IQOXE no tiene un plan de autoprotección aprobado por Protección Civil

IQOXE no dispone actualmente de un plan de autoprotección aprobado por Protección Civil. Se trata de un documento obligatorio para las empresas químicas y debe estar validado por la Comisión de Protección Civil de Cataluña. La ley prevé multas de hasta 600.000 euros y contempla también la "clausura temporal de la instalación" al tratarse de una "infracción muy grave". Fuentes de la Federación Empresarial Catalana del Sector Químico (FedeQuim) y de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) piden más agilidad a la administración a la hora de homologar los documentos. Un trámite que se puede alargar meses y que genera inseguridad jurídica a las empresas. La administración asegura a la ACN que si el plan no está validado, es como si no existiera.

El plan de autoprotección (PAU) es un documento que se aplica en un ámbito que esté expuesto a situaciones de riesgo y que recoge un conjunto de medidas destinadas a prever, prevenir y controlar los peligros, así como dar una respuesta adecuada a las emergencias y garantizar la integración de estas actuaciones a las del sistema público. Son las empresas las que lo han de elaborar y presentar a la Dirección General de Protección Civil, que la homologa si lo encuentra correcto. En caso de que no sea así, se deben hacer los cambios pertinentes. Finalmente, la Comisión de Protección Civil de Catalunya le debe dar el visto bueno, "con el informe previo favorable del ayuntamiento correspondiente".

Se trata de un plan obligatorio para las industrias afectadas por la normativa Seveso de riesgo químico, como es el caso de IQOXE y otras asociadas a la AEQT. Y como tal, la ley prevé sanciones en caso de que no lo tengan. En concreto, multas de "hasta 100.000 pesetas", unos 600.000 euros -la ley es del 1997-. El articulado también indica que se puede ordenar "la clausura temporal del local, del centro o de la instalación, o la suspensión temporal de las actividades de riesgo". Está catalogado como "infracción muy grave".

El caso de IQOXE

A raíz de la explosión a IQOXE el pasado 14 de enero, el Síndic de Greuges abrió una investigación de oficio. Para evaluar la tarea de la administración, hizo peticiones de información a diferentes colectivos, ayuntamientos y organismos de la Generalitat, entre los que se encontraba la Dirección General de Protección Civil (DGPC). Una de las preguntas que hizo es si IQOXE disponía de un plan de autoprotección, y la DGPC respondió que "actualmente consta en tramitación" la última versión presentada, del 29 de noviembre de 2019. Y añadía: "Previamente se había presentado una versión en fecha 11 de noviembre de 2017 y posteriormente en fecha 27 de noviembre de 2018, con informe técnico desfavorable de la DGPC en ambos casos ".

El organismo confirma estos datos a la ACN y señala que actualmente IQOXE no tiene un plan de autoprotección homologado. También concreta que los planes de autoprotección tramitados por la compañía en 2017 y en 2018 no se aprobaron "y por tanto no pasaron de propuesta". Sobre las medidas de autoprotección que tenía la empresa el día de la explosión que costó la vida a tres personas, el 14 de enero, la DGPC es tajante: "Las medidas de autoprotección pasan inicialmente para disponer del Plan de autoprotección homologado y en este caso no existe ".

IQOXE reconoce a la ACN que, efectivamente, no tiene un plan de autoprotección aprobado; pero asegura que es por la lentitud de la administración a la hora de validarlos. De hecho, afirma que el plan que presentó en 2017 no tuvo respuesta de la DGPC hasta el "marzo de 2019", cuando pidió "aclaraciones". Era el momento en que la compañía estaba ultimando una ampliación de la planta que conlleva, de rebote, la presentación de un nuevo informe de seguridad y de un nuevo plan de autoprotección. Este último documento se presentó el 29 de noviembre del 2019 y no se llegó a homologar nunca porque a raíz de la explosión la Generalitat pidió que toda la documentación se hiciera desde cero.

Según IQOXE, la nueva versión se presentó el 30 de marzo. Al día siguiente, la compañía consultó a Protección Civil sobre qué plan se aplicará hasta que se homologue. La empresa ha explicado a la ACN que la respuesta fue: "Si una actividad que tiene en proceso de homologación su PAU tiene una emergencia, puede aplicar el PAU que está en proceso de homologación, dado que es el instrumento más actual de lo dispuesto para gestionar las emergencias ". Esta afirmación contrastaría con la que la propia DGPC ha transmitido a la ACN, referente a que "las medidas de autoprotección pasan inicialmente para disponer del Plan de Autoprotección homologado y en este caso no existe".

Fuentes de la empresa también comentan que cada vez que se ha hecho una ampliación de la fábrica se ha elaborado un nuevo plan de autoprotección, pero que la lentitud en la validación ha hecho que se produjera antes una nueva ampliación que la homologación del plan anterior.

Retraso generalizado

Otras empresas del sector químico de toda Cataluña han tenido problemas para la homologación de sus planes de autoprotección. Fuentes de FedeQuim y la AEQT reconocen a la ACN que trabajan con la administración "para que las tramitaciones puedan ser más ágiles y los plazos de respuesta puedan acortarse en los procesos de homologación de estos planes". Las compañías son conscientes de la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran, con el riesgo de ser multadas o incluso clausuradas.

IQOXE quiere reabrir cuatro plantas más en agosto

Paralelamente, IQOXE continúa con la intención de recuperar el ritmo de la actividad que tenía antes de la deflagración. Tal y como han avanzado diferentes medios, la voluntad de la compañía es poder volver a poner en marcha cuatro plantas de derivados de óxido de etileno en agosto. La quinta planta de derivados de la fábrica de la Canonja (Tarragona) es la que sufrió la explosión. Cabe recordar que el pasado 13 de mayo ya reabrió la planta de óxido de etileno.

La empresa señala que la reapertura de estas cuatro plantas es "imprescindible" para garantizar la viabilidad de la empresa, que "ahora mismo está comprometida", aseguran. La razón es que la planta de óxido de etileno que está en marcha trabaja al 20% de su capacidad, para abastecer a los clientes. La producción restante se la queda IQOXE para hacer funcionar las plantas de derivados, que aún están cerradas. Sin embargo, para garantizar la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones se ha reincorporado el 80% de la plantilla -76 personas-. Esto, por la empresa, supone un desequilibrio que no puede asumir a largo plazo.

Desde IQOXE apunta que las cuatro plantas que se quieren reabrir no se vieron muy afectadas por la onda expansiva de la deflagración y que está haciendo un proceso de revisión para que esté todo listo para agosto . Además, hay que presentar ante la Generalidad diferentes informes, tal como ocurrió para reabrir la planta de óxido de etileno. Algunos se están terminando de redactar y la compañía tiene la intención de presentarlos en los próximos días o semanas.

Finalmente, la empresa se compromete a no rehacer la planta accidentada hasta que no haya una resolución judicial, que sigue bajo secreto de sumario.