Imputado el administrador de un bloque de TGN por poner dos redes ‘antigolondrinas’

Los agentes rurales encontraron, en dos ocasiones, instaladas mallas en las que habían muerto aves

07 febrero 2018 08:37 | Actualizado a 08 febrero 2018 13:51
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La Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona ha presentado una denuncia contra el secretario de la comunidad de vecinos de un bloque de la calle Manuel de Falla de Tarragona por un delito contra la fauna por haber colocado sin permiso unas redes en la fachada del edificio que provocó la muerte de algunas golondrinas, una especie protegida. En la denuncia del Ministerio Público se indica que sería conveniente valorar también  la intervención de la empresa que colocó la red.

La investigación por este asunto la abrieron los agentes rurales del Tarragonès el 8 de septiembre de 2016 a raíz de la llamada de una técnica de los Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat en Tarragona. Alertaba de la colocación de una red en la fachada del  número 12 de la calle Manuel de Falla –un edificio situado al lado de Tabacalera– sin ninguna autorización y, además, afectaba a una colonia de avión común (Delichon urbicum, en catalán oreneta cuablanca).

Una patrulla de los agentes rurales se desplazó al lugar, donde estaba la denunciante. Detectaron que en el fachada había instaladas unas planchas o chapas así como una red alrededor de una agrupación de nidos. Los agentes vieron un nido en la parte superior así como un ejemplar intentando salir y otro que estaba muerto. 

La investigación

A partir de este momento se inició una investigación. Se constató que el 12 de junio de 2015, la empresa Sedesa había presentado un presupuesto –por importe de 2.450 euros, más IVA– a la comunidad de vecinos para realizar un programa de instalación de sistemas contra nidos de golondrina. En dicho documento se indicaba la protección que tenían estas aves. Por ello, se afirmaba que la colocación de las chapas se iba a hacer «una vez las golondrinas hayan realizado su migración y los nidos estén vacíos». La derrama fue aprobada por una asamblea general de la comunidad de propietarios el 6 de octubre del mismo año.

El Ayuntamiento de Tarragona, el 17 de febrero de 2016, contestó que para llevar a cabo la extracción de nidos de golondrina se tenía que pedir permiso al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. El Consistorio comunicó dicho decreto también a la Generalitat. Pero el 7 de enero de dicho año, la Generalitat ya había denegado el permiso así como la instalación de chapas en los ángulos de la cornisa de este edificio. La Administración justificaba la decisión en que la suciedad originada por los excrementos de esta ave «no es motivo que justifique a priori la destrucción de nidos y lugares de resguardo». En este caso concreto, señalaba la Generalitat, se pueden colocar repisas que recojan los excrementos que caen al balcón de la primera planta durante la época con presencia de golondrinas.

Los agentes rurales, durante una inspección realizada el 8 de septiembre de 2016 –a petición de una técnica del Departament d’Agricultura– constaron la existencia de una red y planchas. El secretario de la Comunitat de Propietaris –en representación de la administración de fincas– dijo que dichos trabajos los había hecho una empresa por encargo de la comunidad de propietarios.

Una dotación de bomberos se trasladó al lugar y retiró la red, mientras que un agente rural inspeccionó el lugar y encontró un ejemplar de golondrina muerta   –que se había quedado enganchada en la red–. 

La reiteración

Cuando parecía que la situación había vuelto a la normalidad, a las doce del mediodía del 24 de febrero del año pasado los agentes rurales hicieron retirar una red cuyas dimensiones y características eran similares a la sacada el 8 de septiembre. En dicha red había un ejemplar muerto de golondrina en avanzado estado de descomposición. Dicha acta de denuncia también fue remitida a la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona. 

Por ahora sólo está imputado el secretario-administrador de la comunidad de vecinos, aunque se deja la puerta abierta para que se investigue a otras personas.

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