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Había un acuerdo. Un pacto. Un compromiso. Una fecha para sacar a los camiones de la N-340. Pero ante el incumplimiento del Ministerio de Fomento, lo que hay ahora son otros tres muertos.
Es lo que más indigna a los municipios que sufren la carretera. Con más dolor en L’Arboç, de donde eran las tres víctimas mortales del accidente del domingo.
Vecinos y representantes de los municipios que sufren la carretera desde L’Arboç a Altafulla guardaron tres minutos de silencio en L’Arboç en señal de duelo y de indignación por la incapacidad para implantar la solución acordada, pactada y prometida. Los alcaldes también firmaron una carta dirigida al ministro de Fomento Iñigo de la Serna para recordarle que dijo que el 1 de enero los camiones ya no llenarían la N-340.
«De haberse cumplido, quizá nuestros vecinos no hubiesen muerto», señaló conmocionado el alcalde de L’Arboç, Joan Sans, quien se dirigió a Fomento para preguntar «¿cuántos muertos más en la N-340, señor ministro?». Las tres víctimas eran muy conocidas: la encargada de la limpieza del Col·legi Residència, su madre y el encargado del mantenimiento del mismo colegio. El pueblo está conmocionado, señaló Sans.
«Había una fecha para sacar los camiones de la carretera», reiteróLa presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, Eva Serramià, recuerda que «se llegó a un acuerdo pero hemos puesto otras tres víctimas. Son nuestros muertos». Serramià no acepta que se pongan excusas de última hora a un acuerdo cerrado. «Estamos indignados, tristes y dolidos».
El acuerdo
Los municipios, que llevan años denunciando la peligrosidad de la carretera, se creyeron al conseller de Territori Josep Rull cuando en agosto anunció que los camiones dejarían la N-340 entre Castellón y L’Hospitalet de l’Infant y entre Vilafranca y Tarragona. Todos los vehículos pesados serían desviados a la autopista AP-7, dijo.
Hasta 25 municipios aprobaron la solución para librarse del elevado volumen de tráfico que en localidades como L’Arboç pasa, además, por el centro urbano. La fecha era en enero de 2018. La medida de la Generalitat la aceptó el Ministerio de Fomento.
La solución sacaría de la carretera 4.000 camiones diarios entre L’Hospitalet de l’Infant y Tarragona. Los camiones de paso desviados a la AP-7 tendrían una bonificación del 42,5% del peaje.
La reducción para los que hacen desplazamientos locales sería del 50%. También habría bonificación del 100% para los vehículos ligeros que realicen un trayecto de ida y vuelta en 24 horas entre Vilafranca y Alcanar.
Poco antes de acabar el año, el ministro dijo que «se trabaja intensamente para materializar el compromiso adquirido», pero evitó poner fechas «porque los informes son complejos y el trámite no es sencillo». Adelantó que «es temprano para saber si podremos llegar al mes de enero».
La Rioja
De la Serna explicó que en el caso de La Rioja, donde funciona un modelo similar, se tardó «unos cuantos meses en conseguir los informes para hacer la aprobación en Consejo de Ministros».
En la carta que los alcaldes envían al titular de Fomento recuerdan que 2017 acabó con un accidente en Vinaroz en el que perdió la vida un matrimonio de 47 y 42 años y que 2018 ha comenzado de la misma manera con el accidente de un camión en L’Aldea, otro en Castellet i la Gornal y el de los tres fallecidos y tres heridos del domingo en El Vendrell.
Los alcaldes recuerdan los años de reclamaciones. Ahora temen que la solución esté atascada en algún despacho mientras sigue el goteo de muertes. En cambio, soluciones similares están en la variante de Logroño y, próximamente entre León y Astorga.
Exigencia
La situación es de exigencia para que la medida sea inminente. «La ciudadanía y nosotros empezamos a tener dudas de la voluntad política de llevarlo a cabo en esta provincia, señala la carta.
Por su parte, los alcaldes de Terres de l’Ebre también exigen celeridad para implementar los desvíos bonificados de los camiones. Pero como solución provisional.
La solución definitiva, como se pide entre L’Arboç y Altafulla, es que la autopista AP-7 sea gratuita. Los alcaldes de la zona del Ebre condenan que «el Estado sigue apostando por salvar a las concesionarias y pone sus intereses por delante de los de los ciudadanos».
