prestaciones para unidades de convivencia que tienen ingresos bajos o moderados y que no pueden hacer frente al coste de la vivienda. En Catalunya, se dio cobertura a 59.919 familias, que recibieron un total de 112,1 millones de euros.
Son datos que ilustran los apuros domésticos de buena parte de la ciudadanía para pagar el alquiler. Tanto en este índice como en los solicitantes de vivienda pública, Territori diagnostica la crisis económica como uno de los principales factores causantes. A menos recursos, más solicitud de subvenciones.
El departamento también señala motivos demográficos: «En los últimos años ha aumentado la población de Catalunya en números absolutos, a causa de la inmigración y del boom demográfico de finales de los años 80, un incremento absoluto que se ha trasladado, también, el número de inscritos en el registro de vivienda protegida».
